Familiares exigen a Diputación que solucione el conflicto de las residencias y mejore el cuidado de los mayores
La portavoz foral Eider Mendoza reconoce dificultades jurídicas para compensar a las familias por la huelga
AGENCIAS
Martes, 5 de noviembre 2019, 15:29
Familiares de ancianos y dependientes ingresados en residencias de Gipuzkoa han exigido este martes a la Diputación Foral que «solucione de inmediato» el conflicto laboral en este sector y afronte después mejoras en el servicio de cuidados a los mayores que, a su juicio, es ya de por sí «precario».
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Xabier Pierrugues ha hecho estas declaraciones a los medios informativos como portavoz de Gipuzkoako Senideak, la asociación que han creado cerca de 140 allegados de usuarios de las residencias y centros de día del territorio, y que se han vuelto a concentrar este martes ante el Palacio Foral, en San Sebastián, con una pancarta con el lema 'Diputación, solución'.
Sus familiares mayores o dependientes son «clientes directos» de esta institución, dado que es la que les asigna y cobra por las plazas concertadas, ha dicho Pierrugues, quien ha recalcado que, como tales, les debe «aportar una solución» a la actual situación.
Ha advertido de que Gipuzkoako Senideak «no entra en el problema laboral» existente (que acumula 118 jornadas de huelga desde septiembre de 2018), ni en las reivindicaciones de las trabajadoras, porque consideran que es el gobierno foral el que tiene que «poner fin» al conflicto.
«La Diputación -ha denunciado- da una plaza a nuestro familiar (en una residencia) pero luego resulta que no se cumplen los cuidados mínimos y cuando hay huelga menos aún». Ha reclamado en consecuencia que, «para empezar, se restablezcan al cien por cien» los servicios, es decir, poniendo fin a las huelgas, y después emprender la mejora de las tareas de cuidado a los mayores «porque hay mucho que mejorar».
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Respecto a la reunión que miembros de la asociación mantuvieron el pasado día 31 con la diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, el portavoz la ha valorado «positivamente» y ha destacado «el ambiente participativo y cooperativo» mostrado por la responsable foral.
Según ha señalado, Peña se comprometió a «mejorar la situación básica de los residentes», «incrementar la plantilla en 850 personas para 2020», poner en marcha como experiencia piloto «la compra de alimentos locales» en los centros gestionados por el organismo autónomo Kabia y «crear nuevas residencias por el incremento de la demanda».
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Pierrugues se ha mostrado esperanzado respecto al «espacio de colaboración» creado con el departamento de Políticas Sociales porque creen que a partir de ahora los usuarios, a través de sus allegados, podrán «opinar sobre la falta de cuidados y sobre futuros proyectos».
«La mejora de la atención básica es prioritaria para los residentes», ha recalcado la asociación, que ha instado a la Diputación a que «de manera inmediata» aplique «las mejoras que puedan ser de rápida implantación», haga «una revisión de las plantillas» de los centros y constituya «un órgano permanente» con los familiares para «garantizar el buen cumplimento del servicio».
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Respecto a su demanda de «devolución de las cantidades cobradas a los usuarios de manera incorrecta» durante los días de huelga, el portavoz ha indicado que la diputada les ha respondido que están a la espera de su análisis por parte de los servicios jurídicos forales.
Por su parte, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha hecho una valoración también «positiva» de la reunión con los familiares de residentes y ha dicho que en la misma se ha «restablecido la confianza para que pueda haber una buena comunicación y una buena resolución del problema».
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En una rueda de prensa en San Sebastián para dar cuenta de los asuntos tratados en el consejo de gobierno foral, Mendoza se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la reivindicación de la asociación de devolución del dinero cobrado durante los días de huelga. Ha reconocido que «jurídicamente» existen dificultades para atender esta demanda, aunque ha insistido en que la Diputación se comprometió a «estudiar» el asunto para ver qué medidas se pueden adoptar.
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