Turbulencias a un año de las elecciones

Tal día como hoy, cuarto domingo de mayo, se celebrarán dentro de un año las elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades, y es posible que en el paquete se incluyan las europeas. Los cuatro partidos de ámbito nacional ya han puesto en marcha sus maquinarias para esa cita con las urnas que será decisiva para calibrar las posibilidades de cada uno en las generales de 2020, si es que no prospera la moción de censura de los socialistas contra Mariano Rajoy.

El PP prepara esas elecciones con el miedo en el cuerpo porque teme que la demoledora sentencia del caso Gürtel haya enterrado sus posibilidades de recuperar el poder municipal y autonómico que perdieron en 2015, y duda de que ni siquiera pueda mantener el que tiene.

El PSOE confía en su tradición municipalista y los acuerdos con Podemos para revalidar el control de consistorios y las comunidades logrado en 2015, pero sobre todo espera colocar a Pedro Sánchez en la rampa de lanzamiento para las generales. Ciudadanos se enfrenta a su primera prueba de fuego para comprobar si su pujanza demoscópica tiene un reflejo en las urnas. Será el momento de determinar si la derecha y el centroderecha deja de ser coto exclusivo del PP, y si Albert Rivera tiene posibilidades de hacer realidad el sueño de la Moncloa. Podemos atraviesa una difícil situación por los problemas domésticos y la continua guerra interna. Mantener los «ayuntamientos del cambio» y conquistar la Comunidad de Madrid es su gran reto.

1

Las crónicas de esta semana dejarán constancia en las hemerotecas de cómo Mariano Rajoy pasó en 24 horas de apuntalar la legislatura a tener amenazada su continuidad. Mayo no se le estaba dando del todo mal al presidente, dadas las circunstancias. A principios de mes, el barómetro del CIS no confirmó el 'sorpasso' de Ciudadanos en el centro derecha; diez días más tarde, el PP, extenuado por el conflicto de Cristina Cifuentes, logró al menos retener el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid; y, el miércoles, el PNV brindó su apoyo a los conservadores para salvar los Presupuestos de 2018. Pero un día después el iceberg de Gürtel sorprendió otra vez a los populares sin poder vaticinar la crisis política ahora desatada.

No es que el partido desconociera la inminencia del fallo judicial. Es que la sentencia, con sus hechos probados, incluida la existencia de la 'caja B' y la falta de credibilidad concedida al testimonio de Rajoy en el juicio, resultó «más dura» de lo que los conservadores esperaban. «Y lo peor es que hasta las elecciones municipales aún tendremos que acusar nuevos golpes», lamenta un dirigente territorial del PP.

En los distintos niveles del partido están hartos de repetir el diagnóstico. La convención de Sevilla en abril fue el paradigma de lo que le ocurre al PP: que los escándalos lejanos o recientes siguen lastrando al partido. El cónclave se diseñó para impulsar al presidente y poner la organización en modo electoral, pero la resistencia de Cifuentes a dar un paso atrás por las irregularidades en su máster, frustró los planes. Un antiguo veterano de la formación advirtió entonces de los síntomas de «hundimiento» en la formación.

Si C's superara al PP en las urnas -por ejemplo, en las elecciones de 2019-, la teoría de la caída del imperio se habría confirmado. Y fuentes territoriales temen que la solución para no llegar a ese extremo no sea viable. La resignación no es exactamente igual que tirar la toalla, tiene más que ver con mantener la paciencia ante las adversidades. Y en eso los conservadores son expertos.

Muchos cargos del PP hablan de la necesidad acuciante de renovación en el liderazgo del partido. Sólo un recambio para Rajoy, con un proyecto nuevo, podría romper con el pasado y soltar el lastre de la corrupción. Porque fuentes populares reconocen que si casos como Gürtel siguen arrollándoles es porque su presidente procede del tiempo en el que la trama se instaló en Génova. «Haría falta una refundación», coinciden.

Desde el congreso de 2008, apenas se han registrado intentos de remozar la cúpula. Fue entonces cuando Rajoy rompió amarras con la era de José María Aznar y cuando Ángel Acebes y Eduardo Zaplana fueron relevados por María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Pero después, sólo en 2015 el jefe del Ejecutivo demostró haber entendido que algún cambio tenía que introducir si no quería ser el primer presidente del Gobierno en no repetir mandato. Ese año la hornada de Fernando Martínez-Maillo, Pablo Casado, Javier Maroto y Andrea Levy fue recibida por el PP como aire fresco. Pero fuentes de la formación lamentan que todo se quedará ahí.

