La condonación de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas (17.000 a Cataluña) que aprobará el Consejo de Ministros a comienzos de ... septiembre ya levantó una tormenta política cuando se anunció, que su tramitación agudizará ahora. El trasfondo es evidente: Pedro Sánchez necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes para sostener su mayoría, y la comunidad más endeudada, resulta la gran beneficiada. Para suavizar el agravio, el presidente ha extendido la medida al resto de autonomías, aunque el gesto no disipa la percepción de privilegio. Los territorios que han sido austeros, en esencia los gobernados por el PP, denuncian esta medida y consideran que se genera un incentivo perverso: gastar más y endeudarse sin temor a consecuencias. Advierten de que la deuda no se esfuma, solo se traslada al Estado, por lo que el problema estructural se mantiene intacto. Esta mutualización encubierta refuerza la exigencia de una reforma de la financiación autonómica, que garantice más justicia a la singularidad de muchas regiones y evite que el desequilibrio territorial se convierta en una herramienta de negociación política permanente.
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