La legislatura consume 100 días

El debate sobre la subida de impuestos y tasas municipales se ha producido en pleno verano, como es tradicional, y la aprobación definitiva se ha materializado en el Pleno de septiembre. El esfuerzo de contención de la presión fiscal del final de la legislatura pasada ha terminado por reventar en el arranque del nuevo mandato. Los costes de los servicios públicos pedían una actualización y el gobierno municipal no ha dudado en aplicar subidas importantes de cara al próximo año. Tras la aceptación de varias enmiendas y proposiciones de los grupos de la oposición, a partir del 1 de enero los donostiarras deben contar con un incremento del 4% en el IBI y un recargo del 150% en este impuesto, el máximo legal, para todas las viviendas vacías ya que se ha eliminado la exención para las de menos de 170.000 euros de valor catastral. El IAE subirá un 3% y el impuesto de Circulación aplicará subidas progresivas de entre un 3 y un 4,8% para los vehículos de mayor cilindrada, con bonificaciones del 90% para los eléctricos y del 75% para los híbridos. La tasa de la OTA subirá un 5%, mientras que agua, saneamiento y basuras lo harán en un 5% (7% para actividades y grandes generadores de residuos).

El gobierno municipal ha puesto en marcha la tramitación para aprobar en los próximos meses la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que va a permitir limitar urbanísticamente la expansión hotelera. Según el documento que se explicó en una sesión de exposición pública en el salón de plenos, el Ayuntamiento va a declarar saturados para usos de hospedaje en todo tipo de suelos el Centro, Antiguo, Gros, Ibaeta, paseo de Francia, paseo del Urumea y Aldunaene, mientras que en el resto de la ciudad se podrán abrir nuevos establecimientos pero solo en suelos que no sean residenciales. Se salvan de la 'quema' villas, edificios religiosos (conventos e iglesias) y edificios terciarios protegidos para que estos inmuebles no queden en el ostracismo y puedan aprovechar inversiones que permitan darles un uso. La administración municipal quiere aprobar de forma inicial antes del próximo mes de abril este documento. Es el plazo máximo que tiene el Ayuntamiento porque en abril de este año se aprobó una moratoria de 12 meses para nuevas licencias de alojamiento, que solo podrá prorrogarse un año más si la modificación del PGOU en curso se aprueba inicialmente para esa fecha.

El primer verano de la legislatura municipal no ha dado descanso al Departamento de Movilidad. Además de poner en marcha la fórmula de los cortes temporales de tráfico en varios accesos al centro para no saturar de coches el cogollo urbano cuando los parkings están a punto de llenarse, se ha aplicado en la primera línea del litoral una prohibición nocturna de aparcar, de la que solo se salvan los residentes de esos ámbitos. Una medida dirigida fundamentalmente a impedir que las autocaravanas copen los paseos marítimos, pero que ha afectado a todos los donostiarras y a los negocios hosteleros. Movilidad también ha puesto en marcha cambios en nueve líneas de Dbus, que va a empezar a aplicar en los próximos días, para garantizar la puntualidad de los servicios. Cambios de recorridos, de frecuencias y de paradas para agilizar la circulación de estos grandes vehículos por una ciudad que persigue ralentizar y calmar la velocidad rodada en general. Dbus también ha sido protagonista este verano, como gestor de Dbizi, de la expansión de prestaciones de este servicio. Las 21 nuevas estaciones y las 257 bicicletas eléctricas añadidas han dado alas a un sistema de alquiler público que se aproxima al millón de viajes anuales.

El verano ha sido un carrusel de sensaciones sobre el cierre del acuerdo para la compra de los cuarteles militares de Loiola, una operación pactada con el Gobierno de Sánchez hace tres años para propiciar un nuevo barrio de vivienda protegida, que necesita la guinda de la aprobación del Consejo de Ministros y la firma de las escrituras. La convocatoria electoral del 23-J sembró de preocupación el Ayuntamiento ante las consecuencias que podría tener para el acuerdo un eventual cambio de inquilino en la Moncloa. Los resultados de las elecciones generales calmaron inicialmente los ánimos, pero el 'impasse' en el que está sumida la investidura no ayuda a poner el broche a la operación. Las parcelas han sido desafectadas de los intereses de la Defensa nacional y el borrador del acuerdo tiene el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), pero la tramitación no termina de cerrarse. Las últimas noticias que tiene el Ayuntamiento indican que «faltan dos informes, uno de ellos de Costas», para culminar el expediente. Fuentes cercanas a la Alcaldía señalaron que no creen que el acuerdo pase por el Consejo de Ministros hasta que salga adelante la investidura de Sánchez.

El verano no ha traído buenas noticias en una operación que lleva años fraguándose. La culminación de las obras del nuevo centro comercial Bretxa está en entredicho por problemas económicos del concesionario Baika. Los trabajos del nuevo centro de salud de Centro y Parte Vieja sí han finalizado, y la apertura de esta instalación ya solo depende de que Osakidetza equipe las dependencias, pero el resto de superficies del edificio Pescadería, incluida la urbanización exterior están paradas desde hace meses. El nuevo mercado se iba a abrir en septiembre, las caseras debían haberse reubicado en verano y el gimnasio Fitness Park debía haber abierto sus puertas y no lo puede hacer porque la obra del nuevo acceso está bloqueada. El gobierno municipal está preocupado y «atento al cumplimiento de los plazos» por si tiene que adoptar decisiones sobre la concesión. El Ayuntamiento trata igualmente de salvar en los tribunales la prórroga de las concesiones del Tenis y la Perla, unos permisos vencidos desde 2018 y con dificultad de renovación por la Ley de Costas que impide ubicar en el dominio público marítimo-terrestre usos que no estén vinculados al mar.

La legislatura municipal 2023-27 tiene retos importantes como la culminación de la revisión del PGOU, la puesta en marcha del Topo soterrado acompañado de un nuevo modelo de movilidad, la apertura de la nueva cárcel y el derribo de la actual, el diseño de un nuevo barrio en los actuales cuarteles militares de Loiola y la ejecución de los desarrollos residenciales previstos en la vega del Urumea, Jolastokieta e Ibaeta. Donostia debe además cerrar un acuerdo institucional para actualizar y modernizar las instalaciones deportivas de Anoeta e Illunbe, aprobar el plan director de turismo 2023-27 y afrontar debates de diseño y participación ciudadana para definir la ordenación de ámbitos como la explanada de Sagüés o qué hacer en los 20.000 m2 de la playa de vías de Errondo-Easo. Y todo ello pasará por algunas decisiones que se tomarán este mes. Octubre es un mes clave porque los dos socios del gobierno municipal definirán el programa de gobierno para estos 4 años y elaborarán el primer proyecto de Presupuestos de la legislatura. Es decir, dirán qué quieren hacer y con qué recursos, algo que se desvelará en el debate sobre el estado de la ciudad de final de mes.