Euskadi afronta una conflictividad inédita en el sector público con 25 días de huelga en tres meses

Sin embargo, desde el Gobierno Vasco, hacen una lectura distinta y lo achacan en boca del lehendakari, Iñigo Urkullu, a cuyas palabras se remiten, a una «estrategia de desgaste electoral por parte de la izquierda abertzale» situándolo en un claro contexto preelectoral en Euskadi, al tiempo que acusa también a los sindicatos nacionalistas, especialmente a ELA, de hacer gala de que Euskadi lidera las huelgas, cuando la situación socioeconómica «no lo justifica».

Este otoño caliente comenzó la semana pasada con dos días de huelga en las residencias de Araba –están convocadas ocho jornadas–; y ha tenido continuidad esta semana con tres jornadas de paro –lunes, martes y miércoles– en las ambulancias de Euskadi. El miércoles también secundaron otro día de huelga los docentes de la UPV/EHU. Ya el próximo día 24 será toda la enseñanza pública la que está llamada a la huelga y la siguiente jornada se producirá la primera de las dos convocatorias generales en todo el sector público, que volverá a repetirse el 19 de diciembre.

En medio, habrá ocho días de huelga en la enseñanza concertada, seis días en las residencias de Araba, dos en intervención social de Bizkaia, a las que se sumará la huelga feminista por los cuidados del 30 de noviembre, con la adhesión de diferentes sindicatos.

Esta confluencia de huelgas en el sector público contrasta este año con una menor conflictividad en el sector privado fruto, defienden los sindicatos, de que se están firmando convenios con contenidos, con subidas salariales cercanas al IPC. De hecho, según datos del CRL vasco, casi el 57% de la población asalariada cuenta con sus pactos actualizados, una de las cifras más altas de los últimos años. Se han suscrito 238 convenios hasta agosto con una subida media para este año del 4,4% (4,82% en los firmados en Euskadi), que en el caso de Gipuzkoa llega incluso al 5,74%. Los convenios del Metal, que son un referente, se han acordado en el caso de Gipuzkoa este año sin conflictividad, aunque el de Bizkaia se pactó a inicios del ejercicio tras doce jornadas de huelga el año pasado y el de Araba, se acordó en 2022 después de cuatro paros. Todo ello, hizo que Euskadi aglutinara el año pasado más de la mitad de las jornadas perdidas en todo el Estado, una cuestión de la que hace gala ELA, que defiende la huelga como instrumento para mejorar las condiciones de los trabajadores. Una situación, sin embargo, que les reprocha el lehendakari porque no entiende que se pueda «enorgullecer» de ello al considerar que no se justifica esa imagen con la realidad económica y laboral vasca. De hecho, indicó recientemente en el Foro DV que «la convocatoria de huelgas y más huelgas tiene el objetivo de alimentar una realidad falsa que nada tiene que ver con el país real».

Pero mientras las aguas bajan más calmadas este año en el ámbito privado, el público está totalmente convulso. Los sindicatos recuerdan que «el deterioro de las condiciones laborales entre los empleados de las distintas instituciones vascas se debe a la ausencia de acuerdos desde hace más de una década». Así, Igor Eizagirre, responsable del Área Pública de ELA, recuerda que en la Mesa General no se firma ningún acuerdo desde 2011; en Educación, el último data de 2010; en Osakidetza, se suscribió en 2007 hasta 2009 y en los ayuntamientos en 2008 hasta 2010.

Esta falta de acuerdo ha hecho que no se hayan resuelto todas las cuestiones pendientes durante estos años, según indica Igor Garduño, responsable del Área Pública de CC OO de Euskadi. «Esto es lo que justifica –remarca Garduño– que haya una coincidencia de huelgas de diferentes sectores públicos y no porque haya una intención de desgaste».

Por su parte, Xabier Ugartemendia, su homólogo de LAB, incide en que el sector público ha vivido mucha conflictividad en los últimos años, que el ejercicio pasado ya se convocaron diferentes huelgas en Osakidetza, Educación... y que ahora se da continuidad a esa lucha «aunando todas esas peleas». «Y los trabajadores tienen interiorizada la necesidad de luchar para mejorar sus condiciones», remarca.

Uno de los dos ejes principales de las reclamaciones sindicales es la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida por los empleados públicos en todos estos años y que sitúan en un 20%. Y es que a la diferencia entre la evolución del IPC y de los sueldos suman la parte que ha dejado de aportar el Gobierno Vasco a Itzarri, que se comprometió a un 3%, pero no lo ha hecho en los últimos años.

Las centrales reclaman un incremento del 10% para este año con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido en los dos últimos ejercicios y garantizar la de 2024. Asimismo, piden reconocer la deuda sobre la merma del poder de compra perdido anteriormente y acordar un plan y unos plazos para su recuperación.

El Gobierno Vasco, tal y como reiteró este martes en la Mesa General, insiste en que las subidas salariales del sector público las fija el Gobierno central y que el Ejecutivo autónomo no tiene margen de maniobra al tratarse de una normativa básica. Así, el incremento aplicado este año ha sido del 3% y, para el siguiente, anunció que seguirá aplicando lo que establezca Madrid.

Un portazo en toda regla a las pretensiones de los sindicatos que consideran que el Gobierno de Urkullu tiene competencias tanto en salarios como en la fijación de tasas de reposición en el ámbito público. Es más, Igor Eizagirre destaca que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala esa competencia y que solo establecía una excepción en momentos excepcionales de crisis. Una idea que también comparten Garduño y Ugartemendia.

Los representantes sindicales recuerdan que desde 2010 es Madrid quien impone las tasas de reposición. ¿Por qué tiene que decidir el Gobierno central cuántos profesores o médicos tiene que tener Euskadi? se preguntan. Y desde ELA apelan a los partidos vascos a que esta cuestión competencial sea una prioridad en la investidura de Pedro Sánchez.

Volviendo a los salarios, las centrales piden al Gobierno Vasco que «predique con el ejemplo, ya que mientras insta a las empresas a que adecúen los salarios a la realidad de Euskadi, las distintas administraciones vascas hacen caso omiso con la excusa de Madrid». En el aspecto salarial también aluden a otros recortes sufridos en los últimos años, como las primas de jubilación. El Gobierno Vasco defiende que los salarios son más altos que en el resto del Estado, aunque las centrales dicen que es fruto de mejores acuerdos en el pasado, pero que en los últimos años esas diferencias se están recortando y que el coste de la vida en el País Vasco es más elevado.

Los sindicatos reclaman que se reduzca la temporalidad, que es del 44%, el triple que en el ámbito privado, al 8% tal y como establece Bruselas, ya que indican que con los actuales procesos de estabilización a través de las OPE se quedan muy lejos de ese objetivo. Así, señala que en Osakidetza queda fuera del proceso de consolidación el 85% de la plantilla, en Educación el 69%, en la Administración General el 20% y en Justicia el 80%, lo que arroja una media del 72%. Recuerdan que hay 47.570 interinos en estos ámbitos, de ellos casi 20.000 con más de ocho años de antigüedad, y que solo se consolidarán 12.854 plazas. Sin embargo, el Gobierno Vasco incide en que antes de que finalice 2024 se consolidarán 3.700 plazas en la Administración General y 14.000 en Osakidetza y Educación, con lo que se da un gran impulso a la estabilización.

Otra de las reclamaciones de los sindicatos es el compromiso y la obligatoriedad de que no se realicen más privatizaciones y que se acuerden planes para publificar los servicios ya privatizados garantizando la subrogación de las plantillas.

En paralelo exigen que se apueste y refuercen los servicios públicos. Al respecto, ELA señala que el Gobierno Vasco ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años la inversión tanto en Salud como en Educación, tomando como referencia el PIB. Así, solo el último ejercicio ha bajado del 5,73% del PIB al 5,19% en Salud y del 3,98% al 3,82% en Educación. Porcentajes, añade, que están muy por debajo de la media europea, que son del 8% y del 5%, respectivamente, y también del conjunto del Estado, con el 7,6% y el 4,6%. También argumenta que en Euskadi el empleo público apenas supera el 15% de todos los afiliados, mientras que la media del Estado español es del 17,2% y la europea supera el 20%. Aliviar las cargas de trabajo y negociar reducciones de jornada tendentes a las 32 horas semanales, son otras de las peticiones sindicales. La consejera vasca Olatz Garamendi replica que «la actual está siendo la legislatura de la mejora de la calidad en el empleo público».

UGT no secunda las convocatorias del sector público. Sí lo hace en la de ambulancias y enseñanza concertada, por «discrepancias con los sindicatos abertzales tanto en formas como en contenido», explica Arantza Agote, responsable de Servicios Públicos.

Aclara que «por los servicios públicos se pelea todos los días. Con dos días de huelga no se consigue nada cuando se llevan sin firmar convenios más de trece años», matiza, y lamenta que los sindicatos abertzales pongan «palos en las ruedas a la hora de estabilizar el empleo con el tema de los perfiles». Con todo, cree que «se están haciendo el juego mutuamente el Ejecutivo y los sindicatos abertzales, porque al primero le viene bien seguir sin convenios». Y respecto a los mayores salarios del ámbito público vasco, recuerda, como dice su líder, Raúl Arza, que «el lehendakari cobra un 20% más que el presidente del Gobierno».