Un día en la Fiscalía de Menores: «Vemos verdaderas atrocidades con el uso del móvil»

Alguno ha robado una bicicleta tras reventar un garaje o, incluso, un simple pintalabios de cuatro euros. Otro ha grabado con el móvil a un alumno en la ducha tras la clase de gimnasia para luego mofarse de él ante el resto de compañeros. Hay quien ha apuñalado, como sucedió este pasado martes en Itsasondo. También está aquel que tolera mal la convivencia en casa y acaba abofeteando a su madre. O quien ha intentado suicidarse varias veces ante la impotencia de sus familias, o el que es acosado en el colegio, como sucedió con Jokin Ceberio, de quien ayer hizo 20 años que se quitó la vida en Hondarribia. La casuística es de lo más variada, pero toda ella entra por la puerta de la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa. Los delitos cometidos a través de los móviles ocupan cada vez más espacio: «vemos verdaderas atrocidades con el uso del móvil».

Es su fiscal delegada, Mercedes Bautista, quien nos introduce en sus dependencias, en la segunda planta del Palacio de Justicia de Donostia. Se trata de un espacio aledaño a la Fiscalía Provincial que el fiscal jefe, Juan Calparsoro, decidió habilitar a su regreso a la jurisdicción hace casi cuatro años, con el fin de que los menores y sus familias tuvieran mayor intimidad en una situación casi siempre delicada. La estancia es sencilla. Hay una pequeña sala de espera y, al otro lado de la puerta, un área diáfana: tras un mostrador están las mesas y archivos de los ocho funcionarios que «tramitan, toman declaraciones y ejecutan lo que acordamos los fiscales», apunta Bautista; y enfrente, la mesa de declaraciones con cinco sillas. En los extremos se sientan el funcionario y el abogado, y en los flancos más anchos se sitúan el fiscal frente al menor y su acompañante, generalmente su madre o su padre.

Entre solo cuatro fiscales –incluida la fiscal delegada– se ocupan de la infinidad de casos que les van llegando desde todo el territorio, con el apoyo del funcionariado: dos gestoras, cinco tramitadores y un auxilio judicial. Un equipo que pese a su eficacia resulta «insuficiente» para abarcar todo el volumen de trabajo, que incluye «abundantes consultas telefónicas» de particulares, servicios sociales, colegios, policías, letrados, diputaciones... Con todo, «es una justicia ágil», dado que los expedientes deben ser resueltos en un plazo de tres meses (leves), un año (graves) o algo más (muy graves). «Cumplimos los plazos, pero con las pruebas de ADN que llegan de Madrid solemos tener más problemas».

Los cuatro fiscales son algo así como los últimos ángeles de la guarda que velan por reconducir el presente y sobre todo el futuro de nuestros adolescentes, los más problemáticos. Por aquellos que, debido a distintas de circunstancias, terminan siendo tutelados por la Diputación de Gipuzkoa al resultar imposible que sus familias se ocupen de ellos; y también por esos otros que han cometido un delito pero no entran en prisión porque no han cumplido los 18 años, la edad mínima en España para acabar entre rejas.

«Lo más importante de la jurisdicción de menores, en mi opinión, es la prevención de futuros delincuentes», subraya la fiscal Mercedes Monje, que toma el relevo de nuestra anfitriona, Mercedes Bautista. En este sentido, tras analizar cada caso, los fiscales de menores –la única sección del Ministerio Público que puede ejercer como juzgado de instrucción– adoptan la resolución que consideran más oportuna, siempre medidas, nunca condenas. «No se busca un castigo –matiza Monje–. Son medidas educativas, oportunidades que se les da». En un porcentaje elevado surten efecto, pero también hay casos en los que el chico no ha sabido aprovecharlo o que se le ha cogido tarde». Por ello, la fiscal se toma como «un fracaso» cuando «un chico que ha pasado por la jurisdicción de menores, te lo encuentras ya con 18 años enfrentándose a tener que ingresar en la cárcel».

Son dos la maneras en las que se requiere la intervención fiscal. La primera, que abarca su labor reformatoria, es cuando se ha cometido un delito, que normalmente es derivado desde una instancia policial, pero también a través de «la denuncia de particulares o la comunicación de un organismo como el Defensor del Pueblo o Diputación, como puede ser una agresión sexual entre jóvenes en un piso de acogida».

La segunda es su función protectora sobre jóvenes que «no han cometido ningún delito», pero se encuentran en una situación de desamparo o abandono, como fue el caso del niño al que su padre depositó frente a la ertzain-etxea de Bergara hace tres semanas. «Vemos –apunta Monje– realidades muy duras de jóvenes que no pueden estar en sus casas porque sus padres no saben, no quieren o no pueden desempeñar su función, y los chavales pasan a ser tutelados por la Diputación», que «generalmente» es la vía por la que llegan los casos. Estos menores acaban acogidos por familias o en las decenas de recursos forales y, pese al esfuerzo humano, «en muchos casos no se logra el objetivo deseable de que un día puedan volver con sus familias».

/Segundo apoyo/

Estas, al contrario de lo que se pueda pensar, muchas veces resultan entornos «normalizados, estructurados, pero por lo que sea su hijo o hija está sufriendo una problemática que no son capaces de abordar. Por ejemplo, si está teniendo intentos de suicidio y asiste a terapia psicológica que no está funcionando, necesita una supervisión continua. A veces es la familia la que pide ayuda».

A su juicio, «los casos más dolorosos» son aquellos consecuencia de «violencia filioparental. A veces se da un episodio de agresividad en el domicilio, y la madre o o el padre avisa a la policía porque no sabe adónde acudir. Eso genera un atestado que nos llega a nosotros, vemos que es un delito y debemos tomar declaración a todos y adoptar medidas».

Suelen ser, según explica, menores que «igual comenzaron a tener comportamientos disruptivos con 8 años, sus padres no han podido o sabido atajarlos, y a los 12, 13 o 14 años se ponen especialmente rebeldes y la violencia verbal deriva en física. Y si le sumas el consumo de estupefacientes como cannabis o hachís, que desgraciadamente está bastante asumido socialmente, todo se complica. Si alguien con tendencia a desarrollar ciertas enfermedades mentales como una esquizofrenia consume ciertas sustancias, puede provocar brotes». Monje concluye que «la dependencia de las drogas es un patrón que se repite mucho en violencia filioparental. Muchas veces te vienen los padres destrozados y te dicen que no quieren que le pase nada a su hijo, pero esto ya es derecho penal, y hay que intervenir».

En este sentido, «los 12-13-14 años son edades muy complicadas. Pero hay una diferencia, a partir de los 14 años ya se les puede exigir una responsabilidad penal, pero con 12-13 años, que tenemos bastantes casos, incoamos unas diligencias preliminares pero debemos archivar el caso, aunque siempre lo notificamos a Diputación para que valore si desde el punto de vista de protección debe intervenir. A veces el chico debe salir de casa, y otras veces los propios padres acuden a Diputación para lo que se llama una dación de guarda, es decir, dan la guarda pero mantienen la tutela».

La Fiscalía siempre actúa, pero a veces no toma una medida activa. «La ley del menor tiene algo muy interesante que es el desistimiento, lo que nos permite no incoar expediente». Algo que suele surtir efecto. El fiscal opta por desistir cuando «los hechos no sean graves, o es la primera vez que lo hace. Hay establecimientos que tienen la política de denunciar cualquier robo, aunque sea por un valor de 4 o 12 euros y hayan podido recuperar el objeto. Y muchas veces, el susto de que vaya la Policía, que llamen a sus padres, que vengan aquí... es suficiente para que no lo vuelva a hacer. Pero si el menor es reincidente, un día comete un hurto, al día siguiente repite y luego comete unas lesiones, ahí hay que tomar medidas para contener esa espiral. No se le puede dar la misma oportunidad que a quien comete su primer hurto, se tomará otra medida». Otra oportunidad, y dependerá de él aprovecharla.