Trabajadores de Justicia de Euskadi se concentran contra la privatización del registro civil

DVSAN SEBASTIÁN.

Trabajadores de la Administración de Justicia del País Vasco protestaron ayer «contra la privatización del servicio» del registro civil. Convocados por los sindicatos con representación en el sector, CC.OO., ELA, LAB, CSIF, CGT y UGT, los trabajadores desplegaron pancartas con lemas como 'Justiziaren pribatizazioaren kontra-Servicio público de calidad', para denunciar «los intentos del Ministerio de Justicia para privatizar el servicio del Registro Civil , que, hoy por hoy, es público y gratuito», en referencia al anteproyecto de ley por el cual se establece que los registradores de la Propiedad y Mercantiles se harán cargo del Registro Civil .

Los manifestantes, que en Gipuzkoa se concentraron frente a los registros de los partidos judiciales de Donostia, Tolosa, Eibar, Irun y Azpeitia, advirtieron de las consecuencias para los ciudadanos, como el «coste económico», además de «dejar bajo la custodia de intereses privados los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida», por lo que exigieron «medidas inmediatas» al Gobierno central y al vasco.

«Aunque de momento dicen que las inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunciones van a seguir siendo gratuitas», la reforma obligaría a los ciudadanos a pagar «unas tasas bastante fuertes» cada vez que necesitaran un certificado para el DNI, para casarse o de defunción, según explicó la presidenta de la Junta de Personal de Bizkaia de los sindicatos de la Administración de Justicia, Amaia Goiri, quien adelantó que el Ministerio baraja el pago de unos 18 ó 20 euros dependiendo de cada solicitud de certificación.

Los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia se han reunido con la Asociación de Municipios Vascos Eudel para exponerles la gravedad de la reforma y para que expongan su oposición a esa privatización.

En la actualidad, en Euskadi hay un registro civil único en cada capital y, además, un servicio en todos los municipios con juzgado de paz, de manera que la privatización afectaría a unos 245 trabajadores en la Comunidad Autónoma.