Euskadi implantará un servicio específico para atender a menores víctimas de delitos sexuales

Así lo explicó ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que acudió a la inauguración del Curso de Verano de la UPV/EHU, dirigido por la dirección de Justicia de su departamento, y titulado ‘Memoria de testigos y Sistema legal’, y que tendrá lugar en el Palacio Miramar de Donostia hasta mañana.

Con este proyecto, señaló, «tratamos de crear un espacio seguro para atender a los niños, niñas y adolescentes, donde pueda realizarse una evaluación, minimizando los efectos traumáticos y maximizando la posibilidad de obtener evidencias físicas y psicológicas», explicó durante su discurso de apertura.

En un principio, este programa está pensado para menores víctimas de violencia sexual, pero, tal y como expuso, no cierran la puerta a que «en el futuro» pueda atenderse a menores víctimas de otros tipos de violencia. En este sentido, la consejera reconoció que poner en marcha Barnahus requerirá de un trabajo en «estrecha colaboración» entre el programa y el equipo psicosocial «para determinar qué menores serán objeto de entrevistas exploratorias y extendidas, y cuándo y cómo se procederá a la transición a la entrevista forense».

Asimismo, para poder llevar a cabo este nuevo servicio, se contará con un equipo formado por profesionales de la psicología y el trabajo social; un equipo especializado en victimización infanto-juvenil y formación específica sobre el proceso penal, el Estatuto de la Víctima y el trabajo social.

La presentación de este proyecto piloto se enmarca en la celebración del curso de verano ‘Memoria de testigos y Sistema legal’, que se prolongará hasta mañana. Los diferentes especialistas que participarán en el mismo abordarán la memoria de las víctimas para tratar de avanzar en la «unificación de estándares legales y técnico-profesionales», así como en las buenas prácticas que deben llevarse a cabo para mejorar la intervención de los expertos en la obtención y valoración de los testimonios.

Entre los profesionales que tomarán parte, figura el coordinador de los equipos psicosociales judiciales de Euskadi, Fernando Álvarez, quien explicará cómo realizan la obtención y valoración psicológica forense del testimonio infantil y de personas con discapacidad intelectual.

Concretamente en 2020, el equipo psicosocial judicial, adscrito a la Dirección de Justicia y que está formado por un equipo de 34 personas que trabajan en las sedes judiciales de Bilbao, Donostia y Vitoria, recibieron 298 demandas relativas a esta cuestión, una cifra que año tras año va en aumento y así se prevé que siga siendo. Solo en la primera mitad de 2021 ya se han recibido 171 solicitudes.

Esto se debe, por un lado, a la entrada reciente de una ley en vigor que «favorece la prueba preconstituida y la intervención de la declaración judicial por medio de experto». Y por otro, prosigue Álvarez, a la «cada vez mayor sensibilidad de los jueces antes estas situaciones».

Porque pese a que la intervención judicial de un experto «no es obligatoria», sí favorece una toma de declaración más efectiva y con menor impacto para el menor. «A través de un experto, las declaraciones son mejores en cuanto a su contenido y calidad, y se minimiza la revictimización, porque el testimonio se recoge desde un contexto de cercanía, con preguntas más accesibles, adaptadas a la edad y a la situación evolutiva de cada niño, y no desde la frialdad de una declaración judicial en sí misma».