Los misterios del Cupo vasco

Las negociaciones sobre el Cupo vasco han saltado estos días al primer plano de la actualidad política después de que el PNV haya colocado un acuerdo en esta materia como una "condición indispensable" para apoyar los Presupuestos de Rajoy. La complejidad del cálculo de este instrumento económico, no obstante, hace que los históricos conflictos entre los gobiernos central y vasco para determinar la cifra del Cupo estén siempre rodeadas de un halo de misterio. Ni siquiera los mayores expertos económicos de ambas administraciones son capaces de ponerse de acuerdo, lo que en estos momentos sitúa la discrepancia en cerca de 1.600 millones de euros.

Aquí van algunas claves para saber a qué nos referimos cuando hablamos del Cupo:

La definición más sencilla del Cupo es el dinero que la Comunidad Autónoma Vasca paga al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos. Este instrumento deriva del Concierto Económico y hunde sus raíces en el siglo XIX.

Desde que se aprobó la actual Constitución española, el método para calcular el Cupo se establece a través de leyes quinquenales (que abarcan cinco años). La última que se aprobó data de 2007 y cubría hasta 2011. Desde entonces no ha sido posible renovarla por discrepancias sobre la metodología y esta prórroga ha provocado que las diferencias sobre la liquidación del Cupo se lleven acumulando durante una década.

El Gobierno Vasco estima que en los últimos años ha pagado 1.600 millones más de lo que le correspondería al Estado. El Ejecutivo vasco calcula que la cifra adicional que se ve obligado a pagar anualmente ronda los 350 millones. Es decir, las instituciones vascas consideran que el Cupo debería fijarse en 850 millones anuales, mientras que los últimos Presupuestos del Gobierno central lo sitúan en 1.200 millones.

¿Qué se ha negociado? En las negociaciones bilaterales que mantienen desde enero ambos gobiernos se está tratando la liquidación del Cupo de los periodos 2007-2011 y 2012-2016, por un lado, y la definición del método de cálculo para la ley quinquenal del Cupo 2017-2021, por otro. La segunda de estas cuestiones es la que más dificultades crea a los equipos técnicos de ambos ejecutivos, y es la razón por la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió a Mariano Rajoy "voluntad política" para desencallar las negociaciones.

Actualización pendiente. Las diferencias de cálculo entre los gobiernos, que son una especie de cuenta sin sin, han sumido al Cupo en un carácter provisional desde 2007. El cálculo que se hizo aquel año es el que sirvió como base para los cuatro años siguientes que comprendía la ley quinquenal 2007-2011, pero la prórroga legal había operado desde entonces ha dejado muchos cabos sueltos. El principal ajuste que se realiza en el Cupo cada año se calcula con un índice denominado de "actualización", que está ligado a la evolución que tengan los ingresos fiscales del Estado. Pero, como toda ley, la del Cupo también está sujeta a interpretaciones y al menos dos terceras partes de la discrepancia entre ambas administraciones proceden de la diferente forma de contemplar la aplicación de ese índice.

El propio mecanismo de liquidación del Cupo obliga al acuerdo. No es posible una resolución unilateral para este tipo de conflictos. Y tampoco hay establecida una comisión arbitral o un tribunal que dirima las diferencias, con lo que, si no hay acuerdo entre gobiernos, la prórroga puede ser infinita. Eso sí, la historia demuestra que el acuerdo bilateral entre ejecutivos sólo se alcanza cuando hay un Gobierno débil en Madrid y el partido en el poder necesita los votos del PNV en el Congreso, en especial para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Exactamente el escenario en el que nos hemos encontrado ahora, de ahí que el PNV haya puesto como condición para apoyar los PGE que se cierre un acuerdo sobre el Cupo.

Los pactos sobre el Cupo han sido complicados incluso cuando un mismo partido ha estado en los gobiernos central y vasco, como ocurrió en la etapa del presidente Zapatero (PSOE) y el lehendakari Patxi López (PSE-EE). En aquella etapa ni siquiera fue posible que el Ejecutivo de López alcanzara un acuerdo con la Administración central. Así que, con esos precedentes, era casi una quimera pretender un pacto con un Gobierno con mayoría absoluta como la que tuvo Rajoy la anterior legislatura. Aquello llevó al consejero Gatzagaetxebarria (PNV) a tirar la toalla a las primeras de cambio en el arranque de la pasada legislatura, al comprobar que el Ministerio de Hacienda no estaba dispuesto a mover ni un ápice su postura.

A las dificultades propias del cálculo del Cupo se une otra variante que suele complicar aún más los acuerdos: se trata de la financiación autonómica que incluye al resto de las comunidades autónomas, que siempre miran de reojo al Cupo y al Amejoramiento navarro y que suelen estar muy atentas a las cifras que se acuerdan entre los gobiernos. Este ambiente hace que el Ejecutivo central sienta muchas veces que tiene las manos atadas para llegar a un acuerdo que pueda parecer ventajoso para las instituciones vascas, sobre todo porque muchas de las comunidades autónomas están gobernadas por dirigentes del PP y el PSOE, los dos partidos que han dirigido España en las tres últimas décadas.