¿Lo haríamos mejor si nos vuelven a encerrar?

El temor a otro enclaustramiento ha permanecido latente en la sociedad, con mayor o menor grado de angustia, durante el último lustro. La experiencia vivida hace cinco años ha condicionado en cada caso la percepción de la amenaza aunque, en términos generales, «hemos amortizado rápidamente todo aquello», considera Imanol Zubero, doctor en Sociología por la Universidad de Deusto y profesor titular en la UPV. Respetando la particularidad de los casos de quienes más sufrieron, señala que «cuando hoy conversamos sobre aquello, utilizamos la coletilla de 'parece mentira', como si fuera un recuerdo de ficción más que una realidad».

Pero ocurrió de verdad y lo cierto es que no es descartable que tuviéramos que reeditar algún episodio similar. ¿Estaríamos preparados? La sociología apunta a un fenómeno que tiene que ver con la convivencia y la cohesión social. Zubero pronostica que «una mayoría lo viviría con desapego tras sobrevivir sin mayores problemas al confinamiento anterior, pero podría emerger cierta tensión con quienes no pueden decir lo mismo».

Recuerda que «en aquellos días había gente que vigilaba a otra. La policía de los balcones y demás. Se recriminaba a quienes llevaban la mascarilla mal puesta. El no cumplimiento de la norma en general. Pues bien, eso que en aquel momento tuvo un determinado alcance, ahora sí podría aumentarse. Actitudes relajadas por parte de los convecinos podrían derivar en mayores tensiones. Quienes sufrieron realmente, si se encontraran con que no se toman las medidas en serio, podrían reaccionar de peor manera que entonces». Concluye Zubero que «las experiencias marcan y para algunos fue un tiempo del que queda incluso buen recuerdo por las condiciones favorables que les rodearon. Es al contrastar vivencias cuando podría aflorar un conflicto que se exrpresara entre los ciudadanos».

No obstante, un nuevo confinamiento no sería igual que el anterior en cuanto a medidas y restricciones, cree el juez decano de San Sebastián Santiago Romero. «Si se repitiese el contexto, es muy probable que las cosas se harían de otro modo, comenzando por la propia forma en la que se declararon las prórrogas del estado de alarma, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, por lo que veo poco probable que nos volviesen a confinar de la misma manera y con las mismas limitaciones».

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, pediría a un hipotético nuevo confinamiento mayor claridad normativa. «No tener un marco legal claro pudo dar lugar a controversias al hacer cumplir las medidas restrictivas en aquel primer estado de alarma». Sin embargo, aclara que «el Gobierno Vasco, en una valiente decisión, decidió devolver el importe de las sanciones tras valorar la decisión del Tribunal Constitucional. La Ertzaintza está para hacer cumplir el marco normativo. Y para ello, lo mejor es que sea lo más claro posible, entendiendo, por supuesto, que, en una situación de excepción, pasan cosas excepcionales que hay que gestionar».

Ante un nuevo escenario de pandemia, explica Bujanda que «el rol que debería desempeñar la Ertzaintza sería, en primer lugar, monitorizar y difundir la normativa vigente; en segundo lugar, realizar un control del cumplimiento de la normativa dictada para hacer frente a la crisis sanitaria, haciendo hincapié, y quiero subrayarlo especialmente, a que dicho control debe estar sustentado en una forma de actuación pedagógica hacia la ciudadanía. Y finalmente, en tercer lugar, realizar una actividad de colaboración con otras instituciones y colectivos, especialmente Osakidetza, sin olvidarnos de la asistencia a los colectivos vulnerables».

Bujanda considera que «la respuesta de la ciudadanía fue ejemplar en una situación excepcional», pero entiende que «de cara a futuro, estaríamos ante una sociedad diferente, más exigente, ni mejor ni peor». En consecuencia, sostiene que «el reto para los servicios públicos, incluido los policiales, sería entender la propia sociedad y ser eficaces en el ejercicio de nuestras funciones».

Las multas volverían a ser, sin duda, foco de interés y controversia para el ciudadano. Aporta, en este sentido, el juez decano de San Sebastián que «el delito de desobediencia a la autoridad, previsto para los casos más graves, persiste, al igual que la sanción administrativa de desobediencia a los agentes de la autoridad para los casos más leves, por lo que podría sancionarse si se dan los requisitos». Ahora bien, Romero asegura que «desde luego, no se repetiría el lamentable efecto producido por la voracidad recaudatoria de la Administración, que llegó a imponer 11,4 millones de multas, recaudando 115 millones de euros de los cuales 51,7 millones se abonaron por el pronto pago de la multa, y sin que muchas de ellas se hayan anulado -y devuelto las cantidades- pese a que fueron declaradas nulas por el Constitucional».

Romero apunta como clave que «si llegáramos a un nuevo decreto de estado de alarma, sería deseable que se concretara de forma más clara qué podrían y qué no podrían hacer los ciudadanos, con una clara expresión de las responsabilidades y consecuencias, para dotar de seguridad jurídica a este tipo de situaciones excepcionales».

En cualquier caso, zanja el sociólogo Imanol Zubero que «habría que recurrir a medidas coercitivas porque no creo que nos hayamos vuelto más disciplinados». Y advierte un daño colateral. «La gente que tuvo una posición más reactiva, más negacionista, se sentiría más cargada de razones. Sus razones, claro».

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