Se triplica el número de extranjeros que logra la residencia en Gipuzkoa por arraigo familiar

Llevar tres años empadronado y contar con una oferta de trabajo, tener un familiar directo con nacionalidad española, estar matriculado en un curso de formación profesional o acreditar dos años de estancia en el territorio en el que ha existido alguna relación laboral son los diferentes requisitos que deben cumplir los extranjeros que quieren regularizar su situación en Gipuzkoa, y en el conjunto del Estado. La normativa que regula estos cuatro tipo de arraigos ha tenido sus «vaivenes» en los últimos años, pero los datos hablan por sí solos y las conclusiones son claras: el número de inmigrantes que logra la residencia en el territorio por arraigo familiar se ha triplicado en un año, hasta alcanzar los 905, si bien la mayoría de quienes consiguen tener sus papeles en regla lo hacen a través del arraigo social, esto es, por llevar tres años de estancia y tener una oferta de empleo. Fueron 1.706 los extranjeros que utilizaron esta fórmula en 2023, últimos datos disponibles recogidos por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), organismo perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total, a finales de ese ejercicio se contabilizaron 3.321 autorizaciones de residencia en Gipuzkoa por alguno de estos arraigos, y 12.039 en el conjunto de Euskadi.

Las personas que se han acogido al arraigo familiar han aumentado un 179,3% en un año en el territorio, y son ya una de cada cuatro de quienes han logrado regularizar su situación por esta vía en el País Vasco. Se puede optar al arraigo familiar «en el supuesto en el que la persona solicite el permiso porque tiene un familiar directo de nacionalidad española», explica Mikel Mazkiaran, abogada de SOS Racismo Gipuzkoa. Existe la opción de demandar esta autorización hasta los 21 años de edad o, «en casos excepcionales, cuando se pueda acreditar una dependencia». Si hasta ahora se pedía desde el Estado, «cuando se pruebe el nuevo reglamento va a tener que solicitarse desde el país de origen» lo que, según Mazkiaran, «complica el proceso». De media, antes de conseguir el permiso estas personas están 1,9 años en situación irregular y la mayoría de quienes solicitan este tipo de autorización en Gipuzkoa, más de medio millar, son mujeres.

¿Pero, por qué se ha disparado el número de extranjeros que consigue los papeles por el arraigo familiar? Es una medida que «se solapa con la tarjeta de familiar comunitario», otro tipo de permiso de residencia que se concede a los familiares de ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza cuando se reúnen con ellos o les acompañan en el país. «La clave de todo esto es que España amplía este concepto a los propios españoles, de manera que a veces es casi una elección pedir la tarjeta o el arraigo, pero los requisitos de este último son más sencillos», por lo que cada vez más los extranjeros optan por esa opción, tal y como han hecho 3.874 personas para lograr la residencia en Euskadi durante el último año del que hay registros. Son un 32,3% del total de quienes solicitaron algún tipo de arraigo en el País Vasco ese mismo ejercicio, según datos del OPI recogidos en un informe por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y Caixabank Dualiza.

Además del aumento del número de personas que han conseguido regularizar su situación por tener un familiar directo en Gipuzkoa, llama la atención el incremento que se ha dado en el arraigo por formación, que se dispara. Solo en un año, ha crecido un 1.195,6% en Gipuzkoa. Este alza tiene su origen en que esta es una figura que «nace con una reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en agosto de 2022, pero que no especificó los requisitos y la forma de proceder hasta octubre, por lo que ese año apenas hubo solicitudes». De ahí que en el territorio se haya pasado de 46 solicitudes aprobadas en 2022 a 596 en 2023. Y no solo eso. Euskadi es la comunidad que encabeza las concesiones de residencia por arraigo vinculadas a la formación, el 20,3% de todo el Estado (2.439).

Tanto en el conjunto de Euskadi como en Gipuzkoa, la mayoría de inmigrantes que se sacan los papeles a través de alguno de los cuatro tipos de arraigo existentes son nacidos en países latinoamericanos o Marruecos. En nuestro territorio, por ejemplo, destacan los nicaragüenses (18,4%), seguidos de los nacidos en Honduras (16,5%), Colombia (15,7%) y marroquíes (15,5%). Las nacionalidades que lideran la lista de quienes consiguen la residencia en el conjunto del País Vasco es muy similar, aunque con algún matiz. El 21,1% son de origen colombiano, le siguen los que llegan de Marruecos (16,6%) y los de Nicaragua (13,1%). De todos modos, la procedencia de las personas que de una forma u otra comienzan una nueva vida en Gipuzkoa u otro punto de Euskadi es muy diversa, y cuenta con albaneses, australianos, gente de Bangladesh, de Nepal o de Filipinas, entre otros.

Aunque las fórmulas para lograr el arraigo familiar, de formación o social están definidas por la ley, en la práctica a los interesados les lleva «mucho tiempo» conseguir los papeles pese a cumplir los requisitos. En Gipuzkoa, el tiempo medio en situación de irregularidad de quienes consiguieron autorización de residencia en 2023 fue de 3,9 años, según los datos del OPI. Aunque bajó en casi un año comparado con 2022 (4,7), todavía son casi 48 meses sobreviviendo sin papeles. El arraigo familiar y el arraigo laboral parecen, según las estadísticas, los procesos más engorrosos. Si quienes consiguieron el primero estuvieron una media de 5,4 años sin papeles, los que solicitaron el que tiene que ver con el empleo no lograron regularizar su situación hasta 5,5 años después de estar sin la documentación en regla.

Precisamente, el arraigo laboral es uno de los que «más vueltas» ha dado en los últimos años, explica Mazkiaran, y en la actualidad «se da en casos muy especiales». Pasó de ser una figura apenas utilizada a ser «bastante» usada «después de que el Tribunal Supremo, hace ya unos años, editara una sentencia donde decía que los requisitos para este arraigo eran dos años de estancia y acreditar haber tenido una relación laboral en ese tiempo». Esto se demostraba con la vida laboral, lo que quiere decir que la persona inmigrante debía haber tenido un trabajo legal. Es decir, nada de economía sumergida como ocurre muchas veces en el sector de los cuidados, por ejemplo, donde todavía en la actualidad muchas mujeres recién llegadas de sus países, normalmente de algún lugar de Latinoamérica, consiguen un empleo.

Así, quienes encajaban en esta fórmula «eran los solicitantes de asilo, y fueron muchos los que recurrieron a esta medida», dice el abogado de SOS Racismo Gipuzkoa. «Pero entonces, el Supremo volvió a sacar otra sentencia, esta el año pasado, en la que dijo que los solicitantes de asilo no podían pedir un permiso de extranjería de este estilo porque no habían sumado los dos años de estancia, por estar en una situación de tolerancia, no de estancia». De este modo, el permiso laboral «ha pasado de ser una fórmula muy utilizada por este colectivo a usarse en casos muy especiales». En Gipuzkoa apenas 114 personas lograron la autorización de residencia por arraigo laboral en 2023, frente a las 145 de 2021. Y todo apunta que los datos de 2024 serán aún más bajos.

En este contexto, el arraigo social se ha convertido en la vía de entrada de Gipuzkoa de la mayoría de inmigrantes, que consiguen su autorización de residencia después de llevar tres años empadronados en el territorio y tener una oferta laboral, aunque conseguir esta última es «lo más complicado» cuando aún no se tienen los papeles en regla. Según los últimos datos disponibles, 1.706 personas consiguieron su residencia de este modo en 2023 en el territorio, más de la mitad del total, un 51,3%.