Las claves de la ley de transición energética y cambio climático

Los principales objetivos

El objetivo más importante de la ley es alcanzar en Euskadi la neutralidad climática en 2050, y si se pudiera, en 2045. Y es que hoy el País Vasco importa el 90% de la energía que consume. El porcentaje de combustibles fósiles sobre el total es el 83,9%. La norma es un espaldarazo a las energías limpias, que se espera protagonicen el 32% de la generación eléctrica en Euskadi en 2030.

El pago de un canon por parte de los promotores

Uno de los puntos fuertes de la nueva norma, que será aprobada en breve por el Parlamento Vasco, es la obligación de que los parques en suelo no urbanizable, que no sean de autoconsumo y con una potencia superior a los 5MW, paguen un canon anual al Gobierno Vasco. Un dinero que se utilizará en la conservación y restauración del medio ambiente en los municipios afectados por los propios parques, así como en la promoción del uso racional de la energía. El canon está ligado a la superficie ocupada (en los fotovoltaicos) a razón de 700 euros por hectárea y a la potencia y el número de molinos en la eólica. Como ejemplo, el parque de Labraza, en Álava y con ocho aerogeneradores y 40MW, pagaría unos 40.000 euros cada ejercicio a partir de 2025.

Una partida asegurada en los Presupuestos de Euskadi

Las cuentas del País Vasco deberán destinar desde 2025 el 2,5% del total a «medidas de acción climática». Del mismo modo, se creará una Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio climático que revisará cada cinco años el impacto y la contribución de esos fondos en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno Vasco deberá establecer reglamentariamente, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los criterios de provisión, gestión, organización y distribución de los recursos que salgan de ese apartado.

Los pueblos afectados podrán ser propietarios de un 20%

La promoción de la participación local en los proyectos renovables incluye un aspecto novedoso y al que se le ha dado notable importancia. Así, los promotores de proyectos eólicos o fotovoltaicos (que no sean comunidades energéticas con la tramitación ya iniciada) deberán ofrecer al menos un 20% de la potencia total de los mismos como inversión a la ciudadanía, las industrias y los comercios de la localidad donde se instale, y también a los pueblos próximos y de la comarca. Esto afecta solo a los proyectos que de manera conjunta o individual tengan una potencia de 5MW. Junto a esto, la norma establece que la Administración vasca promoverá acuerdos de compra de energía por parte de las empresas de Euskadi en los proyectos de más de 5MW en los que tenga una participación. Del mismo modo, esas administraciones se comprometen a sustituir de forma progresiva sus equipos alimentados por energías fósiles que estén situados en sus edificios.

El alejamiento de los combustibles fósiles

El departamento del Gobierno Vasco con competencia en la materia (la consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) elaborará en el plazo de un año un plan para la venta de las participaciones que tenga el EVE en las empresas dedicadas a explorar, explotar, refinar o procesar combustibles fósiles, incluidas las que generen electricidad quemando ese tipo de combustibles. El proceso ha de ser progresivo, y tiene como límite el año 2030. Eso sí, según el propio Gobierno Vasco, deja fuera los activos de transporte, almacenamiento y regasificación. El dinero de esas ventas se destinará principalmente a proyectos de energías renovables.

Descarbonización

La norma, que a lo largo de su articulado incluye numerosas alusiones al impulso de la industria vasca y a la promoción y apoyo a nuevos desarrollos basados en las energías del futuro, en busca de una mayor competitividad, señala también que las empresas vascas habrán de calcular su huella de carbono. También deberán elaborar un plan dirigido a minimizarla.