Cuando Euskadi iba a ser una sola provincia

Gipuzkoa integrada en una única provincia con Bizkaia y Álava, Gipuzkoa anexionada a Álava teniendo a Vitoria como capital, Gipuzkoa desprovista del corredor del Bidasoa porque Irún y Hondarribia quedaban en manos de Navarra... La configuración del territorio que hoy conocemos podría haber sido muy distinta si hubiesen prosperado algunas de las muchas propuestas que salieron a relucir en las Cortes con motivo del debate del proyecto de división provincial que el Gobierno liberal encargó en 1820 al ingeniero guipuzcoano José Agustín de Larramendi y al marino mallorquín Felipe Bouzá. El plan, de cuya presentación en Cortes se cumplen en marzo 200 años, actualizó una distribución territorial lastrada por las herencias del pasado y dibujó el mapa provincial de España que ha pervivido hasta hoy.

Entre las cuatro provincias en las que los romanos dividieron Hispania (cinco si se cuenta Lusitania) y las 50 que suma la España de las autonomías median nada menos que 2.000 años de invasiones, pactos, guerras y anexiones que han modificado sustancialmente la configuración territorial de la península. Los límites provinciales que conocemos hoy son una herencia directa de los afanes reformistas y modernizadores de los liberales que tomaron las riendas del país en las muy turbulentas primeras décadas del siglo XIX. Los vientos procedentes de Francia, donde se había llevado a cabo una división departamental en aplicación de los principios de racionalidad que guiaban a los revolucionarios, no tardaron en extenderse por la península.

Cuando se consumó la invasión de las tropas napoleónicas, una de las primeras medidas que planteó la administración de José Bonaparte fue la implantación de una nueva configuración del mapa español. El país fue dividido en 38 prefecturas que borraban no solo los viejos límites territoriales sino también los nombres de las provincias. Ríos y accidentes geográficos sustituyeron al antiguo nomenclátor. Navarra pasaba a ser la prefectura de Bidasoa, con capital en Pamplona, e integraba en su territorio a la parte oriental de Gipuzkoa, incluida San Sebastián, algo que a partir de entonces se repitió en otras muchas propuestas. Por su parte, la parte más occidental de Gipuzkoa era absorbida por la prefectura de Cabo Machichaco, que juntaba a Bizkaia con Álava y tenía su capital en Vitoria. La división napoleónica no prosperó debido a la guerra, pero influyó en la distribución provincial que ha llegado a nuestros días.

Las Cortes de Cádiz de 1812 retomaron el proyecto de reordenación territorial y encargaron al marino mallorquín Felipe Bauzá que dibujase un nuevo mapa provincial. Su propuesta se quedó en el tintero tras la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo. La recuperación de las libertades con el advenimiento del Trienio Liberal (1820-1823) puso de nuevo sobre la mesa la cuestión del reparto territorial. Las Cortes encargaron el plan al propio Bouzá aunque esta vez iba a contar con la ayuda de Agustín de Larramendi, un ingeniero nacido en Mendaro con un completo conocimiento del territorio peninsular debido a su participación en un sinfín de obras públicas. Larramendi, hijo de una familia dedicada a la construcción que está considerado el primer ingeniero de caminos de España, fue el auténtico inspirador del proyecto que a la postre ha determinado la configuración provincial que conocemos hoy.

El profesor Jesús Burgueño, un doctor en Geografía que ha estudiado a fondo el proceso de división provincial y ha publicado varias obras al respecto, considera que «Larramendi fue decisivo en la concepción del plan. La división provincial -escribe- fue una obra colectiva, de paternidad difusa y múltiple; no obstante, si se quiere personalizar en alguien la formación del mapa provincial conviene referirse a este profesional de origen vasco afincado en Madrid». Larramendi trabaja en la iniciativa entre junio de 1820 y marzo de 1821 y alumbra un proyecto que trata de mantener un equilibrio entre tradición y modernidad. El plan que presenta a Cortes contempla 48 provincias y tiene como una de sus principales novedades la reunión de las tres provincias vascas en una sola y con capital en Vitoria.

La propuesta, que se debatió largamente en comisión, iba acompañada además de la anexión del corredor del Bidasoa, con Irun y Hondarribia, a Navarra. Se buscaba de esa forma simplificar la frontera con Francia para que la gestión tributaria de las aduanas fuese más efectiva. El plan de unificar las tres provincias vascas generó una airada reacción en Bizkaia. El profesor Jesús Burgueño recoge en uno de sus trabajos la respuesta de la Diputación vizcaína: «Solamente quien no conozca las circunstancias locales de la provincia en cuestión, quien ignore la diversidad moral entre unos y otros habitantes, o a quien apetezca la discordia y la guerra civil en nuestra patria, osaría proponer la unión de las tres provincias asignando por capital a Vitoria».

Las enérgicas protestas fueron tenidas en consideración por la comisión de las Cortes, que retiró el territorio vizcaíno de la nueva provincia pero mantuvo la unión de Gipuzkoa y Álava bajo la denominación de la primera. En el dictamen de la sesión de Cortes rescatado por Burgueño se puede leer: «Guipúzcoa. Reunida la antigua provincia de este nombre con la de Álava, quedan ambas con la denominación común de la primera y con la capital de la segunda, que es Vitoria, donde la concurrencia de los caminos que atraviesan el país en diferentes direcciones, junto con la abundancia de edificios y comodidades de todas clases, reúnen mayor suma de las circunstancias propias para fijar la capitalidad».

El proyecto tampoco satisfizo a los representantes guipuzcoanos y alaveses a pesar de que los primeros no habían visto con malos ojos el plan inicial de unificar las tres provincias. Sin embargo, el descarte de Bizkaia dejaba herida de muerte la iniciativa y las Cortes elaboraron un nuevo dictamen que mantenía la separación de los tres territorios y 'devolvía' a Gipuzkoa la parte oriental anexionada a Navarra. «Los herederos de la Ilustración buscaban una división provincial más equilibrada para mejorar la administración del país, pero colisionaron con los defensores de las viejas tradiciones que querían mantener sus intereses económicos», reflexiona el historiador Carlos Rilova, que recuerda que las divisiones territoriales que se llevaron a cabo en países nuevos como los Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que pasó en Europa. «Los límites de los estados americanos -apunta Rilova- están trazados a escuadra y cartabón porque se buscaba sobre todo la eficiencia. Al final, la división provincial que se hizo en España fue un híbrido entre los planes liberales y la resistencia al cambio de los viejos poderes provinciales».

El plan de Larramendi y Bouzá salió finalmente adelante en diciembre de 1821 con un mapa que contemplaba un total de 52 provincias, cuatro más de las previstas inicialmente. El restablecimiento en 1823 de la monarquía absolutista de la mano de los Cien Mil Hijos de San Luis dejó en punto muerto el proyecto, que volvió de nuevo a ser el centro de atención de la vida política tras la muerte de Fernando VII.

La nueva división territorial fue finalmente aprobada en 1833 de la mano del ministro de Fomento, Javier del Burgo, que defendió el mismo modelo propuesto por Larramendi. Los tres únicos cambios sustanciales que se planteaban con respecto al sancionado en 1821 eran la desaparición de las provincias de Calatayud, Játiva y Bierzo. La división de 1833, que contemplaba en total 49 provincias, ha llegado hasta nuestros días con una única modificación: el desdoblamiento en dos de la provincia de Canarias que se adoptó en la época de Primo de Rivera.