Los empleados no vacunados de las residencias de Euskadi deberán pasar una PCR semanal

Esta iniciativa de las instituciones elude el polémico debate que se abrió hace algunas semanas cuando el propio diputado general de Álava, Ramiro González, mostró públicamente su preferencia por que al personal sanitario que rechazara la vacunación se le impidiera trabajar en un centro de estas características. González se lamentaba de que las autoridades carecieran de instrumentos legales necesarios para adoptar una medida como ésa con el objetivo de evitar poner en riesgo a los demás.

Con todo, la Diputación de Álava realizará dos PCR semanales -uno más de lo que se establece como mínimo en el convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y las instituciones forales- al personal no vacunado de residencias de mayores de Euskadi ubicadas en territorios en los que la incidencia acumulada sea de 300 o más casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. Fuentes de la Diputación Foral han explicado que esta medida no supone, en ningún caso, que el Ejecutivo alavés se «desmarque» del convenio firmado entre el Gobierno autonómico y las tres diputaciones.

Desde el Gobierno foral se ha destacado que lo que establece el convenio es «un mínimo» de una prueba semanal, y que en el caso de Álava se ha optado por realizar dos PCR cada siete días. En todo caso, se ha recordado que estas pruebas diagnósticas son voluntarias, por lo que «hay personas que se pueden negar a hacerlas, igual que se niegan a vacunarse ya que no hay instrumentos legales» que establezcan la obligatoriedad de someterse a estas medidas.

Desde el departamento de Salud del Gobierno Vasco subrayan a este medio que con el acuerdo «no ha cambiado nada» respecto a la obligatoriedad o no de vacunarse o de someterse a una prueba de PCR, pero que en aquellos casos en los que la tasa de incidencia supere los 300 casos por cada 100.000 habitantes se intensificará la vigilancia y se realizarán más test.

Así, el nuevo protocolo se acerca bastante a la 'recomendación' publicada a mediados de mayo por el Ejecutivo autonómico y las administraciones forales que apostaba por realizar test semanales a usuarios y trabajadores que hubiesen declinado la vacuna. Unas medidas que fueron acogidas con entusiasmo por el sector público, pero no tanto por los geriátricos privados más pequeños. Y es que, como denunciaron los sindicatos hace unas semanas, se dejaron de hacer por su coste económico y su menor capacidad de medios.

Lo cierto es que esta actualización del protocolo llega cuando la quinta ola de la pandemia se está cebando con los geriátricos guipuzcoanos, que acogen al colectivo más débil de la sociedad. Y es que en las dos últimas semanas nueve personas han fallecido en las residencias del territorio, lo que eleva la cifra total de decesos en la pandemia a 332. La mayoría de los casos activos pertenecen a la residencia Petra Lekuona, de Oiartzun, que concentra 15 infectados, y a Ama Xantalen, con 14 contagiados.

Las instituciones han establecido, además, un marco renovado de vigilancia en salidas de las personas residentes cuando exista pernocta fuera del centro, lo que sucede por ingresos hospitalarios o cuestiones familiares. Con la nueva aplicación de este protocolo, se realizarán pruebas diagnósticas a la entrada en el centro a todas las personas, estén o no vacunadas. Hasta el momento, únicamente se realizaban a los no vacunados. Pero hay que aclarar que esta novedad no incluye a los visitantes de esos centros.

En definitiva, esta nueva batería de medidas pretende mantener a raya el incremento de contagios en las residencias y el desarrollo que puede tener de cara a la vuelta de las vacaciones, donde la sociedad afrontará otro reto con el retorno del curso escolar. Esta exigencia de PCR entre los empleados sociosanitarios servirá para 'desenmascarar' a los asintomáticos que pueden introducir el virus a las residencias. Los mecanismos de vigilancia y prevención en los centros sociosanitarios «han sido y es una prioridad» para el Gobierno Vasco y las Diputaciones forales, según afirman en un comunicado, y en este sentido, recuerdan que a pesar del avance de la vacunación ha reducido notablemente los casos positivos, la vacunación no supone la eliminación total del riesgo de contagio y, por lo tanto, «resulta necesario» seguir adoptando medidas de precaución en los centros sociosanitarios. La actualización del protocolo de vigilancia epidemiológica entra en vigor desde este martes.