El conflicto asciende por las pistas de Aralar

Hasta donde la belleza natural exhibe todo su esplendor y la autenticidad campa a sus anchas ha llegado la condición humana, con sus discusiones y pleitos. Aralar ha sido alcanzado por el conflicto. El motivo: pistas para favorecer el acceso rodado. Las mejoras de las condiciones de vida de pastores y ganaderos han chocado con la defensa del medio ambiente y la biodiversidad de ecologistas y conservacionistas. Resultado: dos denuncias en los juzgados.

En unos días finalizará la construcción de la pista de Enirio-Doniturrieta, iniciada en septiembre. Se trata del primero de los caminos recogidos en un plan aprobado por la Mancomunidad de Enirio Aralar -titular del monte- en diciembre de 2016 sin votos en contra y financiado con 2 millones de euros por la Diputación.

El proyecto ha sido denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa por el colectivo ecologista Eguzki y la asociación medioambiental Landarlan, mismas asociaciones que ya judicializaron la pista hecha desde hace dos años desde Intzesao hasta Goroskintxu (programada con anterioridad al citado plan). Alegan un supuesto «daño al ecosistema del parque». El primer caso lo lleva instruyendo durante dos años el Juzgado de Tolosa, al que ahora llega un segundo proceso. Y puede que haya más. La hoja de ruta de la mancomunidad recoge la construcción de la segunda fase de la pista de Goroskintxu, hasta Saltarri, más otra entre Ariñate e Igaratza (Amezketa), y varios ramales.

Pastores y ganaderos de Aralar cuentan con el respaldo institucional. La mayoría de los representantes municipales en la mancomunidad rubricó el plan de las pistas, la Diputación lo respaldó y las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron una declaración en favor de sus condiciones de vida con los votos a favor de PNV, PSE y PP, la abstención de EH Bildu y el voto contrario de Podemos. En la otra parte, Eguzki y Landarlan sienten el amparo de la Fiscalía, instancia que ha visto en ambos casos los suficientes indicios de ilegalidad como para interponer sendas demandas en el Juzgado.

«No estamos ante un interés particular», sostiene como tesis principal de los promotores de las pistas Andoni Murua, ganadero de Zaldibia. «Cumplimos unos intereses generales, a los que la sociedad se adhiere y sus representantes también», explica. Asegura que «nosotros somos ecologistas todos los días. Para conservar la naturaleza y la biodiversidad tenemos animales y los cuidamos. Luego, de esa fusión, entre lo que comen y lo que logramos de ello, obtenemos un producto-alimento y esa actividad la convertimos en un oficio que tiene su importancia social, cultural, política y de patrimonio natural. La sociedad es consciente de ello», zanja.

La función natural y social que reivindica es la que va a confrontar con la legalidad un juez. Ante ello, Murua sostiene que «las leyes las ponen las personas y, en ocasiones, se cambian en caso de asuntos que pueden resultar ejemplares. Es decir, cuando algo es digno de poner en valor, se cambia la norma, y desde luego la ley nunca se debe poner por encima del valor humanitario».

Al otro lado del conflicto, Oscar Padura, abogado de Eguzki, asiente que «la realización de denuncias no se debe a que queramos ir contra los pastores, sino a que se da una situación permitida por la Diputación en la cual, pese a los intentos de vía de acuerdo sobre medidas necesarias para mantener el sector primario y las áreas de protección, no se nos permite hacer aportaciones y se actúa de manera unilateral».

Los demandantes, que dicen contar con «apoyo de datos científicos», han apreciado que tras la construcción de las pistas puede haber un «incumplimiento de la directiva europea relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres». Apuntan del mismo modo que «las especies protegidas no merecen ni una sola medida de protección por parte de la Diputación» y que el trazado de las pistas transcurre por «zonas de monte protector para las que se imponen fuertes limitaciones productivas y donde se prohíbe la remoción del suelo». La representante de Landarlan Edurne Huesa añade que «incluso puede haber un perjuicio arqueológico y la dirección de Patrimonio Natural del Gobierno Vasco hizo un informe desfavorable. El propio departamento de Cultura de la Diputación ha mostrado sus dudas».

Sin embargo, Andoni Murua, recogiendo el sentir de la mayoría de Enirio-Aralar, rebate que «la pista de Goroskintsu tiene ahora dos años y las afirmaciones catastrofistas no se han cumplido. Que se destrozarían aquíferos, que cambiaría el recorrido del agua, que se perdería suelo, que si la desaparición de especies... no han sido capaces de detectar impactos. Se ha hecho la pista y aquel entorno vale más que antes».

Ecologistas y naturalistas creen que no se han querido estudiar los impactos. Para Oscar Padura, «el plan que tiene la mancomunidad es hacer muchos kilómetros de pistas y en vez de hacer una evaluación ambiental estratégica para saber cuáles son los daños, hace la trampa del solitario y va haciendo evaluaciones simplificadas, pista por pista». La Diputación ya les dio la razón asumiendo que la segunda pista tenía que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, más exhaustiva. Dicho análisis, más amplio y completo, estuvo listo en diez días, lo que lleva a Padura a hablar de «maquillaje, porque a nivel de estudio no hay diferencia entre uno y otro. Ni han investigado los impactos», reitera.

Volviendo al valor humanitario y social de la labor ganadera y pastoril, Murua cita ventajas constatables en Goroskintxu. «Da accesibilidad directa a tres txabolas a las que antes tenían que subir todo a mano, transportando las cosas, incluso una bombona, con animales. Para quienes andan con yeguas y vacas, la mangada queda más cerca. Ante un problema, cargamos los animales enfermos en el remolque y llegamos antes». Trae a colación «cuánto han mejorado las condiciones, de seguridad y trabajo, de un obrero en treinta años» y se pregunta si es algo como para denunciar por la vía penal «quitar una condena de por vida a unos pastores y ganaderos que trabajan por el interés general».

El colectivo critica la postura de EH Bildu. Murua recuerda indignado que su portavoz, Xabier Olano, ha declarado que «los pastores no tienen necesidad de las pistas». «¿Les han preguntado?», replica. El pastor Jon Ander Goñi -que no se beneficia de ninguna de las vías construidas- subraya que «los que hemos conocido el monte sin camino sabemos de lo que hablamos y no hay derecho de hacer el uso que se ha hecho del nombre de mi mujer, concejala de EH Bildu en Amezketa por explicar cuál es nuestra situación. Lo único que ha hecho ese partido en este asunto es ir en contra. Tampoco parecen darse cuenta de que si se ponen las condiciones, garantizamos el relevo y el futuro del sector».

Ima Mendizabal gestiona yeguas y ante quienes sostienen que hay alternativas, señala que «para ir a Igaratza, los ganaderos tienen que hacer 140 kilómetros en su vehículo y subir por la parte Navarra». Lamenta que «en Zaldibia, por ejemplo, el Ayuntamiento, en lugar de erigirse en esa entidad social que aboga por los intereses generales, ha actuado con torpeza política y no ha unido la división creada, es más, ha echado más leña al fuego. Hay muchos ganaderos sufriendo y quiero animar y felicitar a quienes han votado a favor de las pistas».