Por los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía

LURDES AUZMENDIVICECONSEJERA DE POLÍTICA LINGÜISTICA DEL GOBIERNO VASCO
Por los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía

Mediado el mandato del actual Gobierno Vasco, la política lingüística del Ejecutivo sigue dando de qué hablar, y más concretamente en lo que se refiere al respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, que constituye el pilar fundamental de esa política. Un primer elemento que resulta crucial es el hecho de que, por primera vez en la historia del euskera, un Gobierno no nacionalista esté desarrollando una política activa y apueste decididamente por su normalización y la extensión social de su uso. Estamos demostrando con la práctica lo infundados que eran los temores y prejuicios manifestados por algunos sectores, mayoritariamente políticos, de que la acción del ejecutivo socialista iría en detrimento de esta lengua. El Gabinete socialista y la Viceconsejería de Política Lingüística no solamente no han desmantelado ninguno de los logros obtenidos en esta materia por los anteriores gobiernos, sino que incluso han convertido en eje de su labor el informe 'Euskara 21, Bases para la Política Lingüística de principios del Siglo XXI', elaborado la pasada legislatura por el Consejo Asesor del Euskera. Se trata de un documento que además pretendemos desarrollar y traducir en acciones concretas de fomento de la lengua vasca.

La promoción del euskera puede hacerse desde planteamientos sociales y no solo desde parámetros nacionalistas o identitarios, cuya legitimidad reconocemos, pero que no son suficientes para garantizar la supervivencia de un idioma minoritario, como muestran ejemplos sobradamente conocidos. Nuestra acción política parte del convencimiento de que son justamente la voluntad y el consenso la base primordial para acometer políticas que garanticen los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, sin enfrentarlos a otros derechos, ya que eso podría provocar actitudes negativas hacia el propio euskera. Por encima de algunos ataques injustos recibidos por este Ejecutivo y por personas euskaldunes y euskaltzales de probada solvencia y amplio currículum profesional que lo conforman, seguimos creyendo en que la política lingüística más beneficiosa para la lengua vasca es aquella que logra asentarse sobre el mayor de los consensos políticos y sociales posibles. Ninguna acción gubernamental podrá sustituir la voluntad de la ciudadanía a la hora de plantear políticas de recuperación o revitalización de un idioma minoritario como es el euskera. Como afirma el documento 'Euskara 21', «Las leyes, los decretos, las ayudas, los reconocimientos y demás contribuyen a la recuperación de una lengua. Sin embargo, lo realmente decisivo es que los ciudadanos muestren su firme voluntad y su adhesión en pos de la consecución de dicho objetivo».

Esta es justamente la brújula que guía la acción del Departamento de Cultura y de la Viceconsejería de Política Lingüística, y es por ese motivo por el que hemos considerado necesario introducir una serie de cambios en la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, al objeto fundamental de eliminar las sanciones por motivos lingüísticos. Por coherencia con nuestra propia historia y con el reproche que nos merecen los castigos e imposiciones que sufrieron anteriores generaciones e incluso muchos representantes de las actuales por hablar euskera. Queremos que la pluralidad lingüística de nuestro país sea un motivo de orgullo y que nunca más sea una causa de sufrimiento para nadie. Estamos a favor de garantizar progresivamente los derechos lingüísticos de los consumidores vascos, pero no imponiendo sanciones, sino a través de políticas positivas de fomento que ayuden al sector privado a incorporarse paulatinamente a la propia realidad bilingüe de la sociedad vasca, basándonos para ello en el acuerdo, la persuasión y la adhesión voluntaria. La empresa privada, ciertamente, no debe mostrarse ajena al hecho bilingüe de la sociedad sobre la que se sustenta, pero consideramos que son las propias empresas las que deben atender a la demanda ciudadana. Estamos seguros de que este sector sabrá adaptarse a dicha demanda en su propio interés. La acción del gobierno debe ir encaminada a facilitar a las empresas los instrumentos necesarios para atenderla. Pero para poder articular una demanda consistente, antes es preciso que disminuya la brecha que existe hoy en día entre el conocimiento y el uso real del euskera por parte de la propia ciudadanía bilingüe, objetivo al que van destinados gran parte de nuestros esfuerzos.

Suprimir las sanciones previstas en la normativa actual no significa en absoluto que el Gobierno socialista sea contrario a la normalización del euskera en el ámbito de la empresa privada. Convendría que nos liberemos de una vez de la falsa dicotomía con la que algunos siguen denominándose euskaltzales y tildando de enemigos del euskera a quienes no están de acuerdo con todos y cada uno de sus postulados. Y precisamente por eso, porque el euskera no necesita que nadie le cree enemigos, es por lo que abogamos por otro tipo de política lingüística y por lo que hacemos un llamamiento a recuperar el consenso que tradicionalmente ha existido en esta materia, por encima de desacuerdos puntuales.