El bono anticrisis arranca al ralentí en Gipuzkoa con apenas 634 peticiones en dos semanas

Las peticiones para cobrar el bono social de 200 euros para familias vulnerables con rentas bajas han comenzado en Gipuzkoa al ralentí. Apenas 634 personas han solicitado esta ayuda –una de las principales del decreto anticrisis del Gobierno central– en las dos semanas y media que lleva activada en Euskadi, según datos de la Hacienda foral, organismo encargado de tramitarla en el País Vasco. Una cifra baja teniendo en cuenta que se calcula que los beneficiarios pueden ser «varios miles», según el ente foral.

Es difícil concretar la cifra exacta de posibles perceptores. Los datos oficiales hablan de 89.428 contribuyentes guipuzcoanos individuales que declararon ingresar en 2020 menos de 13.200 euros (la renta para solicitar la ayuda debe ser inferior a 14.000 euros), y el bono anticrisis debe ser reclamado por unidades familiares. No obstante, de estos guarismos se deduce que son varios miles las personas potenciales beneficiarias y que, de momento, el porcentaje de demanda es pequeño.

Las peticiones deben hacerse en la web de Hacienda de Gipuzkoa, cuya dirección exacta es www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna. En la mitad de la pagina aparece un cuadro blanco que marca en euskera y castellano la opción 'Ayuda de 200 euros'. Pinchando en él aparece toda la información y un enlace con un formulario (en la plataforma Zergabidea) para reclamar el bono. La solicitud solo puede hacerse de forma telemática, y se necesita un certificado electrónico, BakQ o Bak. Sólo la pueden presentar la persona interesada o su representante tributario. Los posibles beneficiarios tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar esta ayuda, que está previsto se abone en otoño. Se hará en un pago único. Si el 31 de diciembre no han recibido respuesta afirmativa se entiende que la petición ha sido desestimada.

Para percibir esta ayuda las personas beneficiarias deben tener domicilio en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley. Así, la renta de su unidad convivencial en 2021 debe ser inferior a 14.000 euros y su patrimonio inferior a 43.196,4 euros, descontando la vivienda habitual.

Dado que está dirigida a personas asalariadas, autónomas o en desempleo, se excluye de esta ayuda a aquellas personas que ya perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o pensiones del Régimen General y de los Regímenes especiales de la Seguridad Social o de Clases Pasivas del Estado.

En el resto del Estado, a las pocas horas de activarse la tramitación el 8 de julio, dos semanas antes que en Euskadi, más de diez mil personas habían reclamado la ayuda. El Ejecutivo central calcula en 2,7 millones las personas beneficiadas. Este retraso, de hecho, provocó cierta confusión en Euskadi, ya que los posibles perceptores ignoraban en un principio qué administración debía gestionarlo. El Gobierno puntualizó que la gestión correspondía a las Haciendas forales vascas, y el organismo tributario, una vez aclarado el choque competencial y recabada la información sobre cómo funcionaban las ayudas y el impacto, activó la tramitación dos semanas después. Finalmente el viernes 22 de julio se resolvieron las dudas y las familias vulnerables guipuzcoanas pudieron empezar a reclamar los 200 euros, con una cifra actual de 634 personas que han rellenado el formulario disponible en la sede electrónica de la Hacienda de Gipuzkoa.

Una vez abonadas las ayudas, las Haciendas vascas percibirán el montante correspondiente del Gobierno central, algo que debería producirse a finales o principios de año, en línea con la transferencia de la bonificación de los carburantes, que también adelanta la Diputación de Gipuzkoa.

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