El empeño de Rajoy en repetir como candidato en 2015 y 2016 echó por tierra toda posibilidad de revisar el partido de arriba abajo. Y, desde entonces, no ha dado muestras de querer promocionar a nadie en el PP para hacerse en el futuro con las riendas de Génova. En la última entrevista, la del jueves en la Cadena Cope, volvió a confesarse «con ganas» de repetir, pero en su formación lo achacan a que «abrir el melón de la sucesión en este momento sería desastroso». «Lo que nos faltaba», añaden.

Está en sus manos, aunque cada vez son más los que intuyen que cuando llegue el momento, si es que antes no prospera la moción de censura de Pedro Sánchez, Rajoy se apartará para que el PP concurra a las próximas elecciones generales con un cartel nuevo. Pero lo que ven casi «una fantasía» es que vaya a aceptar que el partido renueve a su líder mientras él está aún en el Gobierno. Y esa, apuestan algunos cargos, podría ser una forma de frenar el desgaste antes de las elecciones.

La operación siempre tiene sus riesgos. Pero si el PP resiste la crisis abierta tras la sentencia de Gürtel y se serena el clima político, hay quien plantea que Rajoy debería ceder la cúpula del PP a un dirigente consensuado. «Yo no veo -asegura otro responsable popular- al presidente haciendo eso. Además, puede salir muy bien o poner el partido patas arriba».

Todos asumen que las renovaciones son más fáciles cuando una fuerza política se ve abocada a la oposición. Pero también les inquieta que ese sea inevitablemente su destino si no se toca la tecla adecuada antes de los comicios locales del año que viene.

2

«No tenemos claro que esta operación nos vaya a beneficiar electoralmente», sostiene uno de los líderes territoriales del PSOE que el jueves dio su apoyo a Pedro Sánchez para presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En la dirección del PSOE son conscientes de que el hecho de necesitar a las fuerzas independentistas para expulsar al PP de la Moncloa y tomar las riendas del Gobierno puede hacer mella en su electorado a apenas un año de las elecciones, pero alegan que es un riesgo que había que asumir y para el que tienen respuesta.

Sánchez pretende hacer responsable a C's de que la única vía para sacar de las instituciones al PP sea contar con los votos de quienes pretenden romper España. Pero, además, el viernes trató de levantar un «cortafuegos», en palabras de uno de sus asesores, para evitar que se le pueda acusar de connivencia con el separatismo. Lo hizo cuando advirtió que, en una democracia parlamentaria, no se puede impedir a nadie que vote lo que considere oportuno; recordó que la presidenta de la Cámara baja, la popular Ana Pastor, salió elegida con el respaldo (nunca reconocido) de diputados secesionistas y advirtió de que su intención es «cumplir y hacer cumplir la Constitución».

En los próximos días, según su entorno, hará aún más hincapié en esa idea y mantendrá la beligerancia contra el secesionismo de Quim Torra. Gracias a ello, incluso los barones de los territorios más 'jacobinos' creen conjurado el peligro de que los votantes les recriminen su actuación. «Lo que no nos habrían perdonado es que no hiciéramos nada», dice un veterano que siempre culpó al apoyo al Estatut que Zapatero no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones de 2008. Pero eso no quiere decir que respiren tranquilos.

Una cosa es contar con quien sea necesario para echar a Rajoy y otra mantenerse en el Gobierno con según qué compañeros de viaje. El hecho de que Sánchez anunciara su intención de dirigir las riendas del país durante un tiempo indeterminado si gana la moción, en lugar de limitarse a convocar elecciones, sí inquieta a una parte del partido. «Nadie te va a dar el Gobierno gratis», apunta un dirigente autonómico.

Otros avisan de que cualquier opción de moción que no se apoye simplemente en C's y Podemos tendrá graves consecuencias en las urnas. Creen que Sánchez se equivocó en su comparecencia al no limitarse a apelar al carácter «ético» de su iniciativa y que debió centrarse en las apelaciones a Rivera. «Si la gente interpreta que estamos con los independentistas y no con Rivera ya puede venir Pedro a coger las llaves de los territorios porque si das a elegir entre Constitución y corrupción, se quedan con la Constitución», dicen.

Los socialistas no parten de una situación electoral envidiable. En la propia dirección admiten que en realidad todos los gobiernos autonómicos logrados en los comicios de 2015 están en el aire y que su continuidad depende de que el PSOE logre ser primera fuerza. La situación en la que se encuentre la marca es determinante y el tirón que logre ejercer el secretario general también. Sánchez ve su paso por la Moncloa como una oportunidad para consolidarse y salir del estancamiento (cuando no declive) en el que le sitúan las encuestas. Pero en el partido hay quien avisa de que más importante que el qué es el cómo.

Los fieles de Sánchez insisten en que no hay razones para temer nada. Por un lado, apuntan que el éxito de la moción no está garantizado y que aun fracasando, haber tomado la iniciativa es positivo. Pero además aseguran que, si estando Sánchez en el Gobierno se vulnera la legalidad en Cataluña, se volverá a aplicar el 155.

3

Podemos tenía perfectamente definida su estrategia electoral. Primero, lanzar la campaña en la Comunidad de Madrid con Íñigo Errejón como candidato estrella y después iniciar el proceso de primarias para que en verano comunidades autónomas y municipios contasen ya con sus cabezas de lista para los comicios de mayo próximo.

Sin embargo, todo ha saltado por los aires y el futuro de Podemos depende de lo más inmediato. Concretamente del resultado de la consulta sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente del partido a cuenta del chalé que se han comprado. El veredicto de la militancia se dará a conocer mañana. En el partido los afines a Iglesias no dudan en la victoria. Si es así, a partir de mañana los número uno y dos podrán decir que sus bases les han absuelto de un pecado que, en cualquier caso, no reconocen. No obstante, las heridas que se han abierto con esta polémica son profundas y no parece que puedan cicatrizar de la noche a la mañana. La relación de la dirección nacional con los anticapitalistas atraviesa por uno de sus peores momentos, y también ha habido ataques a la inversa, como el de Monedero al señalar que los integrantes de la corriente más a la izquierda del partido «no son revolucionarios, sino revoltosos». Con este panorama antes de lanzarse de lleno a las campañas electorales de 2019 al secretario general le tocará recomponer filas.

Lo hará salvo que salte una sorpresa por la que nadie apuesta y los inscritos lo manden a casa. Podemos se adentraría en el terreno de lo desconocido y sin un líder reconocible salvo un Errejón al que la mayoría 'pablista' que controla el partido nunca le ha perdonado su rebelión en Vistalegre II.

Aun cuando Iglesias logre reunificar Podemos aún le quedarán asignaturas pendientes. La primera será cerrar su nuevo acuerdo con IU. Alberto Garzón ha puesto el listón alto y exige una relación de tú a tú. Las negociaciones se han alargado más de la cuenta, si bien desde la Secretaría de Organización se confía en poder cerrarla en un futuro inminente. La otra patata caliente está en el Ayuntamiento de Madrid, donde Manuela Carmena aún no termina de deshojar la margarita sobre si repetirá como cabeza de lista. La decisión de Carmena es clave en los objetivos marcados en rojo en la agenda del secretario general.

4

La sentencia del caso Gürtel ha dinamitado el plan de Albert Rivera, partidario de mantener con respiración asistida a Mariano Rajoy en el Ejecutivo hasta el final de la legislatura. La estudiada hoja de ruta de C's pasaba por distanciarse del PP una vez aprobados los Presupuestos y seguir erosionando su imagen por la corrupción y por su «tibieza» en Cataluña.

Si algo tiene claro Rivera es que quiere ganar al PP, pero quiere hacerlo en las urnas. C's lleva meses engrasando el motor electoral para repetir a nivel nacional la victoria del 21-D en Cataluña. Su objetivo era llegar a la cita electoral de 2019 con el viento soplando a su favor para asaltar todos los gobiernos autonómicos y locales posibles y de ahí, escalar hasta la Moncloa.

Pero el fallo judicial ha provocado un tsunami político que ha terminado con el PSOE promoviendo una moción de censura contra Rajoy y poniendo contra las cuerdas a los liberales. El PSOE, que cuentan ya con el 'sí' incondicional de Podemos y de los independentistas, creen que la etapa del PP ha terminado y es la hora de las urnas. Un diagnóstico que comparten en C's, aunque difieren en los tiempos y en las intenciones. Pedro Sánchez quiere desalojar a Rajoy pero también trasladarse a la Moncloa para, en sus palabras, «dar estabilidad al país». En C's no contemplan esa posibilidad como tampoco la de retratarse en la iniciativa junto al PDeCAT o Esquerra, que protagonizan hoy el mayor desafío para el Estado. En las filas naranjas recelan del respaldo soberanista a la moción de censura ya que alertan de que podría llevar consigo el fin del 155 en Cataluña. «No van a apoyar al PSOE sin recibir nada a cambio», señalan desde la formación.

En C's tratan de calibrar al milímetro sus decisiones. Saben que un paso mal dado o de más puede penalizarles en las encuestas o desencantar a posibles votantes. C's es el único partido que crece en los sondeos y de forma sostenida gracias a que han hecho de su bandera los asuntos que más preocupan: la corrupción y Cataluña.

Ante la tesitura de dejar caer a Rajoy de la mano de «populistas» y «secesionistas» o sostener al PP en el Gobierno cuando ha sido condenado por «corrupto», C's ha optado por el camino de en medio exigiendo al presidente un adelanto electoral. Una propuesta inviable que colisiona con la Constitución, que impide disolver las Cortes y convocar elecciones cuando hay una moción de censura en tramitación.