El Gobierno Vasco excluye de los recortes a sus 843 liberados sindicales

«No hay prevista ninguna reducción», anuncia el Ejecutivo, que gastará este año 16,4 millones en sustituirlos en sus puestos de trabajo

JESÚS L. ORTEGASAN SEBASTIÁN.
Protesta de delegados sindicales de la Generalitat catalana. ::
                             EFE/
Protesta de delegados sindicales de la Generalitat catalana. :: EFE

El Gobierno vasco aplicará el próximo año un drástico recorte de sus gastos, que por ahora se ha traducido en el anuncio de una rebaja del 7% en la cuantía de todas las ayudas sociales y en el ahorro de 100 millones de euros con la supresión de algunos beneficios laborales de todos los funcionarios. La tijera de la Administración autonómica no afectará, sin embargo, a sus 843 liberados sindicales.

El Ejecutivo de Patxi López no tiene previsto reducir el número de los empleados públicos que están dedicados a esas tareas, como ya han hecho o comunicado, según los casos, siete comunidades, todas ellas controladas por el PP: Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Galicia, Valencia y Baleares. Esa opción «no se ha contemplado» por ahora, señalan desde el Departamento de Administración Pública, que dirige Idoia Mendía. La consejera y portavoz del Gabinete ha desvelado que la sustitución en sus puestos laborales de esos funcionarios por personal eventual costará este año 16,4 millones de euros.

El Gobierno Vasco cuenta en la actualidad con 68 liberados más que los declarados hace un año por el Departamento de Empleo. De ellos, 384 lo son a tiempo completo y los 459 restantes, de forma parcial. Las centrales consideran que el número de representantes que trabajan en esas funciones es «ajustado» a sus necesidades.

Los liberados están amparados por la capacidad normativa que tienen los representantes del personal para cederse entre sí las horas sindicales que les corresponden por ley, a fin de que uno o varios de ellos queden dispensados de su trabajo para dedicarse por completo a la defensa de los derechos de sus compañeros. En el caso de las administraciones públicas existe, además, el 'liberado institucional', fruto de pactos entre centrales y gobiernos, por los que se aumentan las horas de las que pueden disponer los delegados y que, por consiguiente, dan lugar a que pueda haber un mayor número de eximidos que el estríctamente legal.

Por departamentos

Según el acuerdo vigente en Euskadi, suscrito hace ya 23 años entre el Ejecutivo de Vitoria y las centrales y que mejora las condiciones fijadas en la legislación, cada delegado dispone de un crédito de 40 horas mensuales y la posibilidad de liberar totalmente de su puesto de trabajo a uno de ellos por cada 1.260 horas anuales acumuladas, lo que equivale a las horas correspondientes a 2,6 representantes sindicales.

Por departamentos, el mayor número de dispensados se encuentra en Sanidad, ya que solo en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza hay 418, de los que 170 lo son a tiempo completo y 248, de forma parcial. El coste de contratar sustitutos para cubrir su puesto asciende a 8,3 millones de euros anuales. Educación destina 5,5 millones para suplir a sus 111 liberados totales (78 profesores no universitarios, 18 empleados laborales y 15 más de limpieza y cocinas), mientras que la Administración general gasta 1,3 millones en reemplazar a sus 32 delegados a tiempo completo y 107 parciales. En Interior se contabilizan 43 liberados totales -38 de ellos ertzainas- y en la Administración de Justicia, otros 20 trabajadores exentos.

En cuanto a los organismos, entes y empresas públicas, Euskotren cuenta con cuatro liberados totales, que junto a los 53 parciales de otras siete sociedades generan un gasto de cobertura de 309.000 euros. Por su parte, la radio televisión pública vasca, EITB, tiene dos delegados a tiempo completo y otros 47 parciales, con un coste de 102.000 euros.

Saber el número exacto de liberados del sector público español es misión imposible por la cantidad de administraciones, organismos, entes y empresas estatales, autonómicas, provinciales y municipales que hay, y que en total emplean a algo más de tres millones de trabajadores entre funcionarios y personal laboral. Hasta los propios sindicatos dicen desconocerlo.

No obstante, las estimaciones más fiables apuntan a que alrededor de 15.000 empleados públicos están exentos a tiempo completo de las tareas propias de su puesto para dedicarse a cometidos sindicales. A ellos hay que añadir un número indeterminado, pero en cualquier caso muy superior -en España hay cerca de 50.000 delegados de personal entre todas las administraciones-, de dispensados a tiempo parcial que dedican un cierto número de horas de su jornada de trabajo -normalmente entre 15 y 40 al mes- a funciones de representación laboral.

Como contrapunto, en las empresas privadas del país, que aglutinan a 12 millones de asalariados -cuatro veces más que el sector público-, solo hay unos 4.200 liberados a tiempo total, según la patronal CEOE, que tampoco tiene cifrados los parciales.

Asturias, a la cabeza

Lo que sí se conoce con cierta precisión, a tenor de los datos proporcionados por los propios gobiernos, es el número de liberados a tiempo completo que hay en las administraciones, organismos y empresas públicas de las comunidades: algo más de 10.350. Dado que en su conjunto emplean a cerca de 1.350.000 trabajadores, la media es de uno por cada 130 empleados públicos autonómicos.

En Euskadi, con sus 384 dispensados de forma total entre los 65.600 trabajadores dependientes del Gobierno vasco, esta proporción se eleva a uno por cada 170 empleados. Con este ratio, se sitúa justamente en la mitad del ranking -en concreto, en el noveno puesto- de liberados sindicales de las 17 comunidades en relación a su número de trabajadores.

En cabeza, y muy destacadas sobre las demás, figuran Asturias y Andalucía. El Principado, que también es una de las regiones donde más empleados públicos hay -36.300- en relación a su población, tiene 557 liberados en nómina (uno por cada 65 trabajadores). Por su parte, Andalucía, con más de un cuarto de millón de personas pagadas por su Gobierno -el único que, por cierto, no facilita el número de sus liberados sindicales-, es también donde más exentos hay en números absolutos: por encima de los 3.700, según estimaciones de algunas centrales, lo que arroja una proporción de uno por cada 68 empleados.

En el extremo opuesto está Cataluña, que además de ser la que menos personal público tiene -165.600 trabajadores- en relación a su población también es la de menor proporción de liberados totales con 518, uno por cada 319 empleados. No obstante, también cuenta con otros 1.602 dispensados parciales.