La nacionalización de extranjeros bate récords en Gipuzkoa con 3.000 casos el año pasado

En un contexto en el que el Gobierno acaba de aprobar en noviembre un nuevo Reglamento de Extranjería para mejorar la integración de los inmigrantes, y en el que el lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que Euskadi tenga más competencias sobre inmigración ante la crisis de falta de mano de obra, las nacionalizaciones por residencia batieron el año pasado todos los récords. En Gipuzkoa, 3.000 ciudadanos obtuvieron su nuevo pasaporte. Es un 22% más que el año precedente (2.462) y un 21% más que el máximo anterior, los 2.477 de 2021. También se registró un récord histórico en el conjunto de Euskadi (9.966 casos) y España (240.208).

En el caso de Gipuzkoa, el colectivo más numeroso en obtener la nacionalidad el año pasado fue el de los nicaragüenses, con 602 personas. Le siguieron marroquíes (542) y hondureños (372). A distancia, el 'top ten' lo completaron paquistaníes (181), colombianos (148), venezolanos (125), dominicanos (99), argelinos (75), cubanos (74) y nigerianos (72).

Ahora bien, no todas estas personas nacieron fuera. Muchos de ellos han venido al mundo en España. Exactamente uno de cada cinco. Son los hijos o nietos de quienes abandonaron su tierra en busca de una vida mejor en Europa. Ciudadanos que a pesar de haber nacido ya en el país, no tienen de saque la nacionalidad.

Atendiendo al país de nacimiento en lugar de a la nacionalidad previa, el grupo más numeroso sigue siendo el de los oriundos de Nicaragua (567), pero los dados a luz en España ocupan la segunda posición, con 530 casos. El ránking continúa con ligeras variaciones en cuanto a los países antes mencionados, aunque las cifras varían, como demostración de que entre los hondureños, paquistaníes o colombianos que acceden al pasaporte español una parte son nacidos en la península ibérica.

Especial mención merecen a este respecto los marroquíes. Ampliando el periodo de análisis, desde 2013 se han nacionalizado en Gipuzkoa 23.390 personas. En este caso la comunidad más numerosa a la hora de cambiar ha sido la de Marruecos, con 4.577 casos. Pero atendiendo al país de nacimiento, de ellos solo 2.615 (menos del 60%) son nacidos en el país norteafricano. El otro 40% ha nacido en otro país, diferente al que figuraba en sus documentos de adscripción nacional. En este caso, se entiende que en la mayoría de casos, ese otro país distinto a Marruecos es España.

De hecho, España es el principal lugar de nacimiento de los nacionalizados en los últimos once años. De los 23.390 expedientes aprobados, 4.204 han sido para nacidos en el país. Le siguen a distancia los originarios de Marruecos (2.615), Nicaragua (2.454), Colombia (1.829), Honduras (1.691), Ecuador (1.386), República Dominicana (1.130), Bolivia (998), Pakistán (980) y Perú (784).

Como norma general, para optar a la nacionalidad española se requiere haber residido en el país durante 10 años «de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud». Pero hay excepciones.

Para las personas con la condición de refugiadas, ese plazo se reduce a la mitad, 5 años. Para los nacionales de países iberoamericanos y de aquellos con los que España mantiene lazos históricos y acuerdos especiales (Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal), así como para las personas de origen sefardí (descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica a finales de siglo XV), la exigencia se acorta hasta los 2 años. Y para los que tienen vínculos más estrechos, como los nacidos en España; las personas que estén o hayan estado bajo la tutela o acogimiento en el país durante dos años consecutivos; estén casadas con un/a español/a; o sean hijos o nietos de españoles emigrados, basta con un año de residencia en el país.

Además, se deben presentar certificados como el de antecedentes penales; demostrar un conocimiento básico del idioma español (nivel A2) mediante el título correspondiente o realizando una prueba oficial (DELE) –de la que están exentos los nacionales de países donde el castellano es lengua oficial–, y certificar un nivel mínimo de integración y conocimiento de la realidad de España mediante la realización de una prueba, llamada de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE), que elabora el Instituto Cervantes.

Este test, que se realiza principalmente en centros de enseñanza de español para extranjeros los últimos jueves de cada mes (excepto agosto y diciembre), consta de 25 preguntas de diferentes ámbitos divididas en cinco bloques temáticos de las que el aspirante debe acertar 15 para ser considerado apto.

Philippe Robertet, subdirector de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, explica que esas 25 preguntas surgen de un repositorio de 300 cuestiones concretas que son públicas, varían ligeramente cada año, y abarcan desde aspectos legales y de ordenación política y competencial del Estado, hasta geografía, historia y cultura general de España, pasando por cuestiones de actualidad social y costumbres del día a día.

Así, se pregunta desde cómo se aprobó la Constitución a cuántas provincias hay en España, cuál es el teléfono de emergencias, las normas en las comunidades de vecinos o los ingredientes de la sangría o la tortilla.

Robertet subraya que al tratarse de un catálogo cerrado de 300 preguntas, «el examen se puede preparar, y de hecho hay academias y asociaciones que prestan este servicio». En cualquier caso, admitiendo que hay preguntas que pueden exigir un nivel de conocimiento que ni siquiera muchos españoles serían capaces de responder acertadamente, la mayoría son cuestiones sencillas de cultura general o hábitos y costumbres enraizados en la sociedad. De hecho, destaca que «la tasa de aptos es del 96,83%».

En Euskadi la prueba se desarrolla en las tres capitales. En San Sebastián, la semana pasada se realizaron el martes (exámenes adaptados a personas con necesidades especiales) y el jueves. A este respecto, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, remarca que «para el Gobierno de España es muy importante que este tipo de pruebas que posibilitan la obtención de la nacionalidad española se realicen, periódicamente, en todos los territorios del conjunto de España, en este caso, en el País Vasco. Necesitamos incorporar e integrar en nuestra sociedad, de manera legal, a quienes quieren compartir nuestro proyecto plural de país, como ciudadanas y ciudadanos españoles de pleno derecho y contribuir a su desarrollo, progreso, bienestar y cohesión social».