Cerca de 42.000 pensionistas vascos cobrarán desde enero más de 3.000 euros al mes por la subida del IPC

Obviamente, los que disfrutan de esta pensión se la han ganado. Acceder a este colectivo, que representa más del 7% del total, requiere una larga carrera profesional y haber cotizado por la máxima los últimos 25 años, que son los que se exigen ahora para el cálculo. De hecho, lo normal en este caso es que se haya aportado a la 'caja' mucho más de lo que se recibe, porque la base máxima de cotización ha subido más que la prestación. Ahora bien, la fuerte revalorización, superior al 8%, aplicada a todas las pensiones, independientemente de su cuantía, ha suscitado un intenso debate al colocar más presión sobre la sostenibilidad del sistema en un momento en que los salarios, sin apenas recuperarse de la crisis, crecen muy por debajo de la inflación y pierden poder adquisitivo.

El sueldo medio en Euskadi es de 2.300 euros, según las estadísticas del INE, y la subida media de los convenios es del 3,8%, si bien seis de cada diez trabajadores tienen sus condiciones congeladas por las dificultades para llegar a acuerdos. La pensión de jubilación media en Euskadi se sitúa en 1.542 euros, aunque los recién retirados cobran unos 1.900. «Lo razonable es que las pensiones sean parte de un 'pacto de rentas', especialmente cuando los salarios reales están cayendo fuertemente y cuando los pensionistas han visto subir su poder de compra real de modo continuo desde la Gran Recesión», defiende Alfonso Sánchez, investigador de Fedea. Los expertos de este centro han abogado por aplicar una subida progresiva y selectiva de las pensiones en función de su cuantía, con un 11% para las mínimas y un 2,5% para aquellas que superen los 1.400 euros.

El Gobierno, que ha hecho bandera de la recuperación de la revalorización de las pensiones con el IPC, ha rechazado cualquier excepción a la ley que se aprobó siguiendo la recomendación consensuada de forma casi unánime en la comisión del Pacto de Toledo. La subida con la inflación, que está incluida en la primera parte de la reforma de las pensiones, supone un incremento del gasto de 15.000 millones de euros, que se consolidará en el tiempo y que disparará el presupuesto total en 2023 hasta los 190.687 millones. La cifra equivale al 12% del PIB, pero superará el 16% en 2050, con la jubilación de la generación del 'baby boom', según estimaciones de la Comisión Europea.

Para financiar el agujero del sistema, el Ministerio de Escrivá ha planteado varias medidas como el alargamiento de la edad de jubilación, aunque es ahora cuando llega el momento crucial de definir y pactar la segunda parte de la reforma. En esta fase tiene que dar respuesta a los recelos de Bruselas, que ha advertido del incremento del gasto y cuestionado la eliminación del factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Rajoy y su sustitución por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que eleva 0,6 puntos las cotizaciones sociales durante diez años. De su visto bueno depende el acceso de España a los fondos europeos.

La idea de Escrivá es aplicar una subida del 30% en las cotizaciones máximas, adicional al IPC, a lo largo de 30 años y elevar la pensión máxima en la misma cuantía, pero con un desfase temporal. Pero ya antes de abordar este debate el Gobierno ha aplicado un incremento del 8,6% en la base máximas de cotización, que en 2023 alcanzará los 4.496 euros.

En esta ocasión, al menos, el aumento es equivalente al de la pensión máxima, pero no ha sido así en el pasado. La base máxima de cotización acumula un crecimiento del 27% en la última década, mientras que la pensión máxima solo ha subido un 11,7%. O sea, que cada vez se pide un mayor esfuerzo a los trabajadores que más cobran y a sus empresas, pero no se les recompensa en la misma medida. Se estima que hay unos 100.000 asalariados en esta situación en Euskadi.

«La consecuencia de este desequilibrio es que cada vez será más injusto socialmente el esfuerzo realizado por los cotizantes al máximo respecto a los que no han cotizado o han cotizado por mínimos», apunta José Ramón Mínguez, socio director de la división laboral del bufete Barrilero y exdirector provincial del INSS. Pone un ejemplo: una persona que haya cotizado por mínimos durante 37 años aportará 102.120 euros al sistema, frente a los 562.548 de quien lo haga por la base máxima. El primero recibe 890 euros y el segundo, 2.819. «El modelo contributivo se desliza, en silencio, hacia otro asistencial», señala el experto.