El 'roaming' gratis puede acabar costando caro a los españoles

Después de una década de no atreverse a afrontar el asunto por la presión del 'lobby' de las telecomunicaciones, de la rebaja del 75% que entró en vigor el pasado 30 de abril y de una propuesta con freno y marcha atrás en los últimos 15 días -la de limitar el 'roaming' gratuito a 90 días por año con un máximo de 30 consecutivos, la Comisión Europea ha adoptado una decisión en la que pone una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, trata de proteger los derechos de los usuarios, pero también los intereses económicos de las compañías telefónicas.

El pasado miércoles, el vicepresidente de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y el comisario de Telecomunicaciones, Günter Oettinger, confirmaron el final de los recargos por el uso del teléfono móvil en itinerancia entre los países de la UE -el conocido roaming-, a partir del 15 de junio del próximo año, fecha ya acordada desde hace casi 15 meses. Eso sí, aunque la gratuidad del 'roaming' ya no tendrá un tope de días, sí lo tendrá en cuanto al volumen de utilización. Y es que las operadoras temen que el 'gratis total' abra la puerta a prácticas abusivas. Por ejemplo, que un ciudadano residente en un país con tarifas telefónicas más caras compre una tarjeta SIM de una compañía con precios más baratos de otro Estado y la use de forma permanente en su país de residencia.

Por ello, la Comisión ha dejado en manos de las compañías telefónicas determinar el «uso razonable» del 'roaming' -lo que no ha gustado nada a las organizaciones de consumidores- para evitar su utilización abusiva y, en caso de detectar aprovechamientos excesivos, cobrar sobrecostes. El problema estriba en definir qué entienden por «abuso» las compañías, algo que no está ni mucho menos claro y para lo que los usuarios tendrán que prestar mucha atención a la temida 'letra pequeña' de sus contratos. De momento, y a falta de una ronda de consultas con operadoras, órganos reguladores y su discusión en el Consejo Europeo y en la Eurocámara, cuando haya indicios de abuso, la Comisión permitirá a las operadoras cobrar un sobreprecio de cuatro céntimos por minuto en las llamadas, un céntimo por SMS y 0,0085 céntimos por mega de navegación.

Pero es que además, aunque el roaming' gratis es, en principio, beneficioso para todos los ciudadanos de la UE, para los consumidores de telefonía móvil de países como España puede acabar siendo un mal negocio, pues ronda en el aire la posibilidad de que las compañías apliquen subidas de precios a sus tarifas domésticas. ¿Por qué? Básicamente, por la asimetría que se producirá entre los minutos y datos que los extranjeros consumirán en España respecto a los que los españoles utilizarán en el resto de la UE.

España es, y con mucha diferencia, el país de la Unión que más turistas europeos acoge y, además, los españoles usan muy poco el 'roaming' en comparación con el resto de ciudadanos europeos. En concreto, sólo poco más del 13% de los españoles hacen 'roaming' al menos una vez cada seis meses frente al 67% de los británicos, el 60% de los belgas o el 46% de los holandeses. Un desequilibrio que el año pasado se tradujo en que los extranjeros consumieron 11 veces más datos en España que los españoles en el resto de la UE.

Mayor coste de datos en España

A esta circunstancia hay que sumar que la cobertura y el mantenimiento de la telefonía en nuestro país es cara debido a su extensión y orografía España es el segundo más montañoso de Europa, tras Suiza lo que hace que el coste del tráfico de datos para los operadores nacionales sea más caro que el precio mayorista que se va a fijar. Actualmente ese coste es de 1,11 céntimos de euro por megabyte, pero la propuesta comunitaria es que los operadores extranjeros paguen a los españoles sólo 0,85 céntimos por cada megabyte que consuman sus clientes aquí. Esto podría originar que las empresas de telecomunicaciones españolas tuvieran problemas para cubrir sus costes de servicio.

Ante esta eventualidad, las compañías del país se verían abocadas a subir el precio de sus tarifas domésticas, con lo que todos los usuarios de telefonía móvil españoles -es decir, prácticamente la totalidad de la población- estarían pagando tanto el tráfico de los compatriotas que viajan al extranjero como, y sobre todo, el de los millones de turistas que cada año viajan a España.