Trabajadoras de residencias en huelga critican los servicios mínimos del 80% decretados por el Gobierno Vasco

Las trabajadoras de residencias de mayores que participan en la huelga convocada en el sector por el sindicato ELA han criticado este viernes los «servicios mínimos del 80 %» decretados por el Gobierno Vasco, así como su aplicación «por parte de las empresas afectadas».

La responsable sectorial de ELA, Janire Díaz, ha ofrecido una rueda de prensa ante el Palacio de Justicia de San Sebastián para denunciar esta situación, en la que ha estado acompañada por Ana Sastre, portavoz de las huelguistas, muchas de las cuales han arropado a ambas con su presencia a lo largo de la comparecencia.

Durante su intervención, Díaz ha leído un comunicado en el que ha lamentado las afecciones que los servicios mínimos están causando a su «derecho a la huelga». «¿Cómo podemos entender que la delegación de Trabajo del Gobierno Vasco imponga unos servicios mínimos del 80%, que a su vez suponen más personal de lo que la delegación de Políticas Sociales del mismo Ejecutivo decreta como atención mínima en las residencias?», se ha preguntado la representante de ELA.

Una paradoja que, según ha comentado, resulta de «fácil explicación» pues, en su opinión, el «objetivo» del departamento de Trabajo es «el boicot de la huelga a través de la imposición de unos servicios mínimos muy altos», mientras que, por otra parte, el departamento de Política Social «sólo busca el ahorro de sus instituciones, poniendo poco personal», sin que «ni a unos ni a otros les importen lo más mínimo las condiciones de vida de nuestros mayores».

Díaz ha recordado, por otra parte, que la orden de servicios mínimos «está judicializada en el TSJPV, ya que el aumento de éstos se hizo según un cuestionario pasado a las empresas implicadas en el conflicto y sin haber realizado ninguna inspección por parte de la Diputación».

Por otra parte, ha desvelado la existencia de un juicio contra una de las empresas que gestiona varias residencias y centros de día en distintas localidades guipuzcoanas por «sus prácticas con los servicios mínimos», al obligar presuntamente a las trabajadoras a «cubrirlos de forma fraccionada en una misma jornada cinco o seis veces, incluso con turnos de seis minutos».

«El único objetivo de estas prácticas es impedir a la trabajadora realizar su derecho a huelga de una manera digna, teniendo que entrar y salir hasta ocho veces en un turno y en ocasiones en descansos o períodos de trabajo de seis minutos», ha denunciado. Una situación que, a su juicio, «genera a las trabajadoras más tiempo de trabajo del que les corresponde o que ninguna pueda hacer una jornada entera de huelga en muchas de las residencias».