El Gobierno obligará a las compañías a mantener la sanidad actual de Muface

La noticia saltó este pasado martes después de que las aseguradoras que ofrecen esta cobertura de salud -Adeslas, Asisa y DKV- decidieran finalmente no acudir al concurso del nuevo convenio para los dos próximos años por considerar que es «deficitario». En Gipuzkoa hay un total de 7.113 beneficiarios, entre los funcionarios y sus familias, una cifra que en el caso de Euskadi llega a los 24.178. De este modo quedaba desierta la licitación por primera vez en la historia de este modelo sanitario privado y a dos meses de que venza el actual convenio. Las tres firmas llevaban tiempo advirtiendo que la propuesta económica planteada «es insuficiente» para compensar las pérdidas que asumen por este negocio, agravadas en los dos últimos años por unos contratos desfasados frente a la subida de costes sufrida en el periodo inflacionista. DKV, por ejemplo, calcula unas pérdidas de 77 millones de euros en dos ejercicios con un gasto en prestaciones médicas que hasta ahora ha sido más de un 10% superior a la prima que ha recibido por ellas.

«Tanto la secretaria de Función Pública como la directora general de Muface insisten en que el Gobierno, en virtud de la ley de contratos públicos, tiene los mecanismos necesarios para ir prorrogando esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto», explicó ayer Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios, después del encuentro.

El Gobierno quiso lanzar así un mensaje de tranquilidad a los sindicatos y a ese millón y medio de personas cuya sanidad estaba en el aire tras un hecho insólito que no había sucedido en el más de medio siglo de vida de Muface: que ninguna compañía haya querido renovar el concierto ni apuntarse de nuevas- para prestarles la asistencia sanitaria. Así, insistió en que tiene los «mecanismos suficientes» conforme a la ley de contratos públicos para «garantizar» la asistencia sanitaria a este colectivo «en las mismas condiciones que actualmente se viene prestando a los mutualistas de Muface», dejando caer que no solo se puede prolongar la operatividad del contrato durante al menos nueve meses más como ya advirtieron el pasado martes, sino que esta situación de provisionalidad se puede mantener hasta que se resuelva el conflicto.

Eso sí, no llegaron a concretar cuáles son esas herramientas y en qué puntos de la ley se basan para obligar a las aseguradoras a prestar esos servicios. Por ello, desde CSIF consideran que estas explicaciones son «insuficientes» y denunciaron que «la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad».

Los sindicatos mostraron su decepción tras esta nueva reunión, consideran insuficientes las explicaciones y ponen en duda las garantías sobre el futuro de la mutualidad asegurada por el Gobierno. Por ello, CSIF iniciará este lunes una campaña de movilizaciones: «No vamos a permitir que se produzca ningún recorte en la asistencia sanitaria al funcionariado y su familia», advirtieron.