La retira de escoltas crea fricciones entre jueces y policías antiterroristas

Policías que trabajan codo con codo con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se están topando en los dos últimos meses con «más dificultades de lo normal» para desarrollar su trabajo.

DAVID S. OLABARRISAN SEBASTIÁN.

Policías que trabajan codo con codo con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se están topando en los dos últimos meses con «más dificultades de lo normal» para desarrollar su trabajo. En las últimas semanas, expertos en antiterrorismo han percibido un «cierto deterioro» en las relaciones laborales que mantienen con «algunos» representantes judiciales que, entre otras funciones, se encargan de supervisar y autorizar las investigaciones policiales. Aunque no existe una explicación oficial, en el fondo del asunto subyace el profundo malestar que se ha extendido en la sede judicial por la decisión del Ministerio del Interior de suprimir la escolta sin previo aviso a la inmensa mayoría de los magistrados y fiscales. «Su postura es que si ellos no necesitan protección por la amenaza terrorista entonces tampoco existe motivo para realizar algunas investigaciones», explica un agente.

Estas fricciones no son homogéneas y varían dependiendo de la «personalidad» de los distintos jueces y fiscales. Pero lo cierto es que, desde hace mes y medio, distintos cuerpos policiales se han encontrado con trabas judiciales que «no existían hasta ahora» a la hora de desarrollar sus investigaciones, según explican las fuentes consultadas. Algunos jueces y fiscales, por ejemplo, han «retirado la autorización» o el «visto bueno» para realizar escuchas telefónicas a sospechosos o, en otros casos, han puesto «más inconvenientes» de los habituales. «Muchas veces, les explicas en persona por qué es necesario pinchar un teléfono y después nos piden que lo reflejemos por escrito para cumplir los trámites. Últimamente, sin embargo, no se muestran receptivos y nos ponen más trabas para hacer nuestro trabajo», revela un mando policial con amplia experiencia en este campo.

Los expertos en materia antiterrorista están convencidos de que este cambio de actitud de algunos profesionales se debe al enfado existente por la drástica retirada de la protección a más de 150 miembros de la judicatura del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional. El Gobierno central vinculó esta medida al plan de ajuste del servicio de escolta, que suponía un gasto de unos 160 millones de euros al año, y defendió que la decisión se tomó después de un exhaustivo análisis de las situaciones de riesgo de cada órgano judicial. Esta reducción de la protección, anunciada a finales de junio, ya fue aplicada meses antes en Euskadi y Navarra.