La política de las turbas enfurecidas

El asalto al Congreso brasileño el 8 de enero por los bolsonaristas recordó el que tuvo lugar en ese mismo mes de 2021 en el Capitolio norteamericano. Las imágenes de civiles enardecidos ocupando las sedes gubernamentales denotaron que las democracias son frágiles y que ningún país está a salvo de sufrir convulsiones de este tipo.

En España no se han producido situaciones equiparables –el golpe de Estado del 23-F de 1981 se sitúa en otra escala– aunque sí se han registrado algunos hechos que recuerdan los de Washington y Brasilia. La chispa puede saltar en cualquier momento, como se pudo apreciar en la concentración frente a la consejería de Economía de la Generalitat en los momentos álgidos del procés –septiembre de 2017– con los sitiadores pateando los Patrol de la Guardia Civil y la secretaria judicial huyendo por el tejado. Los llamamientos para rodear el Congreso en 2012, 2014 y 2018, con los manifestantes gritando 'no nos representan', crearon una escenografía parecida, aunque las concentraciones no fueron a más.

En este reportaje cuatro renombrados politólogos nos dan su opinión sobre si creen que en España se dan las circunstancias propicias para que se produzcan asaltos como los llevados a cabo por los seguidores de Trump o de Bolsonaro.

Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, estima que en España sí pueden repetirse actos violentos como los citados. «Se ha ido extendiendo un relato tóxico e incivil según el cual el gobierno actual tiene la voluntad de destruir la democracia española, perpetuándose en el poder aunque pierda las elecciones».

Sánchez-Cuenca, que recientemente ha publicado el ensayo 'El desorden de la política' (Catarata) critica que «se habla de gobierno ilegítimo, de que el dilema es 'Sánchez o España', como dicen Isabel Díaz Ayuso y Alberto Nuñez Feijóo. Se trata de un discurso muy peligroso que puede servir de justificación para un movimiento similar al de los trumpistas y los bolsonaristas».

En opinión del catedrático, los sucesos del procés no pueden compararse son los registrados en Washington o Brasilia. «Una cosa es la protesta política, que puede darse con grados variables de intensidad o radicalismo, y otra es un asalto a las instituciones para intentar bloquear la alternancia política».

Los seguidores de Bolsonaro y de Trump, añade el catedrático, «estaban convencidos de que se había producido un fraude. La pregunta relevante es cómo resulta posible que tanta gente crea que se han robado las elecciones a pesar de que no hay indicios ni pruebas de ello». Sanchez-Cuenca responde que se llega a esta situación porque esa creencia «se aproxima mucho a una teoría de la conspiración, como quienes piensan en contra de las vacunas anticovid. En ambos casos hay una desconfianza fuerte hacia las instituciones y las personas encargadas de validar el proceso».

Esa desconfianza, recalca, viene motivada por un fenómeno de sectarización de la política. «Sólo se cree a quienes forman parte del grupo, lo que hay fuera es motivo de recelo», concluye el ensayista.

Carlos Larrinaga, doctor en Historia y profesor de la Universidad de Granada, difiere de la opinión de Sánchez-Cuenca. «No parece que ningún partido esté pensando en una acción de esta naturaleza. Lo más parecido –señala el catedrático– aunque sin consecuencia alguna y en absoluto de forma tan violenta, fue la acción de rodear el Congreso por parte de sectores de extrema izquierda el 25 de septiembre de 2012. Se hizo de forma mayoritariamente pacífica».

Larrinaga recuerda que ese año se atravesaba un momento «duro de crisis económica y había un sector de la población que lo estaba pasando mal. Casi un año antes se había producido algo parecido en el Parlamento catalán, tratando de impedir la entrada a los parlamentarios. Se trataba del movimiento de los indignados, más preocupados por la crisis que por dar un golpe de Estado».

Respecto al cerco a la consejería de Economía de la Generalitat, el catedrático admite que sí guarda un paralelismo con los asaltos de Washington y Brasilia porque «se violentan las instituciones democráticas». No obstante, subraya que «otra cosa son las intenciones que se persiguen con dichas acciones. Violentar las instituciones va en contra del funcionamiento libre y democrático de las mismas, pero no siempre implican necesariamente un golpe de Estado». En cualquier caso, subraya Larrinaga, «respetando al máximo el derecho de manifestación, no soy partidario de concentraciones que puedan perturbar las sedes parlamentarias».

Larrinaga estima que hechos como los del Capitolio y Brasilia denotan que se está produciendo un deterioro de las libertades y de la democracia, en parte propiciado por la pandemia y la crisis económica. «Estados Unidos es un claro ejemplo, pero en Europa también tenemos los casos de Hungría, Polonia o incluso Liechtenstein», señala Larrinaga.

Pilar Mera Costas, profesora de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, coincide con Carlos Larrinaga en que en España no se dan las circunstancias que propicien ocupaciones violentas masivas. «Es cierto que vivimos tiempos de una retórica irresponsable e inflamada que contribuye a una crispación que se hace insoportable. Pero más allá de soflamas y bravatas –subraya la profesora– no parece que hoy existan bases para ningún suceso similar en España. Entre otras cosas porque quienes podrían sentirse identificados con la estela de personajes como Trump y Bolsonaro no están en el gobierno».

En cuanto a las posibles similitudes con el procés, Mera señala que los hechos que se registraron en Barcelona dejaron «episodios censurables desde el punto de vista democrático. La sociedad catalana se vio envuelta en un conflicto político que no iba a ninguna parte y tensionó las instituciones hasta límites que no habíamos visto». Mira añade que el cerco a la consejería de Economía de la Generalitat queda como «claro ejemplo de hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de los líderes cuando llevan sus discursos más allá de lo que realidad puede tolerar. Ahora bien –matiza– el desarrollo de los acontecimientos dista lo suficiente en fondo y forma respecto a lo sucedido en EE UU y Brasil como para pretender sostener comparaciones que no sean interesadas».

La eliminación del delito de sedición ha generado dudas sobre si España cuenta con herramientas legales para enfrentarse a hechos como los del Capitolio y Brasilia. En opinión de Mera, sí se dispone de mecanismos para actuar frente a episodios de asalto violento «con clara intencionalidad golpista como los sucedidos en EEUU y Brasil, que en nuestro país serían asimilados a un acto de rebelión. Igualmente, otro tipo de comportamientos antidemocráticos serían asimilados a distintos tipos de desórdenes públicos, coacciones o amenazas».

Carlos Larrinaga también indica que el Estado dispone de los instrumentos precisos, al igual que Sánchez-Cuenca, quien concreta que existe el delito de desórdenes públicos.