Rechazan la puesta en libertad de tres de los detenidos por la muerte Santi Coca

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha rechazado la puesta en libertad con medidas cautelares de tres de los siete jóvenes encarcelados por la paliza propinada en el exterior de una discoteca donostiarra a Santiago Coca, un menor de 17 años, que murió en el hospital dos días después.

Junto a estros tres investigados, todos ellos de nacionalidad rumana, también se encuentran en prisión provisional desde el pasado 29 de abril otros tres jóvenes, uno de ellos de origen argelino, un marroquí y un español, mientras que un séptimo, igualmente español, quedó en libertad con medidas cautelares tras declarar en su momento en el Juzgado de Guardia.

Según han informado fuentes del caso, el súbdito marroquí también ha recurrido su encarcelamiento y se encuentra a la espera de una decisión judicial, mientras que el argelino y el español no han llevado a cabo este trámite por el momento.

El incidente por el que todos ellos son investigados tuvo lugar sobre las 5.00 horas del pasado 26 de abril, en una zona comprendida entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Real Club Náutico, al inicio del Paseo de la Concha, en el exterior de una conocida discoteca donostiarra, donde se produjo una reyerta, al parecer a raíz de una discusión por un paquete de tabaco, en la que Santi Coca, que residía entre la capital guipuzcoana y Reocín (Cantabria), resultó gravemente herido.

Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde falleció dos días después.

La autopsia preliminar que le fue practicada determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral, si bien la necropsia no concretó la causa de este sangrado.

Según han informado a EFE fuentes del caso, en sus respectivas solicitudes de puesta en libertad los ciudadanos rumanos alegaron que dos de ellos «no participaron en la pelea» y que «su intención era sólo la de separar», mientras que el tercero «ni siquiera se acercó al meollo» de la reyerta.

No obstante, las mismas fuentes han señalado que el instructor ve indicios «claros» de la participación de los tres ciudadanos rumanos en la agresión, al tiempo que recuerda que todos ellos fueron «localizados en las inmediaciones» e «identificados» por testigos.

En tres autos distintos, el magistrado aclara además que esta causa se sigue por un posible delito de homicidio de forma «indiciaria» a título «de dolo eventual», con la agravante de la indefensión de la víctima por una situación «clara» de superioridad. Un delito castigado en el Código Penal con penas que van desde los diez hasta los quince años de prisión.

En sus escritos, el juez de instrucción explica además que cuando la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión provisional de los seis investigados se daban las «circunstancias exigidas» para ello, sin que hayan variado hasta ahora, por lo que «procede denegar la libertad provisional solicitada».

El magistrado argumenta asimismo que existe «un riesgo claro» de que en caso de acceder a su libertad, los solicitantes «pudieran actuar frente a otras personas» e «incluso frente a los perjudicados o testigos, alterando su testimonio».

Constata también la existencia de «un riesgo muy elevado de sustracción a la acción de la justicia» por parte de los encausados, debido a «la gravedad de los hechos y la entidad de las penas sancionadoras».

El abogado defensor de estos tres investigados, Juan Román Zubillaga, ha anunciado su intención de recurrir en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa la denegación de la petición de puesta en libertad de sus clientes.