Del fin de ETA al covid pasando por la tragedia de Zaldibar

Si alguien ha visto nervioso a Iñigo Urkullu que levante el dedo. Probablemente nadie lo podrá hacer porque, al menos en público, el lehendakari es la calma hecha carne. Y eso que en los doce años que ha estado al frente del Gobierno Vasco ha tenido que enfrentarse a las situaciones más complicadas. A esta templanza de ánimo ha unido su capacidad de diálogo y su alergia a las estridencias políticas, lo que ha favorecido que haya sido capaz de tejer acuerdos en Euskadi y en el Estado.

Urkullu arrancó su larga etapa como lehendakari en 2012 en un momento singular para su partido. Los jeltzales recuperaron Ajuria Enea después de los tres años de gobierno de coalición PSE-PP, con Patxi López al frente. Urkullu tomó el relevo como lehendakari del PNV a Juan José Ibarretxe, representando dos formas de gobernar completamente diferentes, dado que este último llevó adelante una apuesta soberanista muy alejada de los postulados de Urkullu.

Esta primera legislatura (2012-2016) tuvo un inicio complicado porque el Ejecutivo en minoría no pudo aprobar el primer presupuesto, lo que hacía peligrar el resto del mandato. Sin embargo, tras una primera etapa de desencuentros llegó a un pacto con el PSE y logró la estabilidad.

En esos cuatro años al lehendakari le tocó además gestionar la época postETA, dado que el 17 de marzo de 2017 la organización terrorista anunció su desarme definitivo de manera unilateral. Una decisión que supuso un balón de oxígeno para la sociedad, para el Gobierno Vasco y para el lehendakari, cuya denuncia de la actividad armada ha sido firme. Recientemente Urkullu declaró que mientras haya «un solo asesinato sin resolver, el Gobierno Vasco continuará trabajando hasta que se sepa la verdad» e incidió en que su Ejecutivo «ha hecho, hace y hará todo lo posible para que se sepa la verdad completa. El Gobierno está comprometido con la verdad, la justicia y la reparación desde hace décadas».

En esa primera legislatura también tuvo que enfrentarse a los coletazos de la quiebra de Lehman Brothers que, si bien se produjo en 2008, los efectos devastadores de la caída del banco norteamericano seguían impactando en la economía mundial.

En 2016 fue reelegido lehendakari y lideró un gobierno de coalición con los socialistas que ha tenido continuidad hasta ahora. En esa segunda legislatura (2016-2020) el Ejecutivo, pese a estar formado por dos partidos, también se encontraba en minoría, pero lograron trenzar acuerdos puntuales que les permitieron culminar la legislatura. Este segundo periodo fue complicado, especialmente el último tramo porque Urkullu tuvo que lidiar con el derrumbe del vertedero de Zaldibar y poco después con la pandemia.

El 6 de febrero de 2020 se produjo el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi. En Zaldibar perdieron la vida Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores de Verter Recycling que fueron engullidos por una montaña de escombros. A partir de ese momento se encadenaron meses en los que a la tragedia humana que suponía buscar los dos cuerpos se unía la indagación judicial para determinar los responsables del desastre y unas obras de sellado muy complejas. El lehendakari y su gobierno tuvieron que hacer frente a un drama imprevisto y que ponía en solfa los controles de la Administración vasca.

Sin embargo, todo podía empeorar y de hecho lo hizo porque en esas mismas fechas el bipartito de Urkullu tuvo que enfrentarse a la pandemia. De hecho, fue el primer presidente autonómico en declarar la emergencia sanitaria, una medida impopular y con un enorme impacto en la economía, pero obligada ante el avance del covid y el reguero de muertes y hospitalizaciones. La gestión no fue fácil, con algunos choques de Urkullu con el presidente Pedro Sánchez, a quien reclamaba mayor libertad de acción para aplicar en Euskadi medidas restrictivas adaptadas a las necesidades propias.

En esa misma legislatura el lehendakari adquirió una relevancia especial al intentar mediar en el procés catalán para evitar el desastre, algo que no pudo evitar. Urkullu quiso convencer a Puigdemont de que convocara elecciones autonómicas para reconducir la situación. Sin embargo, cuando parecía que el entonces presidente de la Generalitat aceptaba ir a las urnas, en el último momento dio un volantazo y decidió aprobar en el Parlament la Declaración Unilateral de Independencia y huir de España.

Ni la pandemia ni el desastre de Zaldibar impidieron que en el verano de 2020, cuando el covid seguía campando a sus anchas, Urkullu lograra ser lehendakari por tercera vez. En esta ocasión, formó de nuevo un gobierno de coalición con el PSE que, ahora sí, lograba la mayoría absoluta, dotando a la legislatura actual de una gran estabilidad, viendo así cumplido el mayor deseo de cualquier gobernante.

Este nuevo ciclo, pese a la mayoría absoluta, tampoco está siendo un camino de rosas. Los embates de la guerra de Ucrania, que desembocaron en un incremento de la factura energética y de los precios de las materias primas, impactaron negativamente en la economía vasca, netamente exportadora. A estos lastres se han sumado los altos tipos de interés y la inflación. Sin embargo, los datos indican que por el momento Euskadi está logrando esquivar con bastante buena fortuna este escenario.

Los mayores problemas a los que Urkullu se está teniendo que enfrentar derivan de la gestión. Este ha sido el caso de Osakide-tza. La pandemia ha puesto todavía más de relieve carencias que venían de atrás, como las listas de espera, con el consiguiente enfado de los pacientes y de los profesionales del sector, que exigen más medios y que se incremente la plantilla. A este problema habría que añadir otros, como los surgidos en la Ertzaintza o en la Ley de Educación. Este desgaste habría incidido en que los resultados de las últimas convocatorias electorales hayan provocado un descenso de los apoyos cosechados por el PNV mientras que su principal competidor, EH Bildu, ha registrado un incremento.

En el plano político, en su comparecencia del 29 de agosto en el Palacio Miramar tras el primer consejo de gobierno después de las vacaciones estivales, Urkullu refrescó su apuesta por una Convención Constitucional que ya propuso hace seis años «como fórmula en la que los partidos puedan hablar de lo que es el grado de satisfacción del cumplimiento de la Constitución vigente y si necesita reformas».

Poco sabía entonces el lehendakari que tres meses después su partido lo iba a descabalgar.

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