Un guipuzcoano se enfrenta a 39 años de cárcel y 54 millones de multa por fraude

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se abra juicio oral contra uno de los supuestos mayores evasores fiscales de España, el empresario guipuzcoano Juan Ramón R. M., para quien solicita 39 años de cárcel, una multa de 54,5 millones de euros y una idemnización a la Hacienda guipuzcoana de 27,8 milliones más los intereses correspondientes, por doce presuntos delitos contra el Fisco y uno de blanqueo de capitales.

En el escrito de acusación remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Anticorrupción también solicita elevadas penas de cárcel y multas para otros cuatro acusados, entre los que destaca el abogado Luis de M., imputado en el caso Gürtel por crear estructuras fiscales destinadas supuestamente al blanqueo de capitales. Luis de M., que asesoraba al principal acusado desde 1994, se enfrenta a una pena de 27 años de prisión y al pago de una multa de 37,1 millones como presunto autor de ocho delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.

Anticorrupción sostiene que Juan Ramón R. inició en la década de 1980 la ocultación de sus rentas y patrimonio a Hacienda, aunque esas actividades están prescritas y sólo se le puede perseguir por las realizadas desde 1999 (las declaraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio entre 2000 y 2006).

Durante su trayectoria, señala la Fiscalía, el empresario utilizó diferentes estructuras societarias en Panamá, Belice y varios países de la UE, como Portugal, Irlanda o España, con el propósito de «evitar el control de la Hacienda Pública, disponer del dinero defraudado sin generar sospechas y reinvertir las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se había defraudado a Hacienda». A través de las sociedades creadas, el acusado pudo situar en Panamá gran parte del beneficio obtenido en España con dos empresas comercializadoras de atún (la pontevedresa Transatun S.A. y la santanderina Pesquera Aquamar). Otras 17 empresas domiciliadas en varias provincias españolas y dedicadas a inversiones inmobiliarias sirvieron también en el proceso de ocultación de fondos de la actividad empresarial del acusado.

Las actuaciones penales contra Juan Ramón R. en la Audiencia Nacional se iniciaron en 2006, tras el análisis pormenorizado de la documentación obtenida en el registro en mayo de 2000 de la sede de BBVA Privanza, que ya implicó al bufete panameño Morgan & Morgan y al madrileño De Miguel Abogados, utilizados por el empresario. Según la acusación, el acusado empleaba para sus operaciones cuentas de corresponsalía de bancos como el BBV Privanza, con sede en la Isla de Jersey (Reino Unido); MMG Bank & Trust, en las Islas Bahamas, o el portugués Banco Espírito Santo.

El fiscal también ha pedido la apertura de juicio oral contra el principal colaborador de Juan Ramón R. entre 1977 y 2002, Antonio M., para quien solicita seis años de cárcel y a una multa de 11,4 millones como presunto autor de dos delitos contra Hacienda. La misma pena de prisión pide para el economista Leandro K., antiguo empleado de la aseguradora Cahispa, más una multa de 8,76 millones. Y para el abogado Juan José R. V., siete años y medio de cárcel y 12 millones de multa por complicidad en seis delitos contra Hacienda.