Amnistía Internacional pide acordar una agenda de derechos humanos en Euskadi

Amnistía Internacional ha considerado este miércoles que es el momento de que instituciones y partidos acuerden "una agenda común de derechos humanos para el País Vasco", que sea primero "compartida y asumida" en el ámbito de la Comunidad Autónoma y que después lo sea por el Gobierno central.

La organización ha presentado este miércoles en Bilbao el informe "Afrontar el pasado para construir el futuro: verdad, justicia y reparación en el contexto del País Vasco", y ha instado a los partidos con representación en el Parlamento "a buscar puntos en común" en aras a lograr concretar en esta legislatura esa agenda común basada en el Derecho Internacional.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha explicado que debería empezar por "garantizar por completo el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas" de ETA y de otros grupos armados como el GAL y el Batallón Vasco Español.

Ha aseverado que "deben investigarse judicialmente los atentados de ETA que aún están sin esclarecer" ya que, según los datos de Dignidad y Justicia, 377 de esos crímenes terroristas siguen sin resolverse, y ha indicado que falta información oficial sobre las víctimas que han logrado reparación económica.

AI cree que la agenda de derechos humanos debe incluir "un reconocimiento público de las autoridades vascas y del Estado del daño causado por la tortura" y asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las personas que hayan sufrido malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista.

Plantea hacer "una autoría externa" de los mecanismos de las investigaciones internas de Fuerzas de Seguridad del Estado sobre abusos policiales, que debería implicar a la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como a la Ertzaintza, para que puedan llevarse ante la justicia todos los posibles casos y que se pueda suspender a los agentes implicados.

Ha recordado que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado desde 2010 siete veces a España por falta de investigación del delito de tortura en el marco de la lucha antiterrorista" y ha confiado en que el proyecto de ley vasca de policía incluya esta medida "para dar mayores garantías a los detenidos y también para que los buenos policías, que son muchos, hagan su trabajo con tranquilidad".

La agenda de AI pide instar al Gobierno central a revisar la legislación antiterrorista para adecuarla a estándares internacionales en derechos humanos y que desaparezca, por ejemplo, el régimen de incomunicación de los detenidos.

También plantea revisar la política penitenciaria de dispersión de los presos de ETA y que quién lo solicite individualmente, "pueda cumplir condena cerca de sus lugares de arraigo", según los principios de Naciones Unidas y sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Beltrán ha asegurado que, después de presentar el contenido de esa agenda a los partidos vascos y al lehendakari, Iñigo Urkullu, todos le han transmitido su convicción de que "es posible crear una agenda común" y si se logra en el País Vasco "será mucho más fácil trabajar con el Gobierno central", al qué se la detallará en próximos días.

Ha valorado la sinceridad de los representantes vascos si bien ha constatado que pueden tener "problemas", "no tanto con las medidas que incluye esa agenda, sino con el lenguaje".

De ahí la importancia de que sea una agenda "sin contexto y basada en el Derecho Internacional" para avanzar en la reparación y la convivencia, ha reflexionado, al tiempo que ha restado importancia al marco en que se aborde ese debate, "bien sea la ponencia de Memoria y Convivencia o bien sea en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento".

Desde la experiencia de AI en otros conflictos, "o lees la página de lo ocurrido, o nunca pasas página", ha sentenciado Beltrán.

El director adjunto de campañas para Europa de Amnistía Internacional, Fostis Filippou, ha advertido de que el endurecimiento de las medidas antiterroristas ha llevado a los Estados a adoptar "medidas desproporcionadas" y así, por ejemplo en España, "se ha limitado la libertad de expresión y la libertad artística".

Ha pedido que aproveche la oportunidad de avanzar hacia una convivencia normalizada en España: "Ya es el momento de que España pueda avanzar en el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas" de la violencia y solo así "se cerrarán las heridas que la violencia ha dejado abiertas durante casi medio siglo".

En la comparecencia de AI han intervenido Mari Carmen Hernández, la viuda de Jesús María Pedrosa, edil del PP de Durango asesinado por ETA en el año 2000, y Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, secuestrado, torturado y asesinado por el GAL, y quién también ha denunciado haber sufrido torturas tras una detención.

Ambas han relatado su vivencia personal de la violencia y han coincido en destacar que "el relato de las víctimas es único, porque todas sufren el mismo dolor", y así han reclamado que se investiguen y se reparen todos los casos de violaciones de derechos humanos.