La Eurocámara defiende el «deber de justicia y verdad» con los 379 crímenes de ETA sin resolver

En el marco de esta visita, el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, entregó a la delegación un informe en el que se concluye que para dar respuesta a las 311 familias -no incluye los casos previos a la Ley de Amnistía- que siguen esperando justicia, se debería, desde la Fiscalía y con la participación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, articular un procedimiento de investigación actualizada sobre los casos no esclarecidos, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa. El documento, titulado 'La Justicia pendiente. Asesinatos de ETA no esclarecidos', detalla que en un 40% de crímenes de la banda terrorista posteriores a 1977, los autores materiales no han podido ser juzgados o condenados, lo que provoca «una falta de justicia con las familias de las víctimas». El 86% de los casos no resueltos se cometieron en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, un total de 251, y es Gipuzkoa el territorio que registra el mayor número de casos sin esclarecer, hasta 119.

El documento concluye que la consideración de prescripción legal de la causa deberá hacerse al final de la investigación, de cuyo resultado deberá informarse a las víctimas que así lo soliciten. «Sería aconsejable articular un procedimiento para que las víctimas puedan solicitar información sobre la causa que les concierne y, si procede, que se actualice la investigación», indica el informe.

El Memorial concluye que la mayor parte de los asesinatos no esclarecidos, un 70%, fueron cometidos en la década entre 1978 y 1987, los conocidos como 'años de plomo', el periodo más activo y con más atentados de ETA. Un 85,8% de esos crímenes tuvieron lugar en la CAV y Navarra.

La investigación del Centro Memorial señala que «la situación de terror» provocada por ETA en ambas comunidades en los primeros años de la democracia es «la causa principal» de que exista una cantidad tan elevada de crímenes no resueltos en esa época y en esas comunidades.

El informe concluye que «la actividad violenta buscó aislar a los cuerpos de seguridad de los ciudadanos», mediante ataques «sistemáticos», buscó también «obligarles a dedicar la mayor parte de su esfuerzo y de sus recursos a la autoprotección, en detrimento de la investigación y la prevención». De hecho, se detiene en que ETA desarrolló «campañas específicas» de ataques dirigidas contra las Fuerzas de Seguridad del Estado, por un lado, y contra sectores de la sociedad acusados de colaborar con los cuerpos policiales, por otro, «para dificultar e impedir el trabajo de investigación».

El documento expone que los índices de impunidad en el caso de ETA, el 40% indicado, «son notablemente más bajos» que los de los otros territorios analizados, como Irlanda del Norte (un 88%), Córcega (entre un 58% y un 90%, según las épocas) e Italia (un 80%).

Dentro de los casos sin resolver, el informe recupera la existencia de cinco personas secuestradas, asesinadas y hechas desaparecer por organizaciones terroristas, cuyos restos nunca han aparecido, como son el caso de los jóvenes gallegos Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge García Carneiro, así como Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y José Miguel Echeverría Álvarez, 'Naparra'. En estos casos, el Memorial considera que es el momento de que el Parlamento Europeo haga un llamamiento, con su «autoridad política y moral», para localizar los cadáveres de cinco desaparecidos a quienes pudieran tener información sobre el destino de estas personas para que la hagan llegar de forma reservada a la Cámara, a fin de poder informar a las autoridades competentes y a las familias para que estas puedan recuperar los restos de sus seres queridos.