El Pleno pide a la Diputación que asuma el coste de la residencia

El cuidado de mayores dependientes es competencia foral desde 2002. El Ayuntamiento se ve obligado a un gasto de «entre 300.000 y 500.000 euros» anuales para mantener un servicio del que no es responsable directo

IÑIGO MORONDOIRUN.
Competencia Foral. El Ayuntamiento insta a la Diputación a asumir la Residencia Municipal o, al menos, los costes que genera. ::                             F. DE LA HERA/
Competencia Foral. El Ayuntamiento insta a la Diputación a asumir la Residencia Municipal o, al menos, los costes que genera. :: F. DE LA HERA

El Pleno de la Corporación se reunió el miércoles por la tarde en una sesión ordinaria que se desarrolló sin debate hasta que se alcanzó el último punto previsto en el Orden del Día. Se trataba de una moción del grupo municipal Socialistas de Irun relativa al incumplimiento de sus competencias en la Residencia de Ancianos por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Una Ley de 1996 delegaba en las diputaciones las responsabilidades al respecto de los centros destinados a mayores dependientes y daba de plazo hasta 2002 para que asumieran por completo la competencia. Casi 10 años después no la ha asumido; 16 residencias guipuzcoanas siguen siendo municipales y suponen un costo de «ocho millones de euros», según el texto socialista, que están asumiendo los Ayuntamientos.

El portavoz del PNV, Xabier Iridoy, expresó que «falta algún punto en esa moción y planteó una alternativa que finalmente se fundió con la socialista en un único texto.

Así, tras un preambulo sobre el camino legal y las diferentes comisiones que han afectado a este asunto, la moción plantea «instar a la Diputación a que en un plazo no superior a seis meses convoque a la Comisión Política creada al efecto la pasada legislatura para elaborar una propuesta para la reordenación de las Residencias municipales» y pide que «asuma en el más breve plazo las competencias mencionadas». Denuncia la «inaceptable situación» derivada de que la Diputación «no asume la competencia» ni «abona el coste real» por lo que el Ayuntamiento le emplaza a que «en un máximo de dos meses provea la partida económica suficiente para cubrir el déficit» de la Residencia Municipal de Irun. Finalmente, el texto salió adelante con los votos a favor de PSE, PNV y PSE; la oposición de Bildu y la abstención de EB-Berdeak.

Diferentes perspectiva

Hay dos aspectos que pueden distinguirse en este problema. Por un lado está la cuestión de la recepción de las residencias por parte de Diputación, que exige un planteamiento de fondo y que el nuevo equipo foral se ha propuesto abordar en el plazo de seis meses.

Por otro lado, está el déficit que las residencias generan y que, hasta ahora, vienen cubriendo los Ayuntamientos. En el caso de Irun, según indicaba ayer el portavoz socialista Miguel Ángel Páez, una desviación de «entre 300.000 y 500.000 euros anuales».

Pero esta disociación no está tan clara. No al menos para todo el arco político. Tanto Bildu como Ezker Batua Berdeak defendieron en el Pleno, por medio de sus portavoces respectivos, Oinatz Mitxelena y Manuel Millán, que debe darse un margen al nuevo equipo foral, de Bildu, que ha mostrado su compromiso de resolver un conflicto que dura más de 10 años. «No tiene sentido que se le exija esto cuando llevan tres meses y ya se han comprometido a abordarlo», decía Millán. Mitxelena agradeció el apoyo de EB porque a su juicio evidenciaba que «no hace falta ser de Bildu para entender lo que Bildu intenta hacer».

Era una perspectiva diferente de la que los socialistas defendían: «Para los sistemas de gestión, para estudiar la refinanciación, están los seis meses; pero nosotros lo que exigimos es que asuman el coste de una competencia que es suya», aclaraba Páez. A pesar de entender el mensaje durante el Pleno, Millán insistía en no estar de acuerdo porque veía cierta «instrumentalización del Ayuntamiento». Tras la sesión tachó la moción de «actuación electoralista de oposición a otras administraciones». Ya en el Pleno había hecho mención a que no se le exije al Gobierno Vasco que cumpla su compromiso de costear el 33% del Conservatorio de Música («actualmente», dijo Millán, «paga el 24%»). A esto le contestó Juana de Bengoechea, la portavoz del Grupo Popular: «Lo que incumple la Diputación es una Ley; lo que incumple el Gobierno Vasco, un acuerdo. Incumplir un acuerdo es grave, pero convendrás», le espetó a Millán, «en que es peor incumplir la Ley».

Antes, de Bengoechea había recordado al conde de Romanones, político español de principios de siglo XX, a quien atribuyen la frase de que «si quieres paralizar algo, crea una comisión», que utilizó la edil. Tras quejarse amargamente sobre que sigan siendo necesarios estudios, análisis, comisiones y acuerdos «para llegar a la conclusión de que la Ley dice lo que dice» Juana de Bengoechea concluyó alegando que «el que tiene que pagar, pague».