Concentración de funcionarios en protestas por la crisis de Muface. E. P.

La crisis del Muface deja a más de 2.000 funcionarios guipuzcoanos sin seguro médico

Son prácticamente la mitad de los que tienen cobertura privada dentro del sistema después de que DKV haya renunciado también a acudir a la nueva licitación

Jueves, 9 de enero 2025, 11:25

Más de 2.000 funcionarios guipuzcoanos se quedarán a partir de abril sin seguro médico después de que DKV anunciara ayer que también renuncia a ... seguir prestando el servicio bajo las nuevas condiciones planteadas por el Gobierno central para renovar el Muface. Se suma así, a la negativa de Adeslas, que fue la primera en saltar del barco. Entre ambas suman 2.089 afectados –entre funcionarios y familiares– en el territorio, lo que supone prácticamente la mitad de los que reciben cobertura sanitaria privada.

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Muface cubre la sanidad de un total de 7.111 funcionarios guipuzcoanos. De ellos, DKV da cobertura a 1.157 asegurados y Adeslas a 932. La otra aseguradora es Asisa, quien todavía no ha decidido su postura, aunque tiene que hacerlo antes del próximo miércoles, con lo que todas las miradas están puestas en ellos. Su postura será también decisiva, ya que en nuestro territorio es la que cuenta con un mayor número de funcionarios; en concreto, 2.319. Es decir, más que las otras dos juntas.

El resto de asegurados (2.705) son los que estando dentro del Muface habían elegido recibir asistencia médica por parte de la Seguridad Social. Esta es una opción que tienen los funcionarios cubiertos por este sistema.

Muface (la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social a este colectivo, compuesto en gran parte por profesores, y se creó en 1975. En Euskadi cubre la asistencia sanitaria de 24.178 personas, y de ellas se quedarían fuera más de la mitad, en concreto, 13.281. La mayoría pertenecen a Adeslas (11.972) y 1.309 a DKV. Asisa da cobertura a tan solo 2.774, ya que otros 8.123 reciben asistencia de la Seguridad Social.

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La negativa de DKV supone un duro revés al último intento del Ministerio de Función Pública para mantener la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias en todo el Estado. DKV cuenta con 200.000 asegurados, que se suman a los 500.000 de Adeslas. En total, más de 700.000 funcionarios que, si nadie lo remedia, se quedarán sin seguro médico a partir de abril, fecha a la que el Gobierno ha obligado a las aseguradoras a mantener sus servicios mientras se resuelve –si es que finalmente lo hace– el nuevo concierto.

Esa cifra de afectados supone casi la mitad del colectivo de mutualistas, y dos terceras partes de los empleados públicos que se decantan por el sistema de salud privado, puesto que hay más de medio millón que ya elegían la sanidad pública. En el aire queda también el futuro sanitario de los más de 8.000 funcionarios que viven en el extranjero y a los que DKV presta cobertura aunque, en este caso, la firma sí ha dejado la puerta abierta a alcanzar un acuerdo con el Gobierno para mantener sus servicios durante un año.

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Ahora toda la presión recae sobre Asisa, la tercera aseguradora de Muface con más de 363.000 funcionarios a su cargo. Fuentes de Asisa indican a este diario que siguen analizando los pliegos y que esa posibilidad de presentarse en solitario también se está estudiando.

Últimos cartuchos

Deben medir al milímetro sus pasos, pues la decisión implicaría una nueva estructura que obligaría a la firma a más que doblar su presencia en regiones como Cataluña o Galicia, donde Adeslas y DKV tienen un número de asegurados mucho mayor, con lo que eso implica no solo en términos de costes, sino también de capacidad de atención a los pacientes. El ministro del ramo, Óscar López, se limitó ayer a confiar en la renovación del concierto, asegurando que mantiene el contacto con las aseguradoras.

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Pero en el mercado ya se rumorea con la posibilidad de que el Ejecutivo se vea encerrado entre dos únicas opciones:lanzar una nueva licitación –la tercera, con mejores condiciones– o darse por vencido y suspender un modelo que el propio López calificó esta semana de «mejorable».

«La situación es insostenible y no vemos ni voluntad política, ni certezas que garanticen la viabilidad de Muface», denuncian desde CSIF, el principal sindicato de los funcionarios que ayer dio un paso más al advertir de acciones judiciales contra las aseguradoras y contra Muface, acusando al Gobierno de «dejación de funciones». También aseguran que siguen detectando cómo las firmas siguen anulando citas y consultas, así como de intervenciones quirúrgicas, pese a que el Ejecutivo ha obligado a las tres a mantener sus servicios hasta abril.

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La decisión de Adeslas y de DKV ha puesto sobre la mesa un modelo que desde el sector coinciden en calificar de infrafinanciado.

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