Solventada la causa penal, pendientes del juicio por el delito medioambiental
El proceso contra los responsables de Verter sigue en fase de instrucción mientras el caso ha llegado a las instituciones europeas
El derrumbe del vertedero de Zaldibar, la muerte en él de dos trabajadores y el impacto medioambiental que tuvo, han sido objeto de tres ... procesos diferenciados para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Uno administrativo y dos judiciales. Cuando se cumplen dos años de la tragedia, solo uno de ellos -el penal por los fallecimientos- está cerrado. El administrativo con el Gobierno Vasco está en un proceso encaminado al cierre y sellado definitivo de la instalación, y el previsible juicio medioambiental está aún en fase de instrucción en el Juzgado de Durango, después de que la Fiscalía y la acusación popular pidieran ampliar los plazos de investigación que inicialmente terminaban en enero, por la complejidad del caso.
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Indemnización y sin cárcel
La vía penal se cerró en septiembre del año pasado después de que José Ignacio Barinaga (fundador y propietario de la empresa), su sobrina y gerente Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Etxeberria, los tres acusados por el fallecimiento de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, llegaran a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían las familias de las víctimas para eludir la cárcel a cambio de una indemnización y de admitir ser autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores y dos de homicidio por imprudencia. Por ello aceptaron penas de dos años de cárcel, lo que les ha permitido eludir la entrada en prisión al no tener antecedentes.
El alcance del delito medioambiental está en fase de investigación.
Entretanto, la cuestión del derrumbe de Zaldibar ha llegado a las instituciones europeas. El pasado jueves 27 de enero la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo exigió al Gobierno Vasco y a la Comisión Europea que entreguen toda la documentación relativa a la investigación sobre el accidente, después de escuchar a la asociación vecinal San Lorenzo de Ermua -a través de la plataforma Zaldibar Argitu- y al colectivo Ekologistak Martxan, que elevaron la cuestión a Europa al considerar que el Ejecutivo vasco actuó «con dejadez y falta de diligencia» en el control y seguimiento de la escombrera.
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