PSE, PNV y PP reconocen que el contrato actual de la OTA es «favorable para los intereses municipales»

M.A.I.IRUN.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Irun se reunió ayer por la tarde para hablar sobre el contrato de la OTA en una convocatoria realizada por el alcalde, José Antonio Santano, en respuesta a la solicitud que toda la oposición en bloque le había realizado. En la primera parte del encuentro participaron también representantes de la empresa Eyssa, adjudicataria de los servicios de estacionamiento limitado y grúa.

En el contexto de esta reunión, el alcalde propuso un texto que finalmente suscribieron PSE, PNV y PP, pero que fue rechazado por Bildu y Ezker Batua. El documento consta de dos breves puntos. En el primero se acuerda «solicitar a la empresa Eyssa que reconsidere su actual posición sobre la readmisión de los tres trabajadores en curso de despido, ofreciéndose el Ayuntamiento para la mediación». En el segundo, los firmantes manifiestan «que el contrato vigente con la empresa es favorable para los intereses municipales».

Según los datos que el Gobierno municipal aportó tras la Junta de Portavoces, la prórroga del contrato con Eyssa supone «un ahorro de 389.511 euros» por dos cuestiones. Según el convenio, el Ayuntamiento se hace cargo del coste salarial y de un aumento igual al IPC, «pero no de los 160.634 euros anuales que corresponden a incrementos por encima del IPC y que costea la empresa. En un nuevo contrato, se imputarían al Ayuntamiento». El resto del montante, «228.877 euros, corresponde a la indemnización a Eyssa por amortizaciones pendientes en las inversiones para implantar la OTA en San Miguel, Anzaran y puente de Santiago». La empresa asumió los costes con unos plazos para amortizarlos y si no prestara el servicio el año próximo, habría que abonarle lo que está pendiente.

Por su parte, Bildu y Ezker Batua, lamentaron tras la Junta de Portavoces la «falta de respuesta de Eyssa ante la solicitud para que reconsidere la decisión de los despidos» y atribuyeron esa «posición de fuerza» al «apoyo que supone la decisión del alcalde de prorrogarle el contrato. Tras cinco meses sin prestación del servicio, con diversas sentencias laborales contrarias, tres despidos sobre la mesa, y un servicio que por estar subcontratado se deteriora, la Corporación tendría que haber tenido la posibilidad de estudiar una solución que implicase mejoras en la prestación del servicio. Posibilidad impedida porque el alcalde ha prorrogado el convenio de forma unilateral», concluían.