Vista de la sede de Irizar en Ormaiztegi, cooperativa que tiene 14 plantas en cinco países. DV

La ley de cooperativas sufre un nuevo retraso y complica otra vez su aprobación

El sector está cada vez más preocupado, ya que en la pasada legislatura el texto decayó por el adelanto electoral

Carmen Larrakoetxea

SAN SEBASTIÁN.

Sábado, 1 de junio 2019, 10:07

El gran consenso previo con que contó la elaboración del Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi con el mundo cooperativo hacía presagiar una tramitación política de la ley relativamente ágil, máxime ante un escenario político en que ningún partido está planteando serios problemas al contenido del nuevo texto legal. De esta forma, todo apuntaba a que esta Proyecto de Ley, liderado por la consejera de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José y que fue aprobado por el consejo de Gobierno el 18 de diciembre, saldría aprobado antes del verano, pero ya no será así. Tras las últimas ampliaciones del periodo de enmiendas solicitadas por Podemos y PP, el nuevo plazo de presentación se prolonga hasta el 21 de junio, tan sólo a cinco jornadas laborales del fin del curso político. Esto supone que el periodo vacacional retrasará el debate parlamentario hasta entrado el mes de octubre y, por tanto, la fumata blanca para este texto legal se aproximará a finales de año.

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Esta demora preocupa muchísimo al sector cooperativo vasco, como así lo ha reconocido en declaraciones a este periódico, la presidenta de las organizaciones más representacivas del mundo cooperativo Konfekoop y Erkide, Rosa Lavín: «Nuestra aspiración era que el trámite de aprobación de la nueva Ley estuviera terminado antes de este verano, ya que en un supuesto de adelanto electoral la ley volvería a quedar bloqueada, como ocurrió en la legislatura pasada, y nos veríamos en 2020 teniendo que volver a empezar todo el proceso por tercera vez».

Por tanto la ampliación de los plazos acrecienta la preocupación y la incertidumbre en un sector que vincula una gran parte de su competitividad a la aprobación del nuevo marco legal. Lavín insiste en que «no vemos motivos para tantas prórrogas» en un texto legal que en todo momento ha contado con un gran consenso tanto en el sector, como a priori también parece que goza en el ámbito político.

Mientras tanto, hasta que no se apruebe la nueva ley, permanece vigente la actual, aprobada en 1993, hace 26 años, cuando el mundo era muy distinto. La nueva ley pendiente de aprobar introduce mecanismos para flexibilizar y acelerar la toma de decisiones en las cooperativas, incluso abriendo las puertas a la utilización de las nuevas tecnologías y a la celebración de consejos y toma de decisiones por videoconferencia.

55.000 empleos

El texto busca aclarar, normalizar, flexibilizar y favorecer la competitividad de un sector que, según datos de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop), en su núcleo abarca a unas 1.200 empresas de muy diversos sectores y tamaños, que generan en el País Vasco unos 55.000 puestos de trabajo, de los que unos 35.000 son socios trabajadores) y que tienen una facturación conjunta que supera los 14.500 millones.

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En la última asamblea de la federación de cooperativas Erkide -una de las principales asociaciones del sector- su presidenta, Rosa Lavín, inistió en la la necesidad de contar con el nuevo marco legislativo.

Erkide destaca de este proyecto de ley que se aclara con más precisión el régimen de responsabilidad de los socios de la Cooperativa, que se limita a la aportación del capital suscrito. Este punto es especialmente sensible después de haber vivido episodios tran traumaticos durante la crisis económica como fue la caida de Fagor Electrodomésticos.

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En esta misma dinámica la nueva ley blinda a las cooperativas o grupos de cooperativas, ya que los acreedores personales de los socios no tendrán derecho sobre los bienes de la Cooperativa ni sobre las aportaciones de los socios al capital, que son inembargables. De cara al funcionamiento empresarial, el sector cooperativo ha pedido que se eleve del 25% al 30% el porcentaje máximo de trabajadores por cuenta ajena que pueden contratar para hacer frente a incrementos de producción. Esta es una de las medidas que ha suscitado más suspicacias en la Comisión parlamentaria que tramita la ley.

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