Así es el frente palestino-israelí contra el que choca el tranvía 'made in Euskadi', según los mapas

El proyecto de CAF en Jerusalén atraviesa una de las partes más conflictivas de Oriente medio, ya que atañe a una ciudad sagrada para las tres religiones -musulmanes, católicos y judíos- y afecta a unos límites geográficos que desde 1948 han sido establecidos por medio de guerras y están sometidos todavía a disputas jurídicas internacionales.

El contrato que consiguió la CAF en 2019 pretende unir mediante tranvías dos zonas situadas en los límites de Jerusalén Este y que tienen continuidad con Cisjordania, un área bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, pero en la que los colonos judíos llevan décadas realizando asentamientos sancionados por la ONU que reducen día a día el territorio palestino.

La primera guerra que afectó a Jerusalén se produjo en 1948, cuando una coalición de ejércitos árabes -Jordania, Siria, Líbano, Egipto, entre otros- invadió un territorio en el que Israel, con el amparo de la ONU, acaba de declarar el nacimiento de su Estado. Como resultado de este conflicto, que los israelitas han bautizado como 'La guerra de la independencia' y los palestinos como Nakba (catástrofe), Jerusalén quedó dividida en dos partes. El Oeste quedó en manos judías mientras que Jerusalén Este fue ocupado por Jordania, probablemente el país que disponía del ejército más fuerte en la región y que mantenía límites geográficos con la ciudad religiosa.

La ONU había decidido que Jerusalén fuera un 'corpus separatum', es decir, una zona sometida a jurisdicción internacional y, por lo tanto, desvinculada geográficamente de los países de la región. Las sucesivas guerras han impedido que este estatus se haya aplicado nunca.

El régimen de ciudad dividida se mantuvo hasta 1967, cuando se produjo la Guerra de los Seis Días. Israel ocupó sin problemas Jerusalén Este, eliminando el control que Jordania había tenido sobre esa parte de la ciudad. De esa forma, asumió el control efectivo de los principales edificios religiosos de la región. La Ciudad Vieja de Jerusalén, con el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa, quedaron bajo dominio hebreo.

En 1980, mediante una resolución rechazada por la comunidad internacional, Israel se anexionó todo Jerusalén y estableció que la ciudad sería a partir de ese momento la capital del país. Fruto de las disputas políticas y legales, ningún país ha reconocido esa capitalidad. Por ejemplo, ninguna nación tiene embajadas en Jerusalén. En su primer mandato, Donald Trump anunció que trasladaría su representación diplomática a la zona ocupada, pero nunca lo llegó a hacer efectivo.

Para entonces, Israel ya había comenzado su política de asentamientos, estableciendo colonias en territorio considerado palestino. En algunos espacios dispuso que la tierra era una reserva natural, con lo que los residentes -en especial la población Palestina- no podían utilizar esos terrenos. En otros, los bulldozers derivaron viviendas de palestinos para ampliar las colonias.

En 2002, el Gobierno de Ariel Sharon comenzó a levantar el muro con el que se separa Cisjordania de Israel. Su intención era limitar los atentados suicidas organizados desde territorio palestino. Este muro no respetó la denominada 'Línea verde', un límite no oficial entre Israel y Palestina establecido por la comunidad internacional pero nunca respetado. La valla de seguridad aisló todavía más los poblados palestinos y bajo su protección se continuaron levantando asentamientos. La expansión de las colonias en territorio ocupado continuó sin que la presión internacional pudiera detenerla.

En 2017, el Gobierno de Israel presentó un proyecto para unir los asentamientos de Jerusalén Este, declarados ilegales por la ONU y otras instituciones internacionales, con el núcleo de la ciudad. En total, son 27 kilómetros de nuevas vías que permiten a cerca de 250.000 colonos disponer de un transporte público con Jerusalén Oeste mediante las denominadas administrativas de Línea Roja y Verde. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya consideró ilegal este proyecto. Amnistía Internacional, por su parte, cree que la infraestructura en la que participa CAF fomenta el 'appartheid' de los palestinos.

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