Se reabre la polémica sobre el uso del euskera en los ayuntamientos vascos

Si bien el recurso presentado a principios de 2020 por Vox se refería al decreto aprobado en noviembre del año anterior, según ha trascendido el TSJPV -concretamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo- se ha remontado a la ley cuyo contenido desarrolla dicho decreto: la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, aprobada en abril de 2016 por el Parlamento Vasco, sobre cuya constitucionalidad el Tribunal alberga dudas,

Se da la circunstancia de que cuando Carlos Urquijo, delegado del Gobierno de Euskadi entre 2012 y 2016, presentaba en serie recursos contra los ayuntamientos de la CAV que le remitían sus actas únicamente en euskera, y no las daba por recibidas si no iban acompañadas de una versión en castellano, esa ley que ahora podría cuestionarse se planteaba como solución definitiva al conflicto, ya que dotaría de seguridad jurídica a las corporaciones locales a la hora de determinar sus usos lingüísticos.

La Ley en cuestión dedica sendos artículos -el 6 y el 7, respectivamente- a la lengua oficial de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a las competencias de las entidades locales y de los municipios respecto al uso del euskera. La disposición cuya constitucionalidad ha suscitado las dudas de la Sala es, concretamente, el punto 2 del artículo 6, que hace referencia a la posibilidad de que «las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos de las entidades locales» puedan ser redactadas en euskera. Siempre, precisa el texto, «que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera».

También prevé que «cuando las resoluciones, actas y acuerdos se redacten en euskera, se remitirán en esta lengua las copias o extractos a la Administración autonómica y a la Administración estatal, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación básica de régimen local».

El tribunal parece presumir, sin embargo, que esas disposiciones a las que ha puesto bastantes reparos podrían colisionar con los artículos 3 y 14 de la Constitución, en la medida en que pueden, entre otras cosas, «limitar el uso del castellano» Así, antes de tomar una decisión que podría derivar en la remisión de la Ley al Tribunal Constitucional, ha pedido tanto a las partes como al fiscal que completen y amplíen los argumentos a favor de sus respectivas posiciones, y que se pronuncien acerca de la cuestión.

El plazo para presentar las alegaciones pertinentes finaliza el viernes, y fuentes del Gobierno Vasco han confirmado a este periódico que los letrados que han argumentado las que remitirá el ejecutivo autónomo han reiterado que el texto se ajusta a la Constitución.

Kontseilua, por su parte, ha destacado el hecho de que la Sala que al parecer no termina de ver el encaje constitucional del uso autónomo del euskera en la administración local es la misma que anuló el requisito de saber euskera para ser Policía Local de Irun por considerar esa condición «discriminatoria» a la hora de participar en la convocatoria pública.

Paul Bilbao, portavoz de Kontseilua, ha afirmado que «la decisión del Tribunal Superior da continuidad a las tendencias retrógradas que se están promoviendo en la última temporada desde diversos tribunales, y en general desde el conjunto del poder judicial». Del mismo modo, ha advertido de que «el poder judicial, una vez más, quiere hacer suyas las competencias de política lingüística, arrancándola del debate político y parlamentario que le es propio».