«Sin la ayuda europea no podremos rehabilitar la casa»

Algo similar ocurre en la comunidad de seis vecinos de Bittor González, en Irun. El verano de 2020, recibieron la notificación para la inspección técnica del edificio (ITE). Al no contar con un administrador de fincas, los propios vecinos han gestionado presupuestos y licencias «bajo la dirección de la arquitecta municipal, que cada vez nos iba poniendo más exigencias: tener un arquitecto, un aparejador, quitar el barandado porque ya no cumplía la normativa, poner celosías para que no se vea la ropa tendida...». Dentro de tres semanas tenían previsto emprender la reforma de la fachada, presupuestada «en 150.000 euros más IVA, solo la albañilería». Ayer por la tarde supo que el arquitecto no había acometido aún la solicitud de las ayudas, al estimar que estaban a tiempo. Se quedan sin ellas. «Lo tenemos que hablar los vecinos, pero varios somos jubilados, una viuda, una familia joven con una niña... y no podremos hacer frente a la obra, mínimo 25.000 euros por vecino en albañilería», presagia.

Otra mujer asegura que ayer mismo «tenía cita para presentar toda la documentación» en la ventanilla que le correspondiente sobre una obra hecha al final del invierno, pero la víspera le llamaron «para cancelármela porque se habían agotado las ayudas». Ejemplos como estos se repiten por todo Euskadi, a raíz de la suspensión por parte del Gobierno Vasco de los fondos Next Generation UE para la rehabilitación energética de los edificios y viviendas tras haber «cumplido ya con los objetivos» por valor de 130 millones de euros, tal como el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes anunció este lunes. La noticia ha sumido a propietarios y comunidades de vecinos en un mar de incertidumbre y resignación, con obras ya comprometidas o incluso realizadas y, en el mejor de los casos, sin saber si les va a llegar algún tipo de ayuda. Quien no hubiera iniciado ya los trámites de solicitud, que se despida de obtener un euro desde Europa. Al menos, a no ser que Euskadi reciba el año que viene parte del excedente que no gasten otras comunidades autónomas, algo que no está garantizado.

En este sentido, fuentes de Vivienda aseguran a DV que «las ayudas comprometidas» hasta la suspensión de las mismas están «garantizadas», una afirmación que no calma ni a propietarios ni al Colegio de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava (Cafguial). «¿Qué significa 'comprometida'? Es una cuestión de fe: más de la mitad de los expedientes están sin resolver, y son tan farragosos que se pueden denegar por defecto de forma», plantea su presidente, Javier Montero.

Todos los agentes consultados por este periódico coinciden en que no esperaban el cierre de un grifo de financiación a cuyo caudal ligaban en gran medida las obras de reforma. «A todos los profesionales que participamos en la rehabilitación de edificios, como arquitectos, constructoras y administradores de fincas se nos ha estado trasladando hasta ahora que siguiéramos impulsando proyectos de rehabilitación, porque habría ayudas para todos», afirma Javier Montero, presidente de Cafguial. «Hasta ahora se nos había dicho que todo lo que se solicitara hasta el 30 de noviembre y tuviera resolución inicial, tendría recursos garantizados, teniendo luego plazo para acabar las obras hasta finales de 2026», añade.

El Gobierno Vasco, por su lado, defiende que el decreto autonómico que regula estas ayudas, efectivamente, no recoge «ningún plazo» para solicitarlas. Pero Montero precisa que «la ayuda europea se da al Gobierno central, y el decreto estatal, el 853/2021 de 5 de octubre, en su artículo 5.4 apartado 'a', sí dice que el 30 de noviembre, y siempre hemos hablado de esta fecha en las reuniones».

Montero agrega que «nuestro malestar viene por cómo se han gestionado las cosas. Si el Gobierno Vasco hubiera dicho que las ayudas se otorgarían por orden de solicitud hasta agotarlas, sabríamos a qué atenernos. Pero ha hecho una gran campaña de difusión para incentivar las rehabilitaciones, y siempre ha dicho que habría ayudas para todos». El presidente de Cafguial recuerda que «el 21 de marzo, en una reunión en el Laboratorio de Control de la Edificación, desde el colegio propusimos que para garantizar las ayudas habría que presentar los expedientes antes del 31 de julio, ya que según la normativa el Gobierno Vasco tenía cuatro meses para contestar, que es mejor que los seis meses que dice el decreto estatal. Nos acusaron en un email de divulgar 'fake news', porque iban a llegar las ayudas. Y no han llegado ni al 31 de julio, se han agotado el 19 de junio».

Ahora, los administradores de fincas se encuentran con el «papelón» de tener que «explicar a las comunidades que las ayudas con las que contaban no las van a recibir», afirma Montero. Conviene con su presidente Beni Rodríguez, de la administración de fincas Cobe, en Trintxerpe. Gestiona varias obras, la de mayor envergadura de 5,5 millones de euros en una comunidad de 128 vecinos en Intxaurrondo. Estos trabajos partieron del requerimiento de una ITE, pero «la previsión de ayudas incentivó una reforma mayor para mejorar la eficiencia energética. La subvención era importante, 2,4 millones, lo que suponía 18.000 euros por propietario. Sin ella, en lugar de pagar 25.000 les tocará a 43.000. Hay personas mayores, jóvenes con hipotecas... ¿Cómo les explicas esto?».

La explicación «más probable» que hallan los administradores de fincas para razonar la repentina suspensión de ayudas por parte del Gobierno Vasco es que «han recibido tantas peticiones que de repente se han percatado de que ya no les queda más dinero». De las 16 oficinas de rehabilitación que colaboran con el departamento de Vivienda para la gestión de los expedientes, las dos consultadas ayer por este periódico sostienen que «en los dos últimos meses ha habido un aluvión de solicitudes». «Una locura» que habría sobrepasado «todas las previsiones» ya que Euskadi ha sido la primera comunidad, con diferencia, en alcanzar el cupo, y lo ha hecho en un tiempo récord. «Lo que se nos ha transmitido ahora es que se han agotado las ayudas», apuntan desde una de estas oficinas, donde coinciden con los administradores en que «es imposible saber una estimación de las viviendas que se quedan sin ayuda, porque no hay ningún archivo y es imposible saber quién tenía previsto pedirla. Pero son muchas».