El tripartito prevé organizar una recogida de firmas masiva si se impide la consulta

DV. En Euskadi se avecina un otoño político particularmente 'caliente'. Los partidos que apoyan el Gobierno Vasco (PNV, EA y Ezker Batua) contemplan la puesta en marcha en otoño de una recogida masiva de firmas si finalmente un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional impide la convocatoria de una consulta popular el 25 de octubre. El Ejecutivo central ya ha anunciado que si se aprueba ese proyecto de ley presentará de forma inmediata un recurso de inconstitucionalidad que supondría la paralización cautelar de la consulta al menos cinco o seis meses hasta que se conociera el fallo definitivo del TC.

A la espera de conocer si el Parlamento Vasco da o no luz verde al proyecto de ley de consulta el 27 de este mes, el tripartito estudia la viabilidad jurídica de diferentes alternativas de respuesta. La recogida de firmas es una de esas fórmulas de presión política y social que se activarían para denunciar la oposición del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la la propuesta de consulta popular.

Aunque aún no se ha precisado qué formato tendría esta recogida de firmas, sectores políticos nacionalistas se plantean como pretensión que refleje «una multitudinaria expresión de la voluntad popular» que reclame el fin dialogado de la violencia y la apertura de una negociación entre partidos que desemboque en un nuevo marco político basado en el derecho a decidir de la sociedad vasca.

Con carácter previo, el tripartito tiene diseñadas diferentes alternativas con todos los pasos a desarrollar para sortear las dificultades que pudieran surgir en el camino. De entrada, los tres partidos tienen preparadas respuestas hasta para el escenario, que puede darse en cualquier momento, de una eventual comunicación del Tribunal Supremo a Kontxi Bilbao, de Ezker Batua, por la que le anuncie su inhabilitación como parlamentaria.

El tripartito ha establecido un plan de medidas para el previsible escenario de un recurso del Ejecutivo central. En este paquete de actuaciones se incluirían las posibles alegaciones del Gobierno Vasco al recurso de inconstitucionalidad, así como la adopción de acuerdos por parte del Parlamento Vasco y propuestas concretas ante instituciones de la Unión Europea, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Asimismo, contempla la organización de movilizaciones en la calle en defensa del derecho a decidir.

El colofón de esta estrategia sería la puesta en marcha de una recogida masiva de firmas. El tripartito está dispuesto a trasladar estos apoyos a instancias europeas e internacionales para proyectar con mayor intensidad su denuncia y la demanda de la apertura de un nuevo proceso de diálogo político en Euskadi.

En este contexto, otros medios del tripartito, incluso, han barajado la posibilidad de recurrir a la implicación de notarías en las que se diera fe pública de esta expresión de la voluntad popular, una posibilidad que en su día ya se planteó ante la hipótesis de que una parte de los ayuntamientos gobernados por el PSE no facilite la infraestructura para la habilitación de los colegios electorales. La propia ley reguladora de la iniciativa popular establece que la autenticación de las firmas la realizarán los notarios, los secretarios judiciales o los secretarios municipales correspondientes al municipio en cuyo censo electoral se hayan inscritos los firmantes.

«Hasta el final»

El consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, aseguró ayer en Madrid que «si saliera una prohibición (de la consulta), se estudiaría el recurso, defenderíamos nuestras posiciones e iríamos hasta el final ante las instancias oportunas».

Azkarraga, que aseguró que «han estudiado todas las alternativas», insistió en que el Gobierno Vasco «dispone de un plan B, e incluso un plan C» para la eventualidad de un recurso por parte del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.