Alertan del aumento de los accidentes laborales de extranjeros en trabajos no cualificados

Lo que «preocupa» al Ministerio Público es que el colectivo inmigrante presenta una «elevada tasa de siniestralidad en el trabajo». En su mayoría son varones («la proporción de hombres que se accidentan resulta cuantitativamente superior al de las mujeres»), nacidos en Rumanía o Marruecos, y que acceden a puestos de baja cualificación o no cualificados y con escasa antigüedad en el puesto.

En este sentido la Fiscalía denuncia que «el impulso de la actividad constructiva e industrial derivado de la mejoría económica provocada tras la finalización de la pandemia, ha llevado a muchas empresas a relajar los criterios de contratación del personal, aceptando a trabajadores con escasa cualificación, lo cual puede suponer una de las causas del elevado número de trabajadores extranjeros accidentados».

En la mayoría de los casos estas personas tienen contratos temporales o a tiempo parcial, tienen «dificultades de adaptación al entorno» y «con falta de apoyo social», lo que los convierte en más vulnerables.

Ante «las posibles causas de la estadística mencionada», desde la Fiscalía consideran «fundamental» que se requiera a los servicios de prevención de accidentes «la información que exigen a las diferentes empresas contratantes, en torno a la formación y cualificación de los trabajadores extranjeros», para averiguar de esa manera si se ha producido, como sospechan, «una relajación en los criterios de contratación o de asignación de puestos de trabajo».

En cuanto a los accidentes laborales con resultado de muerte, desde la Fiscalía señalan que en esos casos conocen «el alcance y circunstancias del accidente y su control y seguimiento desde el inicio». No ocurre lo mismo, sin embargo, con el control de los accidentes laborales con resultado de lesiones no graves, para el que «sigue habiendo problemas». Aunque el principal escollo en esta materia, denuncian, es «la dilación en la tramitación del procedimiento, llegando a transcurrir hasta más de cuatro años desde que se producen los hechos hasta que se dicta auto de juicio oral». Ello conlleva, además del sufrimiento propio de quien forma parte de un procedimiento judicial en curso, el retraso en el pago de la responsabilidad civil, si la hubiera.

Por último, advierten de una «problemática» que está aumentando, y que son los acuerdos extrajudiciales a los que llegan las empresas con los trabajadores o sus familias. «El problema, no radica en el acuerdo en sí, sino en que, en numerosos casos, los perjudicados retiran su acusación y renuncian al ejercicio de las acciones civiles y penales, provocando la merma de capacidad probatoria».