EH Bildu exige a la Diputación un estudio sobre los efectos de la anulación del peaje de la N-1

EH Bildu marcó este viernes territorio en la crisis del peaje de la N-1. Expuso cuáles son los términos que, a su entender, deben regir la actuación en este ámbito: «análisis», «garantías», «responsabilidad» y «transparencia». Al mismo tiempo, consideró que la gestión de la Diputación se está guiando precisamenten por los parámetros opuestos y pidió al Gobierno foral que deje de lado «su obstinación, su soberbia y su partidismo».

La coalición abertzale manifestó «dudas» y «preocupación» tanto por el sistema de arcos implantado en el eje de la N-1 como por la decisión de la Diputación de seguir cobrando a los camiones una vez que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la declarará disconforme a derecho. Sus junteros Iban Asenjo, Nora Galparsoro e Iñaki Agirrezabalaga comparecieron en rueda de prensa para fijar la posición de la formación en torno al tema, empezando por pedir «un estudio sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de las decisiones tomadas respecto al sistema de peajes».

Después de que el alto tribunal vasco haya establecido que el nuevo canon guipuzcoano incurre en una discriminación indirecta prohibida por Europa al favorecer a los transportistas locales respecto a los foráneos -la tarifa de los arcos exteriores es más cara que la instalada en Andoain-, los junteros de EH Bildu criticaron que «la coalición PNV-PSE hizo oídos sordos a las advertencias de los informes jurídicos externos y mantuvo su propuesta». También manifestaron sus «dudas sobre cuál fue el contraste real que la Diputación realizó con Europa» después de que la sentencia concluyera que la Comisión Europea se limitó a avalar un cálculo de costes sin entrar a valorar la cuestión de la discriminación.

El principal partido de la oposición denunció que el Gobierno foral haya decidido continuar con el actual sistema de peajes «sin analizar las posibles consecuencias de esta medida». Mientras el Comité Nacional de Transporte por Carretera -entidad que ha conseguido una resolución estimatoria a su demanda- amenaza con iniciativas como la solicitud de medidas cautelares o la devolución del dinero cobrado, EH Bildu defendió que «es imprescindible que se realice dicho estudio y que se den a conocer sus resultados a la ciudadanía guipuzcoana».

Los citados junteros presentaron una propuesta de resolución en las Juntas Generales y pidieron al resto de los grupos de la Cámara de Gipuzkoa que «actúen con responsabilidad, respalden esta iniciativa y el Gobierno foral actúe en consecuencia».