Goia reitera que los pisos turísticos de Donostia no se quedarán en un limbo legal

Al equipo de gobierno de San Sebastián no le ha cogido por sorpresa el último revés judicial, que en resumidas cuentas, termina por tumbar la ordenanza de pisos turísticos, si bien no atenta contra el contenido de la misma, sino contra la forma. El alcalde Eneko Goia ha reconocido esta mañana en rueda de prensa que no eran «especialmente optimistas» con el recorrido de los recursos interpuestos por el Ayuntamiento hasta la fecha, y por ese motivo, hace más de un año que se empezó a labrar una vía alternativa que en marzo blindará la regulación de las viviendas de uso turístico, y garantizará a los propietarios de los 1.200 pisos turísticos «mayor seguridad jurídica».

En este periodo que separa el decaimiento de la propia ordenanza y la entrada en vigor del nuevo marco regulador, Goia ha señalado que ese millar de viviendas «no estarán en ningún limbo legal», y que continuarán «como hasta ahora».

Lo que sí asombró ayer al regidor donostiarra fue «el tono» de la nota publicada por EH Bildu, en la que «pretende describir la antesala del caos» y en la que «parece que les produce satisfacción que se perjudique a un sector que ahora no lo está pasando precisamente bien», ha señalado en referencia a la caída del sector turístico por la pandemia. De hecho, «desde hace diez meses no se ha registrado ninguna nueva licencia de actividad», ha dicho.

El Tribunal Supremo, dictó el 21 de enero una providencia -no una sentencia- por la cual no admite a trámite el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en la que anulaba dicha ordenanza, no tanto por su contenido, sino porque entendía que el instrumento de la ordenanza municipal no era la adecuada para regular los usos urbanísticos, sino que estos debían estar recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras aquella sentencia, el Gobierno municipal llevó a cabo tres cuestiones. Por un lado, recurrió la sentencia al propio TSJPV , que por el momento no se ha pronunciado al respecto; por otro, recurrió en casación al Supremo, que no ha admitido dicho recurso; y por último, el Ayuntamiento donostiarra optó por una tercera vía para blindar el contenido de la normativa de las viviendas de uso turístico, como es atender a las consideraciones del Superior vasco y regular estos alojamientos en el Plan General.

Esto es, el equipo de gobierno municipal inició una tramitación para incorporar el marco regulatorio de las viviendas de uso turístico al PGOU, a través de sus Normas Urbanísticas Generales. Estas normas, explican fuentes de Alcaldía, requieren de tres aprobaciones en el Pleno -inicial, provisional y definitiva-. La aprobación provisional recibió luz verde en el pasado mes de diciembre y «están pendientes del último trámite que es la aprobación definitiva y de un informe favorable de la COPV», por lo que previsiblemente será en la sesión plenaria de marzo cuando se vote la aprobación definitiva. De esta forma, el marco regulatorio de las viviendas de uso turístico pasará a formar parte del Plan General, «norma de rango superior, tal y como pidió el TSJPV, lo que otorga una mayor seguridad jurídica», alegan.

De esta forma, una vez que se la tramitación para modificar el Plan General concluya, se mantendrán los requisitos exigidos para poder desarrollar la actividad de vivienda de uso turístico. Es decir, la ciudad seguirá dividida en tres zonas. La zona A, que engloba la Parte Vieja y el Muelle, y que se considera zona saturada, por lo que no está permitida la implantación de nuevas viviendas de uso turístico.

La zona B, abarca Gros, Amara -hasta Pío XII-, el paseo de Francia y partes de Egia y el Antiguo. En esta parte de la ciudad, no se permite la concesión de más licencias en los edificios una vez se superen los 250 metros cuadrados de actividad económica. Además de los alojamientos en primera planta, podrá haber una VT en plantas altas por cada seis alturas, siempre que la superficie no supere los 250 metros cuadrados de usos no residenciales. Y por último, la zona C, corresponde al resto de la ciudad, donde se flexibilizan las condiciones hasta los 350 metros cuadrados de usos no residenciales y dos pisos turísticos por cada seis plantas en altura.