Los transportistas solicitarán a las Juntas de Gipuzkoa la suspensión temporal del peaje en la N-1 y A-15

Lo tienen claro los transportistas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anula el peaje para camiones de la N-1, luego sus tres arcos de Irun, Andoain y Etzegarate deben dejar de cobrar. Así lo han pedido desde que el viernes se publicara la resolución judicial. Primero a la Diputación de Gipuzkoa, como titular de la infraestructura, y ante su negativa, se lo solicitan ahora a los grupos políticos de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Si el Parlamento guipuzcoano tampoco exige esta medida, tienen previsto acudir al propio TSJPV para que sea un juez el que dicte la ejecución provisional de la sentencia, o lo que es lo mismo, ordene que se suspenda el cobro automático a vehículos pesados. Puede incluso que no tengan que recurrir a esta gestión. Confían en que el Tribunal Supremo no admita a trámite el recurso de casación que preparan los letrados de la Diputación. Si esto ocurriera, se acabó la vida del peaje.

Esta es la hoja de ruta acordada ayer por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), organización que engloba a las principales asociaciones de transportistas de España y que ha conseguido un fallo estimatorio a su recurso contra el peaje de la N-1 en el TSJPV. Según sus servicios jurídicos, no es posible legalmente exigir la ejecución de la sentencia que anula el canon hasta que la institución foral agote el plazo que tiene para formular la casación. 30 días hábiles. Así que mientras llegue ese momento, la alternativa elegida ha sido la de pedir el amparo del Parlamento guipuzcoano y, de paso, mantener vivo el debate en el territorio.

Fuentes del CNTC señalaron ayer que «nos ha llegado información de que al menos dos grupos políticos de las Juntas discuten a la Diputación en este tema y que la unanimidad que vende no es tal, por eso solicitamos a las formaciones de la Cámara que promuevan ellos, que sí pueden hacerlo ahora, la suspensión del peaje».

Los transportistas lanzan así una patata caliente a los grupos de las Juntas Generales recordando que, si la sentencia del alto tribunal vasco no es revocada, «los perjuicios para las arcas públicas del territorio serían mayores en caso de que haya que devolver el dinero cobrado». Para que la medida aprobada ayer en Madrid tenga éxito, semejante argumento necesitaría quebrar la alianza que PNV y PSE -con mayoría en el Parlamento- mantienen en el Gobierno foral.

Si las Juntas no instan a la Diputación a que pare de cobrar a los camiones el peaje de la N-1, la segunda carta que baraja el CNTC para conseguir el mismo objetivo está en posesión del Tribunal Supremo, instancia ante la que los abogados forales presentarán el recurso de casación. Los transportistas aseguran que tienen esperanzas fundadas en que este tribunal no admita a trámite el texto que le llegue desde Gipuzkoa. Explican que se debe «justificar interés casacional objetivo para que el recurso sea admisible y consideramos que la sentencia está lo suficientemente motivada y fundamentada en la normativa europea sobre tarificación de las carreteras, que no suscita problema interpretativo alguno».

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, no es tan sencillo que se produzca la admisión a trámite, una posibilidad cada vez más acotada desde 2016. Ese año entró en vigor la Ley Orgánica 7/2015, por la que se reformó el procedimiento de casación de la jurisdicción Contencioso Administrativa ante el Supremo. Este tribunal decide a qué impugnaciones da cauce y a cuáles no. Lo resuelve caso a caso «y se queda con muy pocos», explica una fuente judicial de total solvencia, quien describe el proceso al que tendrá que enfrentarse la Diputación como una suerte de «ruleta rusa» en la que no existe certeza de que el recurso vaya a superar tan siquiera la primera criba, la de la admisión.

La misma fuente admite que la impugnación puede pasar el filtro si el Supremo encuentra en el asunto en conflicto una justificación como la de asentar una doctrina con carácter general, algo que se ajusta al caso del peaje de la N-1, preocupante para los transportistas precisamente por su capacidad para sentar un precedente que se pueda extender a otras carreteras del Estado.

En el caso de que la suspensión del cobro de los arcos no fuera acordada ni por las Juntas Generales, ni por la inadmisión a trámite del recurso de la Diputación, las asociaciones de transportistas manifestaron ayer su «intención» de solicitar al juez del TSJPV la ejecución provisional del fallo judicial.

Mientras tanto, en relación a la posibilidad de recuperar todo el importe recaudado, Fenadismer, la mayor asociación española de transportistas, ya recomendó ayer a todos los transportistas afectados que conserven tanto las facturas de los peajes abonados como de las sanciones impuestas a los transportistas que no se registraron en su día en el nuevo sistema. También anunció que comunicará a las asociaciones europeas las consecuencias del fallo que se dio a conocer hace una semana.