Euskadi mantiene la vacunación obligatoria a «determinados grupos» en caso de pandemia

Tal y como explicó la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, con esta ley se da un nuevo paso para dotar a Euskadi de un «marco legal necesario para dar respuesta de forma eficaz e integral a las nuevas necesidades y demandas en salud existentes en la sociedad vasca actual». El texto busca actualizar la normativa sanitaria que, con el Covid-19, se ha demostrado insuficiente para hacer frente a situaciones excepcionales. Aunque abarca más áreas fuera de la amenaza pandémica.

La alusión a la vacuna obligatoria aparece en el artículo 87, donde se abordan las «medidas de intervención sobre las personas». En su primer punto, la norma establece que «cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo urgente para la salud de la población (...), la autoridad sanitaria podrá ordenar la adopción de las medidas preventivas generales y de intervención». Entre dichas medidas se incluyen «el establecimiento de restricciones en la libertad de movilidad y en el ejercicio profesional; la práctica de exámenes y reconocimientos médicos; la vacunación selectiva de determinados grupos de población o profesionales, prescripción de tratamiento médico y hospitalización; el control individual sobre la persona o grupos de personas, así como el aislamiento domiciliario, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo».

El Gobierno Vasco es consciente de que la vacunación forzosa, como otras decisiones que aspiraría a atribuirse, o son ilegales con la normativa actual o no son de su competencia. Por ello, matiza en cada punto que pueda resultar conflictivo que se podrán llevar a cabo «en el marco de la Ley...» o «en base a la normativa vigente», además de indicar que la inoculación forzosa será «selectiva» y no extensible a toda la población.

Con ello, el Ejecutivo vasco trata de evitar nuevos varapalos judiciales como el del Tribunal Constitucional (TC), que hace dos semanas acordó mantener suspendida la exigencia de vacunarse contra el coronavirus para poder realizar determinadas actividades profesionales que establecía la ley vasca antipandemia. El texto sostenía en el punto tres de su artículo catorce que «la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas por la persona afectada se recogerá por escrito y llevará aparejada como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta ley. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación». Esta última frase fue recurrida por el Gobierno central y es la que el TC decidió suspender definitivamente el pasado 13 de julio. El alto tribunal no cuestiona el resto del texto legal.

El proyecto de ley de Salud Pública no prevé únicamente facultar a la autoridad sanitaria para imponer la vacunación obligatoria en estos determinados grupos poblacionales, sino también otras medidas que ha intentado implantar el Ejecutivo durante las fases más agudas de la pandemia y que rechazaron los tribunales por falta de soporte legal tras la finalización del estado de alarma, como los toques de queda o el cierre de determinados establecimientos.

Euskadi registró el pasado año un total de 23.073 defunciones, lo que supone un descenso del 4,8% respecto a 2020. De ellas, 1.682 fueron a causa del coronavirus, un 45,7% menos que el año anterior, según datos de Eustat. Supusieron el 7,3% de los óbitos contabilizados en el País Vasco. Por territorios, Bizkaia fue el territorio con mayor número de defunciones por esta causa (942), seguido por Gipuzkoa (542) y Álava (198). En el caso de San Sebastián, por ejemplo, se registraron un total de 129 muertes por Covid-19. El número de hombres que fallecieron por coronavirus fue superior al de mujeres, 925 frente a 757 mujeres. Por edad, el 61,2% de las defunciones corresponden a personas de más de 80 años.

El Consejo de Gobierno aprobó este martes un paquete de ayudas valoradas en un millón de euros para paliar los daños causados por la pandemia a personas profesionales autónomas y en empresas deportivas como los gimnasios, muchos de ellos obligados a cerrar en los momentos más críticos de la crisis sanitaria. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOE del País Vasco y solo se podrá presentar una solicitud por cada entidad o persona profesional autónoma, que deberá estar domiciliada en Euskadi, figurar dada de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y haber sufrido el pasado año una reducción en la facturación igual o superior al 20% respecto a 2019.