Rato acusa al Banco de España de «empujarle» a la fusión de Bankia

«El gobernador del Banco de España me citó con urgencia en su despacho, me pidió que Bancaja estuviera en la fusión con Cajamadrid y me conminó a negociarlo con rapidez». Con estas palabras, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato derivó la responsabilidad de una fusión que ha acabado siendo la más gravosa de la historia para las arcas públicas y un fiasco para sus accionistas. Es una exposición del proceso completamente dispar de la presentada por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez hace dos días en la misma Comisión de Economía del Congreso. Ordóñez aseguró que los responsables de la fusión habían sido los gestores: «Es el gestor el que decide, si uno ve que no va a salir adelante dice que no, como hizo Cajastur con la CAM». Y rechazó tajante que él hubiera «puesto una pistola a nadie» para la fusión, como en algún momento llegó a acusar Esperanza Aguirre.

En la réplica, y emplazado por el portavoz socialista Valeriano Gómez, Rodrigo Rato matizó su afirmación señalando que había sido «conminado a negociar, pero no forzado a la fusión». Durante la exposición sobre su gestión en Cajamadrid y Bankia, Rato repitió varias veces que cada paso de la fusión fue conocido y controlado por el Banco de España y que le «tranquilizó» sobre la situación de Bancaja, que había sido «revisada por inspectores» de la entidad de vigilancia.

También en la salida a bolsa fue empujado por el Banco de España y el Ministerio de Economía, a tenor de sus declaraciones. Argumentó que la salida al parqué era necesaria para capitalizar la entidad y respecto a si se hizo en el momento más oportuno señaló que no había otro. «Todos nuestros asesores nos advirtieron que si dejábamos pasar el verano se cerraría la ventana». Aún más: «Tanto el Gobierno como el Banco de España nos trasladaron su preocupación por las consecuencias que tendría que Bankia no saliera a bolsa» acusó, y añadió que el Banco de España incluso les instó a ser «más ambiciosos» en la salida y «aprovechar la ocasión para lograr entre 3.000 y 4.000 millones» en lugar de los 1.795 millones necesarios. Rato se encuentra imputado en la Audiencia Nacional junto con otros 32 consejeros de Bankia y BFA por presuntos delitos de estafa, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El desfase contable

A las preguntas reiteradas por los diputados de cómo se podía pasar en unas semanas de presentar beneficios de 306 millones -las cuentas de Rato- a unas pérdidas de más de 3.000 millones -las de Goirigolzarri-, el expresidente rechazó que hubiera ningún agujero y que lo que variaba eran las estimaciones de futuros deterioros que se adelantaban. «Son cambios contables, que no afectan al resultado operativo», explicó. Rato destacó que el plan de saneamiento y recapitalización que él había diseñado exigía bastante menos dinero de las arcas públicas que el reclamado por la actual dirección: 7.000 millones frente a 23.400. Su plan fue rechazo por Economía, lo que provocó su dimisión. «Yo he resuelto problemas», dijo.

La exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, que también compareció ayer en la comisión, no compartió la misma visión. Afirmó que son las cajas las «únicas responsables» de las fusiones. Explicó que «si una fusión se cierra es porque los responsables de las entidades están de acuerdo con la operación», y puso como ejemplo que Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura decidieron cerrar finalmente su alianza sin contar con la CAM cuando estudiaron a fondo los números de la alicantina. Sin embargo, no explicó el papel que podría haber jugado el Banco de España en algunas fusiones.

Salgado justificó todas sus decisiones sobre el sector financiero porque «si España impulsaba un 'banco malo', hubiese aumentado el riesgo de que el país fuera rescatado». «Mientras fui ministra, evitar que España tuviera que ser rescatada era una cuestión prioritaria». Sobre la gestión del Gobierno actual, consideró «legítimo» el cambio puesto en marcha en el sistema financiero al aplicar una acción «de choque» frente a la «gradualidad» del Gobierno socialista, pero dudó de su efectividad.

El expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, y el excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, también comparecieron en el Congreso aunque eludieron toda responsabilidad en la situación de ambas entidades nacionalizadas porque no eran «presidentes ejecutivos». Serra señaló que pocos meses después de llegar a Caixa Catalunya advirtió que «no gozaba del estado de salud que suponía cuando llegó a ella». Por su parte, Gayoso, imputado como colaborador en el escándalo de las indemnizaciones millonarias, se negó a hablar de las preferentes porque «hay un proceso judicial» y negó haber cobrado indemnización.