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JUANMA VELASCO jmvelasco@diariovasco.com
Sábado, 17 de septiembre 2011, 12:01
Gemma Zabaleta (PSE), consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, defiende un cambio profundo en el sistema de protección social en Euskadi que, a partir del año que viene, endurecerá el acceso a las ayudas. «Si no se acometen reformas en el sistema de protección social, no lo podremos pagar», asegura. La nueva Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, que en breve se aprobará en el Parlamento Vasco, vinculará el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (prestación económica para personas sin ingresos) a la activación en el empleo. Lanbide, el servicio vasco de empleo, será el encargado de gestionar una prestación hasta ahora en manos de los servicios sociales. Entre críticas de sindicatos y organizaciones sociales, la reforma viene acompañada de un endurecimiento de los requisitos de acceso a la RGI. En breve serán necesarios tres años de empadronamiento -ahora es uno- o, al menos, cinco años de vida laboral para acceder a la RGI, y no se podrá rechazar una oferta de empleo «adecuada» si no se quiere perder la prestación.
- ¿Cuál es el objetivo de los nuevos requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)?
- La gran reforma legal es vincular la RGI al compromiso por el empleo y que Lanbide se encargue de la gestión de la prestación. La ley anterior establecía la participación de tres administraciones en la gestión de la RGI -ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno- y, verdaderamente, una prestación que pasa por tres administraciones termina siendo muy deficiente porque quien paga no es la poseedora del expediente. Y es absolutamente necesario que una única administración se haga cargo de toda esta gestión, vinculada a la activación de empleo.
- ¿Y qué se busca con los nuevos requisitos para acceder a la RGI?
- Que alguien a quien se le pueda ofrecer un empleo -y estamos hablando de personas que no son pensionistas, que están en edad de trabajar, que no tienen ningún impedimento para ello-, si dice que no, la ley va a ser absolutamente clara para que se le retire la prestación. ¿Eso es un recorte o es algo de sentido común? Tampoco pueden decir que no a una oferta formativa. En Finlandia, por ejemplo, un ingeniero sin empleo y que cobra el paro no puede rechazar ninguna oferta de trabajo, aunque sea de jardinero y por tres meses. Si lo hace deja de cobrar la prestación. Esto ocurre en países donde no se cuestiona su sistema de protección. Aquí, en cambio, se suscita todo un debate social, cuando es algo razonable para alguien que percibe la prestación de la comunidad, porque los ingresos de la RGI provienen de los impuestos de los ciudadanos vascos que trabajan; muchos de los cuáles cobran lo mismo o incluso menos que la RGI. Esa prestación que se percibe tiene que tener la contrapartida del compromiso de activación y estar para empleo, decir que sí a una oferta formativa, a una oferta de trabajo... ¿Cómo se puede entender que eso es un recorte o un retroceso?
- No ha mencionado lo que supondrá el requisito del aumento de uno a tres años de empadronamiento para acceder a la RGI...
- Tenemos que decir la verdad a la sociedad vasca. Tenemos el sistema de protección más alto de todo el Estado. Le cuesta a las familias vascas ocho veces más que lo que le cuesta el sistema al resto de familias del Estado. Las familias vascas aportan del orden de 500 euros al año, mientras que en el resto del Estado la cifra es de 65 euros. Y si no se llevan a cabo reformas en el sistema de protección, no lo podremos pagar. Porque estamos hablando de un derecho subjetivo que tiene cualquier persona que entra en el sistema. El desempleo se termina a los dos años y lo perciben los trabajadores que han cotizado un determinado tiempo. La RGI, en cambio, con un año de empadronamiento, se puede cobrar toda la vida. O el sistema tiene puerta de salida a través de la activación para el empleo y del control del fraude, y los que entran en el sistema son personas que pueden salir de él y no son profesionales que hacen de la RGI una renta vitalicia, o no lo podremos pagar.
- La reforma coincide con un momento de estrecheces en las administraciones.
- Me critican que en 2008, cuando se aprobó la anterior ley, decía otras cosas. Y sería una irresponsable si dijera lo mismo con lo que ha caído desde 2008. También las familias vascas piensan otra cosa cuando se tienen que ajustar el cinturón. Hay muchas que han perdido el empleo o muchas que ya no van de vacaciones. En el 2008 se vivía una situación y ahora otra. Por lo tanto, las reformas que se hacen en el sistema no solo se hacen por la situación económica y de crisis, sino también por hacer un sistema más justo. La reforma fundamental es vincular la prestación a las políticas de empleo. El resto de los cambios, son, en mi modesta opinión, de segundo nivel.
- Con esos tres años de empadronamiento de requisito habrá personas que se queden fuera de la RGI. ¿Qué va a ser de ellas?
- Ocurre como con cualquier derecho. Ahora hay sectores sociales que se llevan las manos a la cabeza porque decimos que los que tengan menos de tres años de empadronamiento tienen que acreditar vida laboral (al menos cinco años en el Estado) para recibir la prestación. Pero todos los derechos tienen unos límites. ¿Por qué no nos preguntamos qué pasa con las personas que teniendo derecho a las prestaciones de la dependencia no tienen cinco años de empadronamiento, como dice la ley? ¿Y qué pasa con las personas a las que se les pide cuatro o cinco años de empadronamiento para acceder a una VPO? Todos los derechos tienen un límite. Lo importante es que los límites que establezcamos sean justos y nos permitan tener un sistema que podamos sostener. Si no lo hacemos así, entonces es cuando hay que acometer los recortes.
- Es decir, sin reformas el sistema de protección social podría estar en riesgo a medio plazo.
- El sistema podría ser insostenible. Si damos prestaciones a la sociedad que no podemos sustentar con los ingresos, el sistema hace aguas.
«Hay que establecer límites»
- Insisto en la pregunta. ¿A dónde acudirán las personas que queden fuera por los nuevos requisitos?
- ¿Y dónde acuden ahora los que no tienen un año de empadronamiento? El sistema no puede dar una solución universal. No se puede dar una RGI para toda la vida a todos los ciudadanos que vengan a Euskadi. No lo podríamos pagar. Hay que establecer algunos límites. Es la verdad que hay que contarle a la sociedad.
- Algunos colectivos sociales han asegurado que los nuevos requisitos buscan «quitarse de en medio a las personas inmigrantes».
- Se ha hablado de personas inmigrantes, pero cuando presenté la reforma usé un ejemplo que no era el de un inmigrante. Todo lo contrario. Puse el ejemplo de un chico rico que puede venir a Euskadi a estudiar y cuando cumple 23 años puede cobrar la RGI para mantenerse en sus estudios. Eso con la ley actual es posible. Con la reforma no se podrá.
- ¿Pero existen casos reales así?
- Sí, hay estudiantes que cobran la RGI. Gente que estudia y que mantiene su piso de estudiante con cargo a la RGI. Y la ley actual lo permite. Sin embargo, un inmigrante que viene de Cataluña, en donde trabajó más de cinco años, llega a Euskadi y con un año de empadronamiento ahora puede cobrar la RGI con la reforma de la ley. Cuanto más se habla de inmigrantes, más se contribuye a que los ciudadanos pensemos que los inmigrantes son los que perciben la RGI y no el resto. Pero cuatro de cada cinco inmigrantes en Euskadi están en situación regular y trabajan. Los inmigrantes han venido a Euskadi a trabajar y no son mayoría entre los perceptores de la RGI. Cuando se piensa en clave paternalista respecto a los inmigrantes, lo único que conduce es a posiciones xenófobas.
- Los cambios de la reforma persiguen combatir el fraude. ¿De qué fraude hablamos?
- Parece que ser de izquierdas es incompatible con hablar de fraude en las prestaciones sociales. Algunos dicen que se estigmatiza a los perceptores de la RGI, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre y fraude existe en muchos ámbitos de la vida. Cuando decimos que hay que perseguir el fraude fiscal, ¿estamos criminalizando a los que contribuimos con el IRPF en la declaración? No, pero sabemos que hay fraude, que hay que perseguirlo y que hay hasta profesionales del fraude. Pues en la RGI también hay fraude y profesionales del fraude y sobre todo personas que han hecho de la RGI una renta vitalicia. ¿Y eso implica criminalizar las prestaciones sociales? No. Va a ser un objetivo prioritario que nadie se cronifique ni haga de la RGI una renta vitalicia. Hay casos de perceptores de RGI que viven fuera de Euskadi. Por la experiencia piloto de Lanbide con la RGI, hemos visto la reacción de 1.500 perceptores a los que se les ha ofrecido un puesto de trabajo.
- ¿Y cuál ha sido la reacción?
- Una de las primeras dificultades es localizarles. Esas personas cambiaron de teléfono y de domicilio y la Administración no se puede poner en contacto con ellos. El sistema debe de tener puerta de salida, es decir, la activación para el empleo, y para ello hay que tener un expediente al día en un sistema transparente.
- Cáritas Gipuzkoa dice que los cambios son un «recorte del gasto social de forma solapada»
- El gasto social en Euskadi sigue siendo el mayor de toda la historia del autogobierno. Lo fue en 2010 y lo es en 2011.
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