Procesamiento sin precedentes

La confirmación por la Sala de Apelaciones del Supremo del procesamiento del fiscal general, imputado por el juez instructor Ángel Hurtado de haber revelado información ... confidencial de un justiciable investigado por fraude tributario –el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador–, sitúa al Estado de derecho y al entramado institucional español ante un hecho insólito desde la instauración de la democracia. El rechazo del tribunal, con el voto de dos de sus magistrados y el discrepante del tercero, al recurso presentado por Álvaro García Ortiz convertirá a éste en el primer responsable del Ministerio Público en ser enviado al banquillo por la posible comisión de un delito. Es decir, el acusador pasará a ser el acusado. Una circunstancia tan anómala como para que el legislador no previera qué hacer en una tesitura semejante. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sí fija para sus miembros el deber de guardar «el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de su cargo», con amenaza de castigo si se incumple; y esta normativa, incardinada con la ley que regula el Poder Judicial, abre la puerta a la suspensión de empleo y sueldo de los funcionarios en caso de procesamiento. Pero las previsiones no alcanzan a la figura del fiscal general, especialmente protegida por el peso de su función en el ordenamiento constitucional. De tal forma que es García Ortiz el que resuelve si continúa en el cargo, como ha sido su intención hasta ahora, o renuncia al mismo.