Una donostiarra pierde un piso que Etxebide le había adjudicado por un problema con el correo

María fue durante meses una afortunada beneficiaria de una VPO que nunca ha llegado a disfrutar. La primera noticia que tuvo, sin embargo, fue la de su mala suerte. Cuenta que al acudir un día a su oficina de Lanbide -cobra una pensión baja y le correspondía la ayuda al alquiler- le comunicaron que constaba que había rechazado una vivienda pública. La sorpresa fue mayúscula. «Nunca pude rechazarla porque nunca supe que me habían adjudicado el piso», se queja esta mujer de 70 años, que no solo ha perdido el piso, sino que su falta de respuesta ha sido interpretada por la Administración como una renuncia y ha sido dada de baja del sistema. «Me han dejado tirada», denuncia la donostiarra, que vive junto a un nieto a su cargo.

La historia se enreda en un problema de su comunidad de vecinos con los buzones para el correo. Según explica, en su bloque «no había un buzón para cartería en condiciones» y los vecinos tuvieron que pasar durante unos meses por Correos para recoger sus notificaciones habituales. María, para evitar perder correspondencia con la Administración, había solicitado que cualquier comunicación se hiciera por mail o por SMS. Se lo hizo saber a Lanbide y también a Etxebide, de ahí que diera el problema de la falta de buzón por resuelto. Pero en ese periodo de tiempo, el Servicio Vasco de Vivienda intentó comunicarle por carta que había sido beneficiaria de un piso en alquiler, después de haber estado apuntada durante años en las listas.

Desde el Servicio Vasco de Vivienda confirman que «el primer intento de notificación personal en el domicilio indicado por la interesada se hizo el día 11 de diciembre de 2017 a las 13.03 horas y el día 14 de diciembre de 2017 a las 16.51; como en ninguna de las dos ocasiones la destinataria estaba en el domicilio, tras el segundo intento se dejó el aviso en el buzón para que la interesada recogiera el envío en la oficina de Correos». María insiste en que la comunicación con la Administración siempre había sido a través del mail o del teléfono móvil, como ella había solicitado. Lo que desconocía es que Etxebide solo acepta el correo certificado para notificaciones oficiales, «como una adjudicación, una revocación o una sanción. El procedimiento administrativo establece que debe hacerse de forma oficial y que de momento la vía es el correo certificado», explican desde el Departamento.

El caso es que María no recogió la carta nunca. «No sé si la dejaron o no, pero al menos creo que podían haberme avisado de que esa carta certificada les había venido devuelta. Estamos hablando del derecho a una vivienda», apostilla la mujer.

Perdió su VPO. Pero la cadena de infortunios no se quedó allí. El procedimiento administrativo siguió sin ella ser consciente hasta aquella visita a su oficina de Lanbide cuando empezó a tocar puertas y a tirar del hilo para ver lo que había pasado. Vivienda pasó al plan 'B' recogido en la normativa. Al no poder comunicar personalmente la adjudicación, publicó la resolución en el Boletín Oficial del 17 de enero de 2018. «En dicho anuncio se decía que 'la falta de aceptación expresa en el plazo indicado se entenderá como renuncia a la adjudicación y la renuncia dará lugar a la baja de los interesados en el Registro de Solicitantes de Vivienda-Etxebide, salvo en los supuestos establecidos reglamentariamente'», precisan desde Etxebide.

María, según cuenta, permaneció durante todo ese tiempo ajena al procedimiento. «Se amparan en que sí me han informado a través del Boletín. Que me digan quién lee habitualmente el Boletín, porque yo desde luego no», se indigna.

El silencio de la adjudicataria se interpretó como un rechazo a la vivienda. «Fue dada de baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda, por resolución de 7 de febrero de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 h) de la Orden de 15 de octubre de 2012, de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico».

Así que María se enteró el mismo día de que le había tocado una VPO, de que la había rechazado, de que había perdido su derecho a estar en Etxebide y, como colofón, de que también le habían retirado la Prestación Complementaria de Vivienda (250 euros de ayuda al alquiler), porque uno de los requisitos es estar apuntada como demandante de vivienda pública. «Es la pescadilla que se muerde la cola».

Recurrió la decisión de Etxebide, pero fue desestimada. No se da por vencida y quiere emprender la vía judicial. «Ya no pido ni el piso que me tocó. Lo que pido es que me pueda inscribir de nuevo en Etxebide y que no me penalicen». Desde el Servicio Vasco de Vivienda insisten en dejar claro que «en el impreso de solicitud o modificación de datos cuando consta un teléfono o email el mismo se toma en consideración en relación con aspectos no resolutivos o de información pero no cuando es precisa la constancia de la notificación por exigencia del procedimiento administrativo», como es el caso de la adjudicación de una VPO.

María empieza a sentirse ahogada por la situación. Su contrato de alquiler termina en septiembre y, con sus bajos ingresos, no encuentra ninguna alternativa. «No puedo alquilar en el mercado libre, porque no me llega. Y ni siquiera me dan la ayuda de 250 euros porque no estoy inscrita en Etxebide. Lo he intentado tres veces, pero no me lo permiten, porque según ellos he rechazado una VPO». Se ve atrapada y, lo que es peor, con las maletas en la calle, junto a su nieto.