A juicio el grupo acusado de prostituir a siete venezolanas las 24 horas del día en Donostia

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los cinco acusados principales –los tres hombres y las dos mujeres de Venezuela– a los que se les acusa de trata de seres humanos, de atentar contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de tráfico ilegal de inmigrantes, se dedicaron «al menos» desde febrero de 2017 hasta julio de 2019, a introducir a mujeres en España de forma ilegal para explotarlas sexualmente, «como una forma de obtención rápida» de dinero. Además, las utilizaban para el tráfico de drogas, que distribuían entre los clientes.

Se recogen las conclusiones provisionales del Ministerio Público, a las que ha tenido acceso este periódico, el grupo criminal contactaba con las víctimas en Venezuela, normalmente mujeres en situación económica vulnerable, a las que ofrecían una vida más próspera. Además, el contexto de conflicto político-económico en el que estaba inmerso el país sudamericano, también empujaba a estas mujeres a aceptar una salida laboral en España. Habitualmente les ofrecían trabajo como cuidadoras, limpiadoras o recepcionistas. En algunos casos sí les planteaban ejercer la prostitución, aunque en condiciones «de autonomía e independencia».

Una vez aceptada la propuesta de cruzar el charco en busca de una vida mejor, la banda simulaba que las mujeres viajaban de turismo. Para ello adquirían billetes de avión, realizaban reservas hoteleras ficticias y entregaban a las chicas grandes cantidades de dinero. Aquí entraban en juego los dos cooperantes necesarios: el responsable de un hotel rural situado en Burgos les proporcionaba las falsas reservas, y un piloto de avión les conseguía billetes a menor coste, «a sabiendas que eran empleados para el transporte de mujeres destinadas al ejercicio de la prostitución». Ambos se enfrentan a una petición de pena de 4 años de prisión por tráfico ilegal de personas.

Una vez llegaban a Donostia, se les trasladaba a un piso en el que eran obligadas a ejercer la prostitución, y a vender droga entre sus clientes, actuando así como mulas.

Las condiciones eran infrahumanas. Debían prestar servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descansar en caso de que un cliente requiriera sus servicios, a los que no podían negarse. Todo ello sin importar su «afectación física, psíquica y emocional», y mientras eran vigiladas con cámaras y se les arrebataba el pasaporte. Además, de entrada ejercían la prostitución de forma gratuita, hasta que pudieran saldar con los proxenetas la deuda adquirida por el traslado a España, que llegaba a ser de 2.000 euros. Una vez hubieran liquidado este dinero, percibían solo el 50% de los ingresos derivados de las actividades sexuales.

Las víctimas eran sometidas a una «presión constante», bajo la amenaza de que no iban a recibir ninguna cantidad de dinero, que podrían tener multas o que ellas o sus familias podían sufrir daños físicos. Estas cinco personas, todas ellas a su vez venezolanas, se enfrentan a penas que van de los 158 a los 48 años de prisión. Los dos españoles se exponen a 4 años cada uno.