Rafael Jiménez: «La crisis del coronavirus está haciendo a la Administración pública menos amable»

Desde 2007, el Estado arrastra las consecuencias de un «desarrollo insuficiente de la Administración electrónica», producto de «continuos retrasos en la aplicabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC)» que no alcanzó plena accesibilidad hasta el 2 de abril 2021, tras la irrupción de la pandemia y su consecuente confinamiento. Así, el Covid aceleró el proceso de digitalización de las AAPP, «pero con claroscuros». Por ello, Jiménez denunció que «la digitalización en las AAPP se ha contrapuesto a la atención física y esto no debe ser así. La administración electrónica es un medio, algo que mejore la eficiencia y la interacción» con la ciudadanía.

Si bien el proceso de transformación de la digitalización de los servicios de la Administración pública tiene sus ventajas, «este proceso no se puede acelerar porque mucha gente se queda al margen, en la cuneta». En esta línea, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de 2020 señala que casi el 40% de la ciudadanía del Estado carece de destrezas básicas digitales, es decir, más de 20 millones de ciudadanos sufren las desventajas de la digitalización en las Administraciones públicas y quedan relegadas a un segundo plano marginadas por la brecha digital. Jiménez advirtió que «el auge de la digitalización va a tener impactos importantes. Se está dejando a mucha gente atrás. Aquellas personas que estén excluidas digitalmente lo van a estar socialmente, van a estar en los márgenes de la sociedad».

Tal y como puso de manifiesto el doctor en Derecho, la ciudadanía no tiene obligación legal a relacionarse electrónicamente con la Administración. La realidad de la pandemia ha sido otra: «Se han puesto obligaciones fácticas a la ciudadanía como pedir cita previa para ser atendido y esto no es ajustable a la legalidad vigente. Conseguir cita previa ha sido imposible en muchos ámbitos de la administración y hay colectivos vulnerables más afectados que otros por este trámite». Como consecuencia, «la crisis del Covid está haciendo a la Administración pública menos amable».

El conjunto de afectados por este problema de accesibilidad o usabilidad de los medios tecnológicos para llevar a cabo gestiones administrativas lo conforman las personas mayores, familias monoparentales o en situación de pobreza, personas con discapacidad, inmigrantes o aquellas personas sin destrezas básicas digitales, entre otras.

Todos ellos se enfrentan a una pantalla que, en muchos casos, no resuelve sus problemas. «La pantalla fría no puede sustituir a las interacciones de la administración pública con la ciudadanía. El colectivo vulnerable necesita calor, empatía, cercanía, ver unos ojos y una cara», aclaró el catedrático. Así, Jiménez concluyó que «las competencias digitales tienen que acompañar al ciudadano